Caso Nin: fiscal pide más informes antes de resolver

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La Junta Anticorrupción volverá a analizar el caso que investiga si el vicepresidente Rodolfo Nin Novoa incurrió o no en delito al no incluir en su declaración jurada del año 2007 su participación en una sociedad rural que administra junto con sus hermanos.

El fiscal penal Luis Bajac pidió ayer a la jueza Fanny Canessa que el organismo asesor reexamine la situación antes de determinar si pide el procesamiento de Nin Novoa o el archivo de la investigación.

Bajac entiende que antes de expedirse sobre el fondo del asunto, la Junta Anticorrupción debe elaborar un nuevo informe donde se incluyan las explicaciones brindadas por el vicepresidente a través de un escrito que presentó su abogada Hebe Martínez Burlé, al cual adjuntó una consulta elaboradas por los tributaristas Leonardo Costa y Óscar Brum, que afirman que no hubo delito.

La investigación judicial indaga diversas omisiones en las declaraciones juradas a partir del año 2002. Desde 2005, cuando asumió como vicepresidente, Nin Novoa incrementó su patrimonio en 1.272%.

En particular, la jueza Canessa y el fiscal Bajac buscan determinar si el vicepresidente cometió o no un delito al no informar en su declaración jurada de 2007 su participación del 33% en una sociedad que gestiona un campo en Cerro Largo. Ese hecho fue denunciado por el senador blanco Julio Lara.

Nin Novoa argumentó que su participación en la sociedad rural fue declarada en forma indirecta. "Obviamente que si declaro que poseo un tercio del establecimiento rural mencionado, es porque soy integrante de una sociedad. De lo contrario, debería declarar que soy propietario de la totalidad del inmueble", alegó en un escrito presentado en el juzgado.

Ante ese planteo, Bajac consideró que la Junta Anticorrupción debe volver a analizar el caso, en virtud de que cuando el organismo emitió un primer informe al respecto, Nin Novoa no había tenido la posibilidad de dar su versión de los hechos ante la Justicia.

Por otro lado, Bajac pidió que se agregue al expediente una copia de la declaración jurada del vicepresidente correspondiente a este año, para que la Junta Anticorrupción también se pronuncie sobre ella para luego eventualmente definir "qué responsabilidad penal podría existir al comparar la evolución del patrimonio del denunciado", sostuvo Bajac en su dictamen.