La familia de una mujer asesinada, que fuera testigo de un crimen y a la que se le retiró la protección policial ordenada por la Justicia, iniciará una demanda al Estado por US$ 200.000, confirmó el abogado Ramiro Viera. Para el abogado, los poderes del Estado no actuaron con la "debida diligencia" para proteger la vida de la testigo.

El caso generó un enfrentamiento de versiones entre la Policía y el Poder Judicial por la responsabilidad de haber retirado la vigilancia domiciliaria a Laura "Coni" Tamerzano, quien dos días más tarde fue asesinada de un disparo en la cabeza.

Según el Ministerio del Interior, fue el juez Ricardo Miguez quien decidió levantar la guardia, luego de ser informado de que la mujer "se había mudado". Sin embargo, el magistrado negó el hecho.

Tanto el Ministerio como la Suprema Corte de Justicia se comprometieron a realizar una investigación administrativa para saber qué pasó. Según dijo a Telenoche el presidente de la SCJ, Jorge Chediack, el juez Miguez pidió la desgrabación de todas las comunicaciones que mantuvo en esos días para poder informar "palabra por palabra" qué fue lo que se le dijo a él y qué fue lo que él dispuso.

“CONI” TAMERZANO