Casmu: archivan causa por omisión de asistencia

La Justicia indagó a 60 funcionarios de la mutualista

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A pedido del fiscal penal Ariel Cancela, el juez Alejandro Guido archivó la denuncia por presunta "omisión de asistencia" presentada por la Directiva del Casmu contra un grupo de más de 60 funcionarios que, meses atrás, en el marco de un fuerte conflicto, abandonaron sus puestos de trabajo en diversas áreas, como el Centro de Tratamientos Intensivos (CTI).

La medida gremial de los trabajadores -que reclamaban por atrasos en el cobro de sus salarios- llevó a que por varios días abandonaran sus tareas durante una hora por turno a fines del mes de abril.

Esa decisión derivó en que la mutualista, patrocinada por el abogado Jorge Barrera, llevara el caso a la Justicia Penal, reclamando que se indagara a los funcionarios por un posible caso de "omisión de asistencia" derivada de la medida gremial.

El juez Guido y el fiscal Cancela interrogaron en los últimos meses a todos involucrados, entre ellos a más de 60 funcionarios de la mutualista que declararon como indagados.

Luego de completar la instrucción del caso, el fiscal Cancela pidió el archivo del caso al concluir que no existen méritos para atribuir responsabilidad penal a los denunciados, motivo por el que en los últimos días el magistrado clausuró el expediente.

"El abandono funcional que hubo fue tomado de manera tal que se tomaran las providencias del caso para que los pacientes fueran atendidos", explicó Cancela al ser consultado por El País. "Y en algún caso los enfermeros se quedaban si había que atender a algún paciente", señaló el fiscal.

Cancela determinó que los enfermeros prestaban atención a los pacientes "hasta el último momento" y antes de dejar sus puestos de trabajo en el marco de la medida sindical, las personas internadas quedaban a cargo de los médicos, supervisores y nurses, por lo que no se registró "omisión de asistencia".

El representante del Ministerio Público indicó que la medida llevada a cabo por los trabajadores del Casmu "es un derecho gremial" que fue implementado de manera tal que "tomaron las medidas necesarias para no dejar sin atención a los pacientes".

En tal sentido, Cancela destacó que los trabajadores dieron cuenta a las autoridades respecto a las características de la decisión gremial. Si se hubiera adoptado la medida "dejando todo a medio hacer y sin tomar las precauciones para los pacientes, se podría haber configurado el delito de omisión de asistencia", dijo el fiscal.

Cancela señaló que si bien existe un protocolo que establece que los CTI deben contar en forma permanente con determinada cantidad de funcionarios, esa situación tampoco hizo que se afectara la atención a los pacientes internados.

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