Cabo Polonio: el 81% de las casas son ilegales y 19% son irregulares

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Dos sentencias judiciales en Rocha revelan que el 81% de las 433 casas de Cabo Polonio son ilegales y el 19% restante construcciones irregulares. En uno de los juicios, 96 ocupantes podrán reclamar reparaciones antes de los desalojos.

Una de las demandas judiciales fue iniciada por el Estado para desalojar a 256 ocupaciones establecidas en un predio del Ministerio de Ganadería. Una sentencia de la Justicia de Rocha le dio la razón al Estado y este podrá demolerlas abonando las mejoras a sus actuales ocupantes tras tasaciones. "Esas casas podrán ser demolidas en el momento en que el gobierno lo considere pertinente", dijo a El País una fuente de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama).

La segunda demanda judicial fue iniciada por los sucesores de Eduardo Tiznes por 96 edificaciones ilegales. Esa propiedad consta de unas 200 hectáreas y tiene 800 metros de costa y tres kilómetros hacia adentro.

Según expedientes judiciales, el 5 de octubre del año pasado, Tiznes inició una serie de intimaciones a los 96 poseedores de viviendas ubicadas dentro de su predio en el marco de una ejecución de sentencia a su favor. Esas intimaciones son previas a un juicio de desalojo y lanzamiento.

Posteriormente, la Justicia de Rocha intimó a los poseedores de las viviendas a que, en un plazo de 30 días, debían presentar sus reclamos por las mejoras construidas adentro del predio. Además, la magistrada realizó una inspección ocular del lugar, ordenó la colocación de una placa en cada vivienda y luego solicitó datos sobre la integración del núcleo familiar.

El 15 de mayo de este año, se presentaron en el Juzgado de Rocha varios abogados representantes de los poseedores y entregaron a la magistrada recursos de apelación.

La jueza los elevó a los tribunales de apelaciones y dictaminó que los recursos no tenían efectos suspensivos del proceso. Es decir, que el juicio iniciado por Tiznes de desalojo continuaba su curso.

Se aguarda que la Justicia designe peritos para que tasen el valor de esas construcciones y luego comenzarán los juicios de desalojos de los poseedores de dichas viviendas.

Según fuentes de la Dinama, 80 viviendas -el 19% de las 433 casas ubicadas en Cabo Polonio- pertenecen a Gabasol, una sociedad anónima propietaria de los terrenos-. Estas casas son calificadas como inapropiadas o irregulares por la Intendencia de Rocha. Por ello Gabasol paga US$ 1.500 por año por cada una de ellas.

Los sucesores de Tiznes lograron que la Intendencia de Rocha no les cobre las multas por las 96 construcciones ilegales efectuadas en su terreno. El Estado también obtuvo un beneficio similar pero la comuna de Rocha no percibe ingreso alguno de los ocupantes.

Cabo Polonio cuenta con unos 60 pobladores permanentes. Eso muestra que casi la totalidad de las 433 viviendas son de veraneo o para alquilar en la temporada.

MIRADA. El delegado de los pobladores permanentes de Cabo Polonio, Gonzalo Núñez afirmó que desde el gobierno y la Intendencia de Rocha se promueve la imagen de que todos los habitantes del balneario son "ocupas" pero no es así. "Somos personas que nos instalamos hace más de 20 años en el Cabo. En ese momento, éste no tenía servicios y siempre quisimos regularizar nuestras casas", indicó Núñez. Señaló que fueron los pobladores del Polonio quienes crearon la mística del balneario que atrae a visitantes de todo el mundo. Además, agregó, son los habitantes permanentes los que insistieron para que el Estado arribara al balneario rochense para realizar un ordenamiento territorial.

Consultado acerca de las conclusiones de una consultora contratada por el gobierno que recomienda la demolición de 300 casas, Núñez respondió: "La consultora no hizo ningún estudio concreto en el área. Recopiló información ya procesada. Tuvo algunas entrevistas con nosotros.

Les trasmitimos una cantidad de cosas que no aparecen en sus documentos. Tal es así que la población originaria contrató otra consultora".

En forma paralela a las demandas judiciales del Estado y de un privado, la consultora Sprechmann & Capandeguy contratada por el gobierno elaboró un "Plan de Manejo del Cabo Polonio". Este informe, entregado hace dos meses, recomienda la demolición de 300 casas ubicadas sobre la playa de La Calavera.