Buenos Aires, 15 ago - Chile, Uruguay y Panamá tienen el mayor desarrollo democrático de Latinoamérica, mientras que Paraguay y Venezuela ocupan los últimos puestos de un índice que mide, entre otras cosas, el grado de respeto de los derechos y el bienestar en 17 países del continente.
El ránking, dado a conocer anoche en la capital argentina, fue elaborado por la fundación alemana Konrad Adenauer y el portal de internet de política latinoamericana Polilat.com.
El Indice de Desarrollo Democrático de América Latina (IDD-Lat) calificó de 1 a 10 a las naciones de América Latina en sus condiciones básicas de democracia, el respeto de los derechos políticos y a las libertades civiles, la calidad institucional, la eficacia política, y el poder efectivo para gobernar.
En la cima de la clasificación se sitúa Chile, con 10 puntos, seguido por Uruguay (9,7), aunque el informe aclara que "la valoración de los gobiernos de ambos países distan de manifestarse conformes con su comportamiento democrático".
Como muestra, el presidente chileno, Ricardo Lagos, declaró recientemente que desde el retorno a la democracia, en 1990, el país creció económicamente pero "aún está cojo desde el punto de vista de las credenciales democráticas".
El segundo pelotón de países, integrado por Panamá (8,02), Costa Rica (7,84), México (6,62) y El Salvador (6,27), sobresale por encima del promedio regional.
Brasil, con 5,02 puntos, aparece ubicado cerca de la media de los 17 países de América Latina continental analizados, que es de 5,117 puntos sobre diez.
El resto de los países aparecen comprimidos en la escala de valoración con niveles bastante inferiores al promedio, con Bolivia (2,82), Ecuador (2,82), Venezuela (2,6) y Paraguay (2,22) en los últimos puestos. Argentina quedó situada un poco por delante de este grupo, en el undécimo lugar, con 3,9 puntos.
Los resultados del índice 2003 muestran una leve mejoría respecto al promedio de 5,085 puntos de una similar evaluación hecha en el 2002.
La comparación interanual revela una mejora para Brasil, Chile, Ecuador, El Salvador, Honduras, México, Nicaragua y Venezuela, en tanto que la puntuación de Uruguay no varió y la del resto de los países descendió.
Para la elaboración de la edición 2003 del índice se tomaron en cuenta datos de diciembre de 2001, cuando estalló una grave crisis política en Argentina.
El informe señala que las condiciones de crisis aún subsisten en varios países de América Latina, un panorama que se traduce en "un fuerte deterioro de derechos, libertades y comportamiento institucional".
No hay ningún país que destaque por su eficacia en la generación de bienestar para su pueblo, ocupando el primer puesto Uruguay, con 7,28 puntos, y el último, Bolivia, con 3,81 puntos.
En el análisis estricto de las variables económicas, El Salvador, Chile y Argentina destacan por su mayor libertad macroeconómica, mientras que Uruguay sobresalió como el país con la menor brecha en la distribución de los ingresos entre sus habitantes.
En cuanto al respeto de los derechos políticos y las libertades civiles, los países con mejor ponderación son Uruguay, Costa Rica y Panamá, mientras que los peor posicionados son Guatemala, Paraguay y Colombia.
En la categoría "Calidad Institucional y Eficiencia Política", los países con mejor desempeño son Chile, Uruguay, Panamá y El Salvador, en tanto que las naciones con menor puntuación son Argentina, Venezuela y Bolivia.
Dentro de esta categoría, en el análisis de la variable "Percepción de la corrupción", aparecen mejor situados Chile, Uruguay y Costa Rica, mientras que los que obtuvieron menos puntos fueron Paraguay, Bolivia y Ecuador.
Según el índice, los países más estables son Chile, Uruguay, Panamá, Nicaragua y El Salvador, mientras que Argentina, Brasil, Bolivia, Perú, Venezuela y Guatemala son los que corren más riesgo de desestabilización, aunque México y Colombia, por la presencia de grupos armados, muestran mayor fragilidad.
Para la elaboración del índice se recolectaron datos suministrados por organismos multilaterales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano para el Desarrollo, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Unión Interparlamentaria (UIP). EFE
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