Un clima "espeso" se vive en el Consejo Consultivo de Enseñanza Terciaria Privada (Ccetp), el organismo del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) encargado de asesorar sobre la autorización de funcionar a universidades privadas y sobre la habilitación de sus carreras.
En los últimos tres meses renunciaron tres integrantes que representaban a las universidades privadas: Pablo Landoni, Felipe Rotondo y Luis Carrizo. Además, en la sesión de ayer la representante del Codicen de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Graciela Bianchi, anunció su renuncia, aunque no se hará efectiva hasta que se designe su reemplazo.
El Consejo ayer aprobó emitir una respuesta a una carta del decano de la Universidad de la Empresa, Claudio Rama, publicada en La República, en la que cuestionó duramente la política del Ministerio y en particular del Ccetp con respecto a las universidades privadas. Esta resolución de emitir una respuesta se aprobó con el voto en contra del representante de las universidades privadas, Pablo Da Silveira. En su carta, Rama afirmó que el Frente Amplio ha tenido un "enfoque político restrictivo de alta regulación y persecución derivado de un enfoque ideológico que considera a la educación privada la rémora de la dictadura".
Por su parte, el exministro de Educación y Cultura, Antonio Mercader, denunció la semana pasada en una columna en El País que el Ccetp "hace lo posible por ahogar el desarrollo de las universidades privadas y consolidar la posición dominante de la Universidad de la República".
Ayer, el ministro de Educación, Ricardo Ehrlich, acudió a la sesión del Consejo, en la que dio su respaldo a ese organismo y a su presidente, Jorge Ares Pons, designado por la Universidad de la República.
El Ccetp está constituido por ocho miembros: tres designados por la Universidad de la República, dos por el MEC, uno por la ANEP y dos por las universidades privadas.
Por otra parte, varios expedientes y habilitaciones están demoradas en el Ccetp, y fuentes de las universidades privadas aseguran que el Consejo "está trancando" la actividad de esas instituciones.
Los jerarcas de las universidades privadas consideran que la Universidad de la República no tiene potestad "constitucional" para controlar a sus pares privadas.
"En base al principio de especialidad, la Universidad de la República solo puede hacer lo que la Constitución le manda, y la Constitución no le manda regular la actividad de la educación superior privada", afirmó una autoridad de un instituto privado.
El sector privado estima que para regular y controlar la actividad de las instituciones universitarias sería suficiente con un equipo de técnicos que funcionen en la órbita del Ministerio de Educación y Cultura.