“Alarma” en la costa porque los niños no caben en las escuelas

PREOCUPACIÓN

Los poblados que pululan entre el peaje de Pandoy Salinas cabalgan a contrapelo del resto del país. Porque si en Uruguay lo que faltan son niños y las escuelas tienen cada vez más sillas vacías, allí, en esa zona de nuevos asentamientos, de comunidades alternativas y montevideanos cansados de la gran urbe, los centros educativos no tienen siquiera espacio para otro banco. Hay grupos de 36 alumnos (cuando el promedio nacional es de 22) y el comienzo de las clases, previsto para mañana, se convirtió en un movimiento de piezas como en el ajedrez (con la diferencia que las instituciones corren por detrás de las jugadas).

Dice el Instituto Nacional de Estadísticas que, en esa zona que tiene como columna vertebral a unos seis kilómetros de ruta Interbalnearia, viven unas 18.000 personas. Pero el cálculo, estimado hace una década, habría quedado corto y obsoleto. Según la inspectora de Primaria de Canelones Costa -como le dicen a esa jurisdicción-, Elsa Irigoyen, “en tres años aumentó en más de 1.000 alumnos la matrícula y en las escuelas no cabe ni un alfiler”.

Por eso las autoridades educativas no escatiman en calificativos: “es acuciante”, dice la inspectora Irigoyen; “es alarmante”, complementa el director de Operación Participación Público Privado de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Matías Obelar; “es prioridad”, reza uno de los expedientes que lleva la firma del presidente del Codicen, Robert Silva.

Un aula prefabricada del jardín de infantes que queda frente a la escuela N° 219 de Neptunia (la que está desbordada) oficiará desde mañana como salón para niños en edad escolar. Algunos alumnos del asentamiento La Cumbre -a mitad de camino entre la ruta 34 y el arroyo Tropa Vieja- tendrán que recorrer más de siete kilómetros para llegar a la escuela de Salinas en la que se les consiguió un cupo. Otros descendientes de comunidades alternativas irán a “escuelas” creadas por sus propios padres y que todavía están en proceso de habilitación. Y así, medio apretujados y medio nómades en busca de un asiento, todos tendrán que aguardar al menos un año para, en el mejor de los escenarios, avizorar una “solución definitiva”.

Porque entre esas “prioridades” de la ANEP está el hacerse de un predio de unos 7.343 metros cuadrados -que en los planos oficiales figura bajo el nombre de “Padrón 4393, fracción B1, solar 47”-, para edificar allí, bajo el régimen de participación público-privada, un enorme centro educativo. Pero para eso falta...

La construcción de esa escuela en el Remanso de Neptunia -al norte de la ex ruta 10 y al sur de la Interbalnearia-, se enfrenta a la cosmovisión de algunos padres de la zona que, según la inspectora Irigoyen, “manifestaron que están en contra de la escuela pública, del bituminizado de las calles y de cualquier obra que fuera hecha por el hombre”. Pero esa negociación con la comunidad, entienden desde la ANEP, no es el principal obstáculo, sino el hacerse del predio, cambiar los contratos de las PPP y poner manos a la obra.

Muchos de los terrenos de la zona eran de algunas sociedades anónimas que entraron en liquidación. El padrón que quiere conseguir la ANEP está por quedar en manos de la Intendencia de Canelones. La comuna está a favor de darle en comodato por más de 30 años ese terreno a Primaria, pero, como excede la gestión de un período de gobierno departamental, requiere de la aprobación de la Junta. Y recién entonces la dirección de la ANEP que coordina Obelar estaría en condiciones de sellar el contrato por PPP para que empiecen las obras.

“La necesidad de construir en esa zona ya se veía venir desde hace años, pero cuando se proyectaron las 38 nuevas escuelas edificadas mediante la modalidad público privada no se tuvo en cuenta esa demanda”, dice Obelar, mientras en su computadora recorre una decena de peticiones de fines del quinquenio anterior en la que inspectores y lugareños advertían por la falta de espacio.

Obelar, un joven abogado de extrema confianza del presidente del Codicen, no echa culpas y reconoce que “los proyectos por PPP son la mayor inversión en infraestructura educativa en varios años, es una política que inició la pasada administración y se continúa en esta”. Pero, a su entender, “pareciera que algunas adjudicaciones no respondieron a criterios técnicos y objetivos”.

Cuando ya estaban por remover el suelo para el comienzo de una obra en Artigas, a seis kilómetros de la capital departamental, las autoridades descubrieron que había una “notable carencia de matrícula”. Porque ni juntando a escolares de la zona y a toda la escuela N° 73 se alcanzaba siquiera a la mitad de los 225 cupos que la nueva obra ofrecía por turno.

La razón por la cual se proyectó la escuela obedecía a una vieja demanda de la escuela N° 73, al noroeste de la ciudad de Artigas, casi contra el río, que está edificada en una tierra inundable. Pero ese centro educativo tiene una matrícula de 43 alumnos y era más sencillo redistribuirlos en centros de la zona.

Algo similar ocurrió en la ciudad de Pando (a más de 20 kilómetros de donde hoy Primaria tiene la situación “alarmante” y “acuciante”): se proyectó la construcción de una escuela de nueve aulas y el inspector de la zona notificó que “no es necesaria dicha construcción dado que no se cuenta con población objetivo”.

Mañana empiezan las clases y las escuelas públicas uruguayas recibirán a unos 10.000 alumnos menos que en el comienzo del año lectivo hace una década. Ni siquiera el corrimiento de estudiantes que a fuerza de la crisis dejaron la enseñanza privada y se matricularon en la pública pudo revertir la tendencia: la población en edad escolar se achica y la ANEP estima que se perderán una cuarta parte de los escolares para 2030.

En paralelo, la Administración ya tiene operativos 82 centros educativos bajo el régimen de PPP y proyecta llegar a 101 para el año lectivo próximo. Eso incluye la edificación de la escuela de nueve aulas en el Remanso de Neptunia (siempre y cuando la burocracia ceda ante la urgencia), pero también la puesta en marcha de otros centros que hoy tienen demanda pero que no se sabrá qué pasará dentro de 10 o 15 años. “Ese es un enorme desafío para le enseñanza, dado que las adjudicaciones son por 20 años”, reconoce Obelar.

En cada uno de esos proyectos de PPP, las empresas constructoras se encargaron del financiamiento, el diseño, la construcción y, una vez en funcionamiento, del mantenimiento y la seguridad. Si el pasto está por arriba de 10 centímetros (ese es el límite que permite el pliego), la compañía privada tiene que cortarlo. Si en la noche se roban una garrafa, la compañía tiene que reponerla. Y así...

En este sentido, dice el director de la división en la ANEP, “cualquiera de los centros que se hicieron por PPP y están operativos empiezan el año lectivo (mañana) en excelentes condiciones. Pero el éxito futuro y a largo plazo de estos proyectos recae en una buena fiscalización, porque el privado, como cualquier otro, es hijo del rigor”.