Denuncian prostitución, tráfico de sexo y violaciones en las cárceles

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El comisionado parlamentario Álvaro Garcé denunció la existencia de un sistema de "prostitución ilegal" que opera dentro de las cárceles Comcar y Canelones, donde los presos pagan deudas de drogas obligando a sus familiares a prostituirse.

Según el ombudsman carcelario, ese fenómeno ocurre en boxes o carpas precarias realizadas con frazadas o nylon y funciona en los mismos horarios y espacios que los utilizados para las visitas familiares.

"En algunos casos hemos sabido que niños circulan alrededor de esas carpas provisorias. Las propias familias intentan alejarlos. Pero es una situación instalada y absolutamente inconveniente para todos. No se puede frenar ese fenómeno", expresó el comisionado parlamentario a El País.

Tras advertir que el sistema de visitas conyugales reglamentado y lícito fue instalado para disminuir la violencia sexual en las cárceles, Garcé dijo que, en la práctica, "este ha sido acompañado de un sistema ilegal que se desarrolló en los últimos tiempos vinculado al hacinamiento y sobrepoblación".

También señaló que a esos boxes precarios "van prostitutas. Se trata de una especie de prostitución informal. A veces, de esa manera, se pagan deudas generadas por consumo de drogas", explicó.

Reconoció que los comandos de algunos establecimientos trataron de establecer la legalidad y el orden procurando desestimular el uso de esta práctica "irregular".

Otro de los problemas constatados por Garcé es que reclusos, mediante amenazas, terminan manteniendo relaciones íntimas con las esposas de otros internos en esos boxes precarios. "En algunos casos, hay personas que están endeudas. Eso implica un riesgo cierto de vida y de agresión. Uno de los mecanismos para obtener dinero es la prostitución del familiar. Puede ser la pareja o la hermana. Mediante ese mecanismo se cancelan o disminuyen esas deudas", sostuvo.

VIOLACIONES. Garcé señaló que las violaciones de los recién llegados a las cárceles no ocurre en el 100% de los casos.

"Sí diría que es una práctica extendida y habitual aunque lo señalo con precaución: se trata de una cifra oculta. Son muy pocos los que se animan a denunciar por el código de silencio que es anexo a toda esta violencia", expresó.

Agregó que los reclusos que se resistan a las violaciones o las denuncien, corren luego riesgo de vida o de ser sancionados por sus pares. "Creo que las garantías que se les da por parte del sistema penitenciario son endebles y escasas. Una vez que hablan, a las víctimas les espera un aislamiento. Y si este es prolongado puede llegar a constituir un trato o pena cruel, inhumana y degradante", dijo.

Según Garcé, la falta de seguridad para los denunciantes es una "materia pendiente" del Instituto Nacional de Rehabilitación y recordó que los internos protegidos por presentar denuncias de violaciones o corrupción perdieron sus derechos de estudiar o trabajar por ser incluidos en un régimen de aislamiento.

El comisionado parlamentario dijo que los denunciantes que se presentaron ante la Justicia o denunciaron en la Oficina del Comisionado Parlamentario rondan la decena de casos por violaciones o extorsiones. "Tengo la sensación de que esto es una mínima parte visible de un fenómeno que es mucho más general y extendido", dijo.

Para Garcé, la violencia sexual es una forma de agresión que se da como una ceremonia inicial o de recibimiento a muchos privados de libertad

Advirtió que la violación ya no esta relacionado con que hayan sido o no autores de delitos sexuales, sino que la práctica del abuso sexual es una forma de imponer el terror. "Se pretende quebrar la voluntad de la víctima, apropiarse de su cuerpo y, por vía de consecuencia, apropiarse de los pocos bienes que esta posee en un contexto de escasez y miseria", afirmó.

En las cárceles esa estrategia utilizada por los presos se le denomina "peaje". Según Garcé, este mecanismo delictivo "se ha establecido o institucionalizado en los últimos años".

El licenciado en sicología Rolando Arbesún asumirá mañana viernes como director del Centro de Rehabilitación Punta de Rieles. Se trata del primer civil que comandará una cárcel. Entre el 29 de abril y 5 de diciembre de 2011, Arbesún fue gerente de los hogares de privación de libertad del INAU (ex- Semeji).