BPS evalúa extender ayuda para los centros especiales

FEDERICO CASTILLO

Ante una petición de la Comisión Asesora de Discapacidad del BPS, el directorio del organismo evalúa la posibilidad de prorrogar el pago de ayudas especiales hasta que el MSP y las mutualistas acuerden el paquete de prestaciones mínimas.

La primera prorroga otorgada por el Banco de Previsión Social (BPS) a los beneficiarios del pago por ayudas especiales a niños discapacitados vence el próximo 30 de junio y todavía no hay definición sobre las prestaciones que el mutualismo deberá brindar a menores discapacitados con problemas de aprendizaje.

El director del BPS por los trabajadores, Ariel Ferrari, reconoció a El País que los "plazos se acortan" y "todavía no hay nada resuelto". Por eso, en su calidad de responsable de la Comisión Asesora de Discapacidad del BPS, solicitó al directorio del organismo que se extienda el plazo para el pago de ayudas especiales.

Ferrari dijo que está en permanente contacto con las autoridades sanitarias para ver cómo se van a articular las prestaciones con las mutualistas y Salud Pública. En la actualidad este servicio es ofrecido principalmente por centros o clínicas de rehabilitación especializadas. Con la implementación del nuevo Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) se pretende que tanto el mutualismo como la Administración de Servicios del Estado (ASSE) ofrezcan en su paquete de prestaciones el servicio de rehabilitación a niños que presentan trastornos generalizados, físicos, emocionales y psicomotrices. Los costos serían amortizados con la cuota mensual que el BPS destina al Fondo Nacional de Salud (Fonasa). "Mientras procesamos eso, no vamos a restringir los pagos", afirmó Ferrari. "No vamos a interrumpir los tratamientos, y si éstos se cambian, la calidad y el costo para la familia no pueden modificarse", subrayó.

Sin embargo, reconoció que se está evaluando la posibilidad de establecer una suerte de "recorte" en los pagos de las ayudas especiales (que ronda los $ 2.300 por cada paciente) de acuerdo a las necesidades del niño. Ejemplificó: "Capaz que el niño sólo precisa la atención de un psicólogo, entonces podemos pagar la orden de la mutualista y no los $ 2.300 para un servicio mayor", dijo. "No queremos recortar gastos, queremos ser eficientes", agregó.

Disparate. El servicio de psicopedagogía que está en discusión incluye una atención multidisciplinaria que -admitió Ferrari- puede ser "muy difícil de lograr en algunas mutualistas". El Casmu, por ejemplo, deriva a sus pacientes con estas patologías a seis centros de rehabilitación. No tiene la infraestructura adecuada. De todas formas, fuentes del sanatorio señalaron que si las cosas cambian, se atendrán a las pautas que marque el Fonasa.

El presidente del Plenario de Mutualistas, Antonio Durán, consideró que es un "disparate" que las instituciones se hagan cargo de estas prestaciones. Dijo que los centros de rehabilitación "funcionan muy bien" y apuntó que formar un equipo multidisciplinario de técnicos necesarios para la atención de los niños "es muy costoso" para las instituciones.

"Para eso habría que aumentar la cuota Fonasa", dijo. Además opinó que los padres de los niños "no deben estar muy contentos" con cambiar a sus hijos de lugar.

Por su parte, desde la red que agrupa a los centros de todo el país, si bien se valoró que se extienda el pago de las ayudas especiales, se aseguró que tienen que haber definiciones concretas que eliminen la incertidumbre. "No es bueno que se vaya prorrogando cada seis meses. Genera un alto nivel de estrés, tanto en los técnicos como en los niños", dijo Ana Bentancor, que trabaja en el centro de rehabilitación El Naranjo.

Bentancor aseguró que durante el Consejo de Ministros en Rosario, la ministra de Salud Pública, María Julia Muñoz, le transmitió a un grupo de padres inquietos por la interrupción de las ayudas que la intención es prorrogar el pago por dos años más.