Brenta se reúne con su par español

El ministro consultará por las políticas de Rajoy

El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Eduardo Brenta, mantendrá un encuentro con su contraparte de España Fátima Báñez con el objetivo de conocer de primera mano las políticas del nuevo gobierno de Mariano Rajoy. Lo hará en el marco de una reunión de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en la que coincidirán a fines de marzo, según explicó ayer en una rueda de prensa luego de participar de un evento en la Escuela Técnica Marítima de la Universidad del Trabajo.

El encuentro entre las partes en Europa será a los efectos de "tener la mirada puesta en qué está sucediendo sobre todo con la población de ciudadanos uruguayos que residen en España, cuál es la actitud que el nuevo gobierno va a tener respecto de ellos", explicó Brenta. El encuentro fue coordinado con el canciller Luis Almagro.

Producto de la crisis financiera internacional hay en España más de 5 millones de desempleados. Esa situación afecta a los uruguayos residentes. Según las estimaciones de la sede uruguaya en Madrid, un tercio de los compatriotas sufre el impacto de la coyuntura económica y forma parte de los "parados".

Por otra parte el Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay prepara la realización de un censo de uruguayos en España, para determinar qué número de uruguayos viven en ese país y en qué situaciones.

El presidente del gobierno español aprobó por decreto una reforma laboral que generó duras críticas en su país. La gran novedad de la reforma es que los empresarios podrán bajar el sueldo a los trabajadores sin necesidad de acuerdo, simplemente por razones económicas, técnicas, organizativas o de producción.

La nueva legislación eliminó el contrato con indemnización de 45 días por año trabajado en los despidos improcedentes, por lo que ahora sólo rige un único contrato de 33 días de indemnización por año, que ya habían generalizado los socialistas.

La nueva norma en España facilita el despido con una indemnización de 20 días por año trabajado y con un límite máximo de 12 meses, al simplificar las causas por los que las empresas en crisis pueden prescindir de sus empleados.

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