OPINIÓN

La Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela condenó al diario El Nacional, uno de los pocos baluartes de la prensa independiente venezolana todavía en pie, a pagar 13 millones de dólares a Diosdado Cabello, segundo en la jerarquía del régimen chavista y vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela.

Según los tribunales, cuya obsecuencia está más allá de toda duda, el periódico difamó al dirigente y le causó daños morales cuando reprodujo, en el 2015, informaciones del diario español ABC, también difundidas por agencias de noticias y otros medios internacionales, sobre vínculos de Cabello con el narcotráfico. Las publicaciones se basaron en declaraciones del capitán de corbeta Leamsy Salazar, ex jefe de seguridad de Hugo Chávez y del propio Cabello, asilado en los Estados Unidos.

La idoneidad de la fuente, la doctrina jurídica de la reproducción fiel, acogida por la jurisprudencia continental, la obligación del funcionario de tolerar la crítica y la especial protección a la libertad de expresión nada significa para tribunales sometidos al poder político y capaces de escenificar sainetes como el juicio de Leopoldo López -denunciado como farsa por el propio fiscal acusador una vez exiliado- y las causas seguidas contra la jueza María Lourdes Afiuni Mora, para citar solo dos ejemplos.

Cabello también demandó a los medios de comunicación venezolanos Tal Cual y La Patilla, pero cuando incursionó en otras jurisdicciones, su fracaso fue total. Una demanda contra The Wall Street Journal, también por atribuirle nexos con el narcotráfico, fue calificada de incomprensible por los jueces neoyorquinos. La demanda contra ABC, anunciada en el programa de televisión de Cabello Con el mazo dando, nunca llegó a concretarse aunque los directores del diario español ratificaron, ante una jueza, la absoluta correspondencia entre sus informaciones y las de Tal Cual para facilitar la defensa del medio caraqueño.

Para ganar, el líder chavista necesitaba jueces del mismo corte. El resultado previsible sobrevino el 16 de abril. Miguel Henrique Otero, director de El Nacional exiliado en Madrid, calificó la exorbitante condena como un intento de expropiación del periódico para “entregárselo a Diosdado Cabello”.

Ese, a fin de cuentas, es el programa seguido por el régimen venezolano con la prensa independiente. Centenares de publicaciones y emisoras de radio y televisión han sido sustraídos del rico ambiente de medios existente en Venezuela hasta los primeros años de este siglo para engrosar las filas de la prensa oficialista. La expropiación de El Nacional debe verse en ese contexto.

El periódico, uno de los más prestigiosos del continente, dejó de publicarse en versión impresa el 14 de diciembre del 2018 debido a las presiones tributarias y la escasez de papel impuesta a los medios independientes, pero todavía circula su edición digital. Su sede, sufrió ataques de turbas chavistas y sus periodistas son blanco de constante hostigamiento. Nada los ha hecho cejar en su defensa del derecho de los venezolanos a estar informados.

Ahora, conocida la sentencia, Otero reiteró la intención de mantener el diario, fundado por su padre en 1943, aunque pierda el edificio, las rotativas y otros activos. El mismo espíritu lo han exhibido periodistas en todos los rincones de Latinoamérica. Es una tradición cuya defensa nos convoca a todos y, como dijera José Martí, también en este caso “hemos de andar, en cuadro apretado, como la plata en las raíces de los Andes”.