Casi la mitad de depósitos fue al TCB con documentos firmados

Los miembros de la comisión encargada de determinar si corresponde que el Estado indemnice a los ahorristas cuyos depósitos fueron colocados en el Trade and Commerce Bank (TCB), de Islas Caimán, informaron ayer en el Parlamento que aproximadamente en la mitad de los casos que llevan analizados se ha constatado documentación firmada por los titulares de las cuentas.

A partir de ese hecho, los integrantes de la comisión, los abogados Augusto Durán Martínez, Tomás Brause y Carlos Balsa, se preguntaron de qué forma se puede presumir entonces la existencia del vicio de consentimiento en la operación de traspaso de los depósitos a Islas Caimán que alegan los ahorristas. Los tres miembros de la comisión, junto con los integrantes del directorio del Banco Central del Uruguay (BCU), Miguel Vieytes y Andrés Pieroni, fueron recibidos ayer por la comisión investigadora de la Cámara de Representantes sobre el sistema financiero.

Al dejar expuesto este punto de vista ante los legisladores, se planteó en la comisión legislativa una controversia: en su comparecencia ante esa misma comisión, el lunes 21, el ex canciller Héctor Gros Espiell realizó un pormenorizado informe jurídico sobre lo que consideró "vicio de consentimiento" que se practicó en perjuicio de unos mil ahorristas, quienes reiteraron en la comisión legislativa que sus ahorros fueron enviados al TCB de Islas Caimán sin su autorización.

Los ahorristas sostuvieron ese día ante los legisladores que después de hacer su depósito recibían en su domicilio "cartas de los gerentes y agentes de cuenta agradeciendo por haber depositado en el Banco Montevideo", lo cual, a su juicio, es un elemento probatorio claro de la responsabilidad que ahora cabe al Estado.

Los tres abogados de la comisión creada por el artículo 31 de la ley de fortalecimiento del sistema bancario, en noviembre pasado, explicaron que están dedicados a la tarea de estudiar caso por caso los 1.354 expedientes de ahorristas de los bancos Montevideo y Caja Obrera que fueron dirigidos al TCB por lo que la tarea será "muy lenta", dijeron a El País fuentes parlamentarias. De todos modos, detectaron hasta el momento la existencia de 197 expedientes de ahorristas de BM Fondos, es decir que quedarán excluidos del reclamo al Estado.

Los ahorristas sostuvieron el lunes 21 que las colocaciones en Caimán suman unos U$S 97 millones, cifra que ayer fue confirmada por el propio Vieytes al situarla en "aproximadamente U$S 100 millones", según dijo en la comisión.

Vieytes, que es vicepresidente del BCU, dijo ayer ante la comisión de Diputados que con el trabajo de los abogados se trata de dar "la mayor garantía posible" para todos los depositantes, cada uno de los cuales recibirá "un fundamento" que respalde la decisión que se tome sobre su caso.

El vice del BCU explicó a los legisladores que los juristas que integran la comisión actúan en función jurisdiccional en vía administrativa que busca "pruebas objetivas" sobre los casos, cada uno de los cuales presenta "situaciones peculiares".

Los solicitantes defienden su derecho aportando testimonios, pero el Banco maneja su propia información, apuntó el jerarca.

La mayor preocupación del BCU es finalizar "lo antes posible" la tarea de análisis de los expedientes con reclamo, agregó. Vieytes sostuvo que luego el directorio debe resolver sobre cada uno, pudiendo pronunciarse a favor o en contra de la decisión de la comisión, en ambos casos fundadamente.

CAREO. La comisión legislativa decidió no trabajar mañana miércoles 30, como estaba previsto, y en cambio acordó reunirse el lunes 5 para recibir al ex superintendente de instituciones financieras, Carlos Fernández Becchino. Al cabo de las nuevas consultas que se le harán, los legisladores decidirán si enfrentan los testimonios de este ex jerarca con otros que formaban parte de la cúpula del BCU, dijo a El País el presidente de la comisión, Gabriel Pais, de la Lista 15.

Una semana después, el lunes 12, la comisión legislativa recibirá por segunda vez el testimonio de César Rodríguez Batlle, Eva Holz y Rosario Mederos, los tres anteriores directores del BCU, en reuniones que se llevarán a cabo por separado.

Una presunta comunicación electrónica cursada por José Peirano a Javier Carlevaro, ex gerente del Trade and Commerce Bank (TCB) en Uruguay, hace aproximadamente un año, advierte la "preocupación" del banquero procesado por el hecho de que, en ese momento, en las sucursales del Banco Montevideo (BM) se estaban efectuando transferencias de cuentas de residentes a TCB, institución que según la nota estaba impedida de captar depósitos de ese tipo de clientes.

El documento, al que accedió El País, fue entregado por ahorristas del BM al diputado Víctor Rossi, del Encuentro Progresista-Frente Amplio (EP-FA), quien ayer lo presentó como material de análisis ante la comisión investigadora del sistema bancario que funciona en la Cámara de Representantes.

"Sé que por instrucción de Juan y por necesidades de BM se avanzó en la apertura de cuentas en forma directa de clientes del BM en TCB, para bajar un poco la exposición que se tiene. El problema que hay desde TCB, es que cuando uno aplica este criterio en forma masiva, los riesgos que se corren son enormes, ya que TCB no puede captar fondos de residentes", dice Peirano en la comunicación a Carlevaro.

Luego, agrega que "mi preocupación pasa porque en las sucursales de BM se está vendiendo en forma directa TCB y esto es, parafraseando a nuestro presidente Batlle como fumar adentro de una garrafa, ya que se puede estar vendiendo tanto a residentes como a no residentes; y me animaría a decirte que la mayoría de los clientes de las sucursales son residentes".