Comunas y gobierno defienden el ICIR

El Poder Ejecutivo y los intendentes municipales del país acordaron ayer formar un frente común para defender el Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR), sobre el que ya se han presentado recursos de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia.

Al término del Congreso de Intendentes, el prosecretario de la Presidencia, Diego Cánepa, informó que se acordó que habrá una presentación común para defender la vigencia del impuesto, cuya recaudación se destina a las intendencias para la reparación de caminería rural.

Esta semana se supo que ya son tres las empresas que han decidido recurrir el impuesto. Se trata de la forestal Guanares S.A., Farolur S.A., empresa propiedad de Juan Carlos López Mena dedicada a la elaboración de los productos lácteos de la marca Talar, y Casarone Agroindustrial, arrocera que es patrocinada por Gonzalo Aguirre.

"Hemos estado discutiendo la articulación de la contestación que realizará el gobierno y todas las intendencias", sostuvo Cánepa.

El intendente de Colonia, Walter Zimmer fue tajante en su defensa del impuesto. "Nos llama la atención que en un país productivo como el nuestro, los más poderosos (con mayúsculas) hagan un reclamo de este tipo con lo cual ponen en riesgo la salida de la producción del 97% de los productores. Nos duele que el espíritu solidario que debe existir en todo este sistema esté minimizado. Filosóficamente estamos en contra de los pedidos de inconstitucionalidad de esta ley", afirmó el intendente blanco. El jefe comunal de Río Negro, Omar Lafluff, dijo que se defenderá el destino de los recursos que genera el impuesto porque el país corre serios riesgos de verse impedido de sacar la producción. "El desarrollo del Interior rural depende de que haya una inyección de recursos de este tipo", afirmó el intendente blanco.

EL ICIR grava la tenencia de tierras que en su conjunto excedan las 2.000 hectáreas con índice Coneat 100 o más. El nuevo impuesto a la tierra se cobra según tres franjas. Los dueños de entre 2.000 y 5.000 hectáreas deben pagar por cada hectárea US$ 8; los que poseen entre 5.000 y 10.000 hectáreas US$ 12 por cada una, y los propietarios de más de 10.000 hectáreas US$ 16 por cada una.