Completaron proyecto de reforma del sistema penal

Comisión. Espera vigencia bajo el próximo gobierno

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PABLO MELENDREZ

Ya sabiendo que la reforma no será aprobada bajo el actual gobierno, la comisión que trabajó desde 2006 en la actualización del Código del Proceso Penal (CPP) dio por terminado su trabajo el jueves 13.

El objetivo ahora es que los cambios sean considerados como una prioridad por la administración que asuma el 1º de marzo de 2010.

El viernes 21 el proyecto será presentado al ministro del Interior, Jorge Bruni, y a las comisiones de Constitución y Legislación de Diputados y Senado, informó a El País el catedrático penalista y presidente de la comisión del CPP, Dardo Preza.

"Cumplimos", expresó Preza con alivio.

La iniciativa apunta a la instauración de un proceso oral, público y acusatorio, en el que el fiscal sea el responsable de dirigir las investigaciones en coordinación con la Policía, para que solo dirija el proceso y se presente como una parte neutral entre las partes, pero sin intervenir en la etapa probatoria.

La principal innovación del proyecto es que prevé -salvo casos excepcionales-, que los procesados permanezcan en libertad hasta el momento de la condena, lo que permitirá reducir sensiblemente la cantidad de reclusos que están en prisión pero sin sentencia definitiva. Además, se propone la creación de jueces de instrucción que intervengan en la primera etapa del juicio y magistrados de vigilancia que serán los encargados del dictado de la sentencia.

A pesar de que desde hace varios años existe una clara conciencia sobre la imperiosa necesidad de actualizar el CPP, al momento de tomar una determinación, siempre surge el mismo inconveniente: la falta de presupuesto. Ejemplo de ello es que desde 1997 está en vigencia una reforma impulsada por el ex fiscal de Corte Óscar Peri Valdéz y el catedrático Amadeo Otatti, que creaba el sistema oral y público para los juicios penales, pero nunca se llevó a la práctica.

"Una reforma hacia la oralidad determina que se necesite una mayor cantidad de jueces, fiscales, defensores de oficio, sedes adecuadas, porque no se puede hacer una audiencia oral en despachos como los que existen actualmente, son de un metro y medio por un metro y medio", sostuvo Preza

"Se necesita voluntad política y la mejor disposición del Ministerio de Economía para que estén disponibles los recursos económicos necesarios, porque solamente con la voluntad no alcanza", agregó, aunque aclaró que la comisión no evaluó el monto de la inversión que se necesitaría para implementar el nuevo sistema.

SIMULACRO. El jueves 13, el Instituto de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, desarrolló una actividad académica en el marco de la cual tuvo lugar una simulación sobre cómo sería una audiencia penal regida por los criterios que se impulsan en la reforma del CPP, la cual fue presenciada por un centenar de estudiantes.

El rol de juez fue interpretado por un tribunal integrado por el ex presidente de la Suprema Corte de Justicia, Milton Cairoli, y los profesores Pedro Montano y Gastón Cháves. La Fiscalía estuvo integrada por los fiscales Sandra Fleitas y Gilberto Rodríguez, mientras que el "indagado" ("Mario Fonseca") fue encarnado por el abogado Germán Aller, quien fue "defendido" por Diego Camaño y Gustavo Bordes.

La sala estaba dispuesta tal como deberá estarlo en caso de que se comience a aplicar el nuevo sistema penal: el tribunal en el centro, la fiscalía a un lado y el "indagado" con sus defensores en el otro extremo. En el medio había una silla en la que frente al tribunal declararon los testigos y "Fonseca".

La situación planteada fue la del asesinato de una mujer, presuntamente por parte del "indagado" a raíz del descubrimiento de una infidelidad. Uno de los testigos (un amigo de "Fonseca" que fue representado por el defensor de oficio de Florida, Julio Guastavino) relató al tribunal y la fiscalía que él había informado al indagado sobre la supuesta infidelidad de su esposa, ante lo cual el hombre le dijo que la mataría.

Como testigo también declaró "Josefa", la empleada doméstica de la casa de la víctima, que fue interpretada por la defensora de oficio de Montevideo, Estela Tonar, quien ingresó a la habitación donde el "indagado" y su esposa discutían. En ese momento se disparó el arma que causó la muerte de la mujer y, según declaró "Fonseca", ello ocurrió ya que cuando la testigo ingresó al lugar le golpeó el brazo con el cual sostenía un arma.

El tribunal resolvió dejar en libertad a "Fonseca" ante la falta de pruebas para disponer su prisión preventiva. Al finalizar la simulación, todos los participantes comentaron sus percepciones. Según el coordinador de la actividad, José Luis González, se comprobó que "aún se tiene una mentalidad inquisitiva en la forma de preguntar, pero por otro lado la defensa señaló que por primera vez se sintió en un plano de absoluta igualdad en relación a la fiscalía".

La CIDH advirtió

En mayo de 2007, cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomendó la liberación de los hermanos José, Jorge y Dante Peirano Basso, señaló que Uruguay debería actualizar su legislación, que permite que una persona procesada esté más tiempo recluida por prisión preventiva que la pena máxima que prevé el delito.

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