P. MELÉNDREZ / R. ROSSELLO
El teléfono celular se convirtió en moneda de cambio para los ladrones. La cantidad de aparatos robados y su uso ilegal han encendido una luz de alarma para las autoridades y las compañías. Ahora buscan medios para controlar esta situación.
"La idea es buscar una forma para que las diferentes compañías intercambien información sobre los servicios robados y extraviados de forma que puedan tomarse precauciones para que no haya ilícitos respecto a eso", dijo a El País Gabriel Lombide, presidente de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación (Ursec).
El robo de celulares se ha vuelto una constante tanto para los casos de hurto (el robo simple, por descuido o en ausencia del dueño del bien), como de rapiña (el robo con violencia física). Según los datos del Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad del Ministerio del Interior, en 2010 se verificó un total de 136.063 delitos contra la propiedad. Si bien las estadísticas oficiales no lo establecen, las propias autoridades han señalado que en una alta proporción de esos casos uno de los bienes robados fue un celular.
Por ende, en una proyección modesta, es probable que durante el año pasado se haya robado una cantidad cercana a los 100.000 aparatos en todo el país.
El celular representa para el delincuente un inmediato valor de cambio. Podrá venderlo en forma ilegal rápidamente y hacerse de una pequeña cantidad de efectivo, o podrá canjearlo por drogas si es un adicto.
De hecho, es prácticamente una constante en las bocas de venta allanadas por la Policía en Montevideo que, además de drogas, dinero, armas y objetos robados, haya gran cantidad de celulares dejados como pago por un puñado de dosis. A la vez, los propios traficantes cambian con frecuencia de aparatos y de números para dificultar ser rastreados.
Lo que tanto las autoridades como las propias compañías (Antel, Movistar y Claro) vienen analizando es la posibilidad de crear una plataforma común de información, y consolidar mecanismos de seguimiento de aparatos robados o extraviados. También acordar formas para que un celular perdido "no vuelva al circuito".
CONTROLES. "Hay una fuerte incidencia en el uso ilícito de los celulares, hay un circuito perverso. Las organizaciones delictivas usan celulares que se consiguen fácilmente y después los descartan", comentó Lombide, el titular de la Ursec.
Ese tipo de uso, permanentemente detectado por la Policía, es el que suelen hacer los narcotraficantes. Les resultan particularmente apetecibles los modelos más antiguos de celulares. Como tienen menos funciones y aplicaciones son más difíciles de rastrear. Muchos de estos aparatos han aparecido en celdas de los grandes establecimientos carcelarios, donde en más de una ocasión un recluso penado por narcotráfico continúa dirigiendo operaciones desde la celda.
Por estas razones, el presidente de Ursec se plantea la posibilidad de bloquear el "circuito perverso". "Si un usuario lleva un teléfono a una compañía y pide que se lo habiliten y la empresa sabe que el teléfono es irregular, no debería habilitarle la línea", explicó Lombide.
El jerarca señaló, asimismo, que es técnicamente posible rastrear un teléfono robado que posea un chip legítimo. Ello se debe a que los aparatos poseen un número de identificación, el denominado "código Imei". Pero en la práctica parece muy difícil que se usen los mecanismos de rastreo para cada caso de robo, si se tiene en cuenta la cantidad de casos registrados.
De modo que una agenda con estos temas -una plataforma para el intercambio de información en común entre las tres compañías y las autoridades; el control de los chips prepagos, que incluso se venden en puestos callejeros; requisitos más severos para habilitar una línea- es la que abordará la Ursec con las tres compañías de telecomunicaciones en una reunión que se llevará a cabo en pocos días, concretamente el próximo 5 de julio.
"Recién se puso el tema arriba de la mesa como para conversarlo con las telefónicas, porque no queremos una resolución que sea inviable o cuestionada por alguna de las empresas", precisó Lombide.
DE LEYES Y TRAMPAS. Cada compañía vende sus aparatos con un bloqueo que impide que sean utilizados por empresas competidoras. Pese a esta medida de protección hay quienes se han especializado en desbloquear teléfonos y volverlos aptos para ser usados en cualquiera de las firmas.
Este será uno de los temas que también estarán sobre la mesa en la reunión del martes 5 de julio. Una de las fuentes consultadas indicó que una de las ideas manejadas por la Ursec es la de crear una lista o registro en el que todas las compañías registren los aparatos que compraron para comercializar. De este modo, si el aparato no posee el código que figura en el listado estará quedando en evidencia que ingresó en forma ilegal al mercado y, por ende, no podría ser habilitado.
Aunque esta parece una solución ideal, de momento parece poco probable que se aplique. Ello se debe a que, según indicaron las fuentes consultadas, al menos una de las tres compañías se negaría a "liberar" información para asentarla en un registro oficial en común. Una de las fuentes del sector de telecomunicaciones consultadas señaló a El País que si bien este escollo no inhabilitaría este mecanismo, ya que igualmente podría utilizarse con las restantes dos compañías, le haría perder sentido al sistema como garantía de protección de los aparatos.
Quizá lo paradojal sería que la falta de comunicación impidiera que el Estado y las compañías concretaran soluciones.
Las cifras
4,4: Es la cantidad de líneas de celular que, según datos de la Ursec, se encontraban activas en el país hasta el mes de diciembre de 2010: más de una por habitante.
136.063 Es la cantidad de delitos contra la propiedad (hurtos y rapiñas) registrados durante 2010 según datos oficiales del Observatorio de Violencia y Criminalidad.