MSP contrató a ocho extrabajadores de Philip Morris.

Uruguay suscribió el convenio mundial de control de tabaco en 2003. Una década después, y luego de haberse iniciado la embestida del primer gobierno de Tabaré Vázquez contra esta droga social, el Ministerio de Salud contrató a ocho extrabajadores de Philip Morris para promocionar la salud y fiscalizar el cumplimiento de la normativa vigente.

Los exempleados de la tabacalera, nucleados en la cooperativa 21 de Octubre, "no son profesionales ni tienen especialización técnica en cumplimiento de decretos", dijo una fuente del Ministerio de Salud. Sin embargo, la cartera renovó el contrato en 2015, luego de haber caducado el anterior convenio, y, según el diputado nacionalista Martín Lema, "realizó una licitación pública casi a medida" en 2016.

Cuando se quedaron sin trabajo, los extrabajadores de Philip Morris crearon una cooperativa social. Este título, pensado para jefes de hogar en situación de vulnerabilidad, les permitía ser contratados por el Estado sin una licitación. A fines de 2015, los cooperativistas cambian su estatus a "cooperativa de trabajo". Es por eso que el MSP los contrató por seis meses mientras realizaba un llamado de licitación pública.

El mayor puntaje para esa licitación es el haber realizado tareas similares, siendo estos cooperativistas los únicos que ejercían (en exclusiva) la función. Esto responde a que el Ministerio, según Lema, "no quiso darle esta función a la División Fiscalización, que es la idónea para el cumplimiento de la tarea".

Tal como había informado El País en octubre de 2016, la división Fiscalización del MSP tiene solo 21 inspectores. Lema había propuesto reforzar este departamento con el dinero no ejecutado en el rubro salarial de toda la cartera.

En la adjudicación parcial que el Ministerio de Salud resolvió el 24 de agosto de 2016, se dispuso que la cooperativa de trabajo 21 de Octubre recibiera $ 7 millones, por año con impuestos incluidos. En el caso de que continúen siendo ocho cooperativistas (porque los documentos públicos no lo aclaran), cada uno recibiría al mes unos $ 73 mil.

Un inspector de la división de Fiscalización, a horario completo y debiendo controlar los CTI, las farmacias de hospitales, las empresas de marihuana y de cosméticos (por mencionar algunas competencias) gana $ 86.000.

Se desconoce cuáles fueron los criterios o idoneidad que la entonces ministra de Salud, la comunista Susana Muñiz, vio en los ocho cooperativistas. Y también se desconoce qué inspecciones realizaron. Estas preguntas forman parte de un pedido de informes que el legislador Lema elevó el lunes.

Dentro del MSP funcionan otras inspecciones que escapan a la división Fiscalización. Sucede con los lentes en ópticas, las farmacias de barrio, las casas de salud y los psicofármacos. Aun así, entre todos estos cuerpos inspectivos deberían controlar el cumplimiento de los objetivos sanitarios, la calidad asistencial y de procedimiento. El rubro salud implica un esfuerzo como sociedad del 6,5% del PIB.

Hoy el Ministerio de Salud comparecerá ante la comisión de Diputados que analiza la Rendición de Cuentas. Puede que el gasto en inspección, control y evaluación sea uno de los ítems de la discusión.

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