El conductor del automóvil no pudo evitar chocar con la moto y lesionar a la persona que la conducía. A las pocas horas recibió la llamada de una persona que dijo hacerlo en nombre de un abogado que lo confundió con el motonetista fracturado. "Estos casos son pan comido", dijo y le informó que tenía derecho a reclamar una importante suma en un juicio.
La persona denunció la situación al Colegio de Abogados indignado por la actitud de profesionales que "instigan a los posibles clientes para obtener un provecho económico".
El gremio que reúne a los letrados está preocupado por las denuncias y exige que se apruebe la ley de la abogacía para poder ejercer un control sobre la matrícula.
En el caso del accidente de tránsito, la Comisión de Etica del colegio clasificó el caso dentro de los conocidos como "cazadores de clientes". Consideró que si un abogado se presenta ante un posible cliente en el hospital o poco tiempo después de producida una muerte o un accidente grave, o en circunstancias en que el cliente está sometido a una intensa emoción, "estará violando claramente la ética profesional".
Agregó que antes de hablar con el cliente sobre el resultado del juicio el abogado "debió hacer un estudio serio del tema, en profundidad".
Además señaló que "si la información procede reiteradamente de funcionarios públicos se viola la ética profesional, en la medida en que se recibe a sabiendas información no disponible públicamente, y se obtiene un beneficio profesional de una conducta irregular".
El informe concluyó que para que no haya falta ética cuando se ofrecen los servicios profesionales, se deben dar todas las garantías de un estudio serio del tema, el cliente debe ser psicológicamente libre de resolver y la información no se debe haber obtenido por medios espúreos.
Otra denuncia que recibió el Colegio, señaló que una abogada que asesoró a una cliente en su demanda de divorcio, como estaba suspendida en la profesión por no hacer aportes a la Caja de Profesionales, solicitaba a otro colega que firmara los escritos.
En ese caso, la comisión consideró que hay dos violaciones a la ética. Por un lado, por estar suspendida y atender el caso igual, y por otra parte, por no aportar los tributos y ejercer igualmente la profesión.
CONSULTAS. La titular del Colegio de Abogados, Edith Wieder explicó a El País que desde que existe el Código de Etica, han llegado una decena de consultas al colegio de abogados sobre la actuación de otros letrados.
Wieder señaló que llegan dos tipos de consultas, por un lado de profesionales que tienen dudas sobre cómo actuar frente a determinadas situaciones, y por otro, denuncias por la actuación reprochable de letrados. El Colegio analiza los casos y los remite a la Comisión de Etica, que estudia el tema y elabora un fallo. En los casos más graves se puede pedir que actúe el Tribunal de Honor.
La presidenta del CAU señaló que la máxima sanción que puede aplicar el Colegio de Abogados es la publicación del fallo del Tribunal de Honor, o en caso de los socios suspenderles algunos derechos.
En caso de que intervenga la justicia y haya procesamiento, la Suprema Corte comunica al Colegio que esos profesionales fueron suspendidos en el ejercicio de la profesión y eso es publicado en la web del Colegio.
Sin embargo, Wieder explicó que no hay manera de controlar que esos profesionales no sigan ejerciendo la profesión. Por eso, explicó, promuven la ley de la abogacía para poder tener un control de la matrícula
Justicia validó fallo del Colegio
La justicia civil validó la actuación del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados para sancionar las transgresiones de los abogados, formular un fallo moral, y darle publicidad entre sus socios.
Las sentencias en primera y segunda instancia se ocasionaron como consecuencia de la demanda de dos abogados al colegio que reclamaron 50.000 dólares por daño moral luego de que sus nombres fueron publicados. La jueza y el tribunal consideraron en cambio que el colegio estaba velando por el "estricto cumplimiento de los deberes que la ética profesional impone".
Los dos abogados que trabajaban en un mismo estudio, se pusieron de acuerdo para poner fin a una demanda laboral. Un abogado patrocinó al demandante y la otra al actor y redactaron en conjunto un escrito en el que comunicaban al juez la transacción.