DIEGO CASTRO
Tres padres, cuyos hijos fallecieron asesinados, comenzaron a trabajar en pos de fundar una asociación que ayude a las familias de las víctimas de la violencia. Esta semana firmarán la personería jurídica.
María Luisa Martínez, Daniel Amaro y Graciela Barrera se conocieron gracias a una triste coincidencia. Los tres perdieron a sus hijos a manos de delincuentes.
A partir de varias reuniones que sostuvieron diversas comisiones de seguridad, estos tres padres decidieron emprender un proyecto: una asociación que ampare a las familias de las víctimas de la violencia.
En el correr de esta semana, se firmará la personería jurídica de la Asociación Civil sin fines de lucro Familiares y Víctimas de la Delincuencia.
"Empezamos a trabajar, luego de juntarnos con un grupo de gente que había sufrido situaciones similares a las que vivimos nosotros", dijo María Luisa, madre de Maximiliano Rozemberg, un joven que trabajaba como delivery asesinado el 22 de octubre de 2010.
A su vez, Graciela, madre de Alejandro Novo, asesinado durante una rapiña el 14 de enero de 2009, dijo que "si bien el proyecto está encaminado y se firmará esta semana la personería jurídica, aún estamos en los preliminares".
A su vez, informó que ya existe una importante cantidad de gente que se sumó a trabajar en pos de esta asociación civil.
"En este sistema, la familia de las víctimas son las grandes olvidadas", contó Daniel, cuyo hijo, Gustavo Amaro, fue asesinado el 7 de noviembre de 2010 de seis balazos, luego de una trifulca.
"Nunca nos llamaron para saber si podíamos costear un abogado o si necesitábamos ayuda psicológica", agrega.
Sobre estas ideas gira la intención de estas tres personas para crear esta fundación.
Según dijo María Luisa, hubo contactos con el diputado colorado Fitzgerald Cantero, quien propuso a nivel parlamentario un proyecto de ley con el fin de crear un estatuto para que las familias de las víctimas estén amparadas.
El propio legislador confirmó a El País que el proyecto está en el orden del día, a cargo de la Comisión de Constitución y Códigos del Parlamento.
"Este proyecto intenta que las familias de las víctimas estén amparadas. Hay que tener en cuenta que si el delincuente no tiene abogado se le brinda un abogado de oficio. Las víctimas no tienen nada", sostuvo Cantero. El legislador dijo que la idea del proyecto es que las familias de las víctimas, entre otras cosas puedan ser parte del proceso de las investigaciones, además de aportar pruebas si las tuviesen.
En otros aspectos, Fitzgerald Cantero informó que el citado proyecto también abarca la posibilidad de crear la figura del Comisionado Parlamentario para las Víctimas. "Así los familiares tendrán una puerta donde golpear", dijo Cantero.