"Claramente funcionó el lobby del Banco de Seguros"

La alegría de la clase trabajadora por haber conseguido tener una ley que considerara accidente laboral a todo incidente que se produce camino al trabajo duró poco. El presidente Tabaré Vázquez decidió vetar la ley por considerarla "inconveniente" y recibió duras críticas desde la oposición, el PIT CNT y el Sunca. Además se cuestionó con crudeza al Bancos de Seguros del Estado (BSE) por hacer "lobby"

El diputado blanco Gonzalo Novales —impulsor de la ley— dijo a EL PAÍS digital que la postura tomada por el mandatario uruguayo es "lamentable", una "barbaridad" y "atentatoria contra la clase obrera y trabajadora". El legislador de la oposición afirmó que a Vázquez le "deben haber puesto una pila de firmar y seguramente no está enterado del fondo de este asunto".

El presidente uruguayo interpretó también que la iniciativa sería de "muy difícil administración" y que encarecería los seguros laborales en forma notoria. Además, a poco de haber sido aprobada la ley, el presidente del BSE —que tiene el monopolio de los seguros laborales— Gustavo Vilaró, había advertido a El País que la norma provocaría un alza en los precios de las pólizas.

Novales dijo que claramente funcionó la presión realizara por el directorio del ente estatal a través de un fuerte lobby, luego de no poder convencer al Parlamento de su postura. "El proyecto fue apoyado por unanimidad, votado por unanimidad en el plenario y votado en el Senado", puntualizó.

Fue en esa derrota, según el legislador blanco, que el BSE decidió presionar al Poder Ejecutivo pero lo único que logró fue demostrar la incapacidad del directorio estatal para ocuparse de "las cosas que se debe ocupar que es la parte social".

MOLESTIA. Para la central de los trabajadores la decisión cayó con gran sorpresa y no se ocultó el desagrado a la medida tomada y al hecho que la misma no fuese anunciada con anterioridad.

El dirigente Milton Castellano dijo a EL PAÍS digital que el PIT apoyó esta iniciativa desde un conjunto de leyes laborales que están en tratamiento y se aspira a que las mismas sean aprobadas este año. Además hoy buscarán comunicarse con el ministro de Trabajo, Eduardo Bonomi, y con las comisiones legislativas a modo de conocer las opiniones.

Castellano dijo que si, como aparentemente se maneja hay dificultades en la implementación de la ley, deben ser revisadas a través de su reglamento. "Puede haber mecanismos difíciles de implementar. Somos concientes que la amplitud del seguro a los trabajadores que van hacia el trabajo pueden generar inconvenientes en su control y reglamentación, pero hay que buscar alternativas", agregó.

El BSE también habló de problemas económicos en la implementación. El dirigente sindical dijo que si hay problemas de costos que se presenten números, estimaciones y estadísticas. "Siempre estamos abiertos a atender las dificultades, si es que se presentan", opinó.

Castellano reiteró la preocupación de la central respecto al mecanismo del veto sobre iniciativas que fueron ampliamente aprobadas en instancias parlamentarias. "Nos genera también una molestia que vamos a analizar con todos los actores involucrados", finalizó.

REGIÓN. Los trabajadores siempre tuvieron este derecho. Pero en 1989, bajo la presidencia de Julio María Sanguinetti (quien junto al senador colorado Isaac Alfíe votó en contra de la ley) lo perdieron, explicó Novales.

Pero aclaró que esta ley existe en todos los países de la región; que durante su estudio se interiorizaron en Derecho Comparado; que se incluyeron medidas existentes en países como Chille y que la Organización Internacional del Trabajo apoya esto.

"Y este directorio que representa a un gobierno ´progresista´ presenta una tesis absolutamente mercantilista y es una demostración de su incapacidad. Y dice que esto llevaría a encarecer los seguros hasta en un 25%, sin ningún estudio, sin ninguna seriedad, con una cifra tirada al voleo", criticó duramente Novales.

El diputado nacionalista también cuestionó la base, a su juicio ficticia, de que esta ley llevaría a un notorio incremento en la cantidad de juicios. "Eso es indignante", afirmó, "ya que parte de una base de que la clase obrera estaría para la joda y reclamando cosas indebidas y por eso en permanente juicio".

Esa es la solución propuesta por Novales ante lo expresado por el BSE. "Esto, que es un monopolio absoluto que pagamos todos, que se desmonopolice y se le de la seguridad y cobertura al trabajador como ocurre en la región y como lo aconseja la OIT".

El diputado llamó a las organizaciones obreras y sindicales a luchar en este sentido, por ser las grandes impulsoras del proyecto. "Yo creo que el PIT tiene una gran responsabilidad en revertir esto, que no es otra cosa que el producto de un lobby por parte del BSE", argumentó.

Comenzaré a hacer los contactos necesarias con todos los legisladores que votaron a favor el proyecto, a los efectos de ver una asamblea general. De cualquier manera, tal vez podemos con la colaboración de gremios y sindicatos, hacer también nosotros un lobby para convencer a los legisladores de que se debe combatir esta postura.

CAMINO. Si los legisladores pretenden levantar el veto, deberán convocar a la Asamblea General antes de 30 días y mantener la ley con los votos de tres quintos de los miembros presentes.

Novales afirmó que comenzará a hacer todos los contactos necesarios con los legisladores que votaron a favor del proyecto, a los efectos de convocar la asamblea. "De cualquier manera, tal vez podamos contar con la colaboración de los gremios", para convencer a los legisladores de que se debe combatir esta decisión del Ejecutivo, finalizó.