Caducidad abre nuevo frente al gobierno

Análisis político por Alfonso Lessa

El planteo por parte del gobierno de la norma interpretativa de la ley de Caducidad, por una parte, y del proyecto de reforma tributaria que establece el impuesto a la renta, por otra, le abrió dos frentes políticos simultáneos, para nada sencillos.

Esos frentes, se suman a otros temas polémicos pendientes de resolución como el relativo a los fueros sindicales, por lo que el gobierno deberá dar varias discusiones al mismo tiempo, circunstancia que puede resultarle complicada.

En cualquier caso, estas iniciativas simultáneas tienen al menos dos consecuencias en el terreno político: obligan al oficialismo a actuar con una homogeneidad que muchas veces le ha faltado en su primer año de gestión; y ofrece a la oposición un amplio terreno para desenvolverse.

En ese sentido, sin embargo, las condiciones son diferentes para los dos partidos tradicionales. Los colorados parten desde el escaso peso político que le brindaron las últimas elecciones y que se refleja en su bancada. El Partido Nacional, lo hace desde su carácter de principal fuerza opositora. Los blancos, en este sentido, tienen la oportunidad de remarcar su carácter y su papel, por lo que actuar en bloque con los colorados podría constituir un error. De hecho, en materia de la ley interpretativa de la caducidad, el Partido Nacional asumió una actitud de cautela mucho mayor que la de los colorados, caracterizada por una dura crítica a la iniciativa.

INTERPRETACION. Cuando asumió su cargo el 1° de marzo de este año, el presidente Tabaré Vázquez estableció claramente cuál sería el marco en el cual se desarrollaría su nueva política en materia de derechos humanos: la ley de Caducidad.

En realidad el presidente no hacía mas que repetir lo que había dicho en la campaña electoral y lo que había decidido el Frente Amplio en instancias formales en las que el Movimiento de Participación Popular (MPP) y algunas figuras emblemáticas del MLN terminaron siendo decisivas para respetar la norma plebiscitada en 1989. Las posiciones de otros sectores, quedaron en minoría.

Lo que seguramente nadie imaginaba —probablemente ni el propio Vázquez— era que ocho meses más tarde se plantearía una ley que precisaría los alcances de dicha norma aprobada por la mayoría de blancos y colorados sobre fin de 1986, con la amenaza de un desacato militar frente a las convocatorias de la Justicia a algunos oficiales.

¿Qué ocurrió entre aquel 1º de marzo y este fin año para que el gobierno de izquierda optara por una vía que antes no había propuesto? Hubo, por supuesto, muchas novedades vinculadas al tema, pero probablemente lo que terminó impulsando al gobierno a esta medida, fue la falta de resultados en la búsqueda de los restos de desaparecidos. Este hecho, que se perfila como un fracaso no menor, estableció una presión no prevista para un gobierno que debe hacer equilibrios para avanzar en sus planes, en este caso entre las demandas relativas a los derechos humanos y su manejo de las Fuerzas Armadas.

El propio presidente alimentó involuntariamente este escenario de presiones cuando anunció con certeza casi absoluta el inminente hallazgo de los restos de María Claudia —la nieta del poeta Juan Gelman— y eventualmente de otros desaparecidos.

Ocurrió, además, otro hecho que seguramente tampoco previeron los actores en este tema: los propios informes de las Fuerzas Armadas dieron luz sobre nuevos datos que a la vez alimentaron nuevas expectativas. El caso más claro, fue el del reconocimiento de la Fuerza Aérea de la existencia durante la dictadura de un segundo vuelo clandestino en el que fueron trasladadas personas cuyo destino se desconoce, pero que aparentemente fueron entregados al Servicio de Información de Defensa. Este organismo estaba mayormente manejado por oficiales del Ejército que actuaban con importantes márgenes de autonomía.

El gobierno, por tanto, logró avances muy importantes en materia de información como el reconocimiento del Ejército sobre el uso de torturas y el asesinato de personas que eran enterradas clandestinamente; o la actuación del FUSNA, los vínculos con la ESMA y la estrecha relación entre el comandante en jefe de la Armada uruguaya, Hugo Márquez y su par argentino, Emilio Massera. Pero no logró, hasta el momento, ubicar a ningún desaparecido.

CRITICAS Y CAUTELA. En la oposición, las reacciones frente al proyecto presentado esta semana no fueron iguales. Desde el Partido Colorado arreciaron las críticas que lo consideraron inconstitucional e inaplicable. Pero desde el Partido Nacional las reacciones fueron más cautelosas y dirigidas en particular al esclarecimiento de algunos de los contenidos del proyecto que se consideran confusos, como el relativo al alcance de los mandos que quedarían excluidos de la caducidad.

Desde ámbitos judiciales también se han filtrado algunas críticas, en el entendido de que se les ha pasado "un paquete" complejo con muchos componentes políticos; e incluso cuestionando el hecho de que se les traslade la responsabilidad de establecer cuáles son los "mandos" excluidos de la caducidad.

Algunas semanas atrás en declaraciones públicas, el presidente Vázquez acotó el alcance de los mandos, a los de comandantes en jefe del Ejército. No parece ser esta sin embargo la interpretación de otros actores en la izquierda y en las organizaciones de derechos humanos.

En cuanto a los militares, la nueva postura que implica la ley interpretativa, complica internamente la situación de los comandantes en jefe y en particular del teniente general Bertolotti en el Ejército, donde la novedad no generó alegría precisamente. Ya no serán sólo los casos de Michelini y Gutiérrez Ruiz y el de la nieta de Gelman, como anunció Vázquez en marzo, los que podrían investigarse.

Esto, para algunos, cambia las reglas de juego y rompe los acuerdos implícitos que pudieran existir; y genera aún mas expectativa respecto a los relevos y ascensos que se concretarán el 1° de febrero, a la luz de una nueva norma que amplía notoriamente las posibilidades del presidente de seleccionar los generales entre todos los coroneles en condiciones de ascender.