BCU reconoció que fue omiso en controlar al Comercial

Los bancos ex accionistas del Comercial entregaron a la justicia uruguaya las pruebas del laudo arbitral que obligó al Estado a pagar 128 millones de dólares. Esos informes incluyen una investigación administrativa del Banco Central del Uruguay (BCU) en la que la institución reconoció que hubo una serie de problemas entre los que menciona desde "demoras", "carencias de personal" de supervisión hasta "omisión grave".

La evidencia del arbitraje fue entregada a la jueza de Concurso, Teresita Rodríguez Mascardi el viernes pasado. La magistrada dispuso la intimación al Ministerio de Economía y a los bancos J.P. Morgan, Credit Suisse First Boston y Dresdner Bank para que agreguen la documentación que tengan en su poder y que se haya utilizado para la causa arbitral. En mayo de 2004, los bancos extranjeros y el Estado acordaron un pacto de confidencialidad que estableció que los materiales de prueba utilizados para el arbitraje serían devueltos por cada parte y destruidos.

La investigación interna del BCU, de la que se entregó sólo una parte, concluyó que hubo "demoras y falta de coordinación en el traspaso de la supervisión entre los grupos inspectivos, incumplimiento de la frecuencia estipulada para las evaluaciones globales de Banco Comercial, desactualización y subutilización de los manuales de procedimientos existentes y demoras o ausencias sobre reclasificaciones de determinados riesgos". Incluso hablan de "omisión grave".

Entre los "problemas" que reconoció tener la institución mencionó "carencias de personal en los grupos inspectivos" así como en la supervisión a distancia en la adopción de medidas sobre incumplimientos detectados en el trabajo de los auditores externos, en la coordinación con otras áreas del banco y en la propia normativa bancocentralista.

También mencionó que hubo responsabilidad por la "ausencia de controles" sobre la operativa de banca privada de Banco Comercial por parte de los gerenes de la institución.

Las pruebas entregadas a la justicia señalan que el BCU tuvo permanente acceso a la información del Comercial. "Recibieron y pidieron información, analizaron, solicitaron aclaraciones, hablaron con los audiores externos e hicieron numerosas verificaciones, pero no detecataron el fraude que los Röhm estaban perpetrando en el "comercial", afirma la información entregada a la justicia.

ABANDONO. La documentación aportada por los bancos demuestra que el tribunal arbitral luego de analizar la prueba presentada por el Estado uruguayo determinó que a pesar de que se había inicialmente realizado acusaciones de conductas dolosas contra los bancos, no las especificó, no las probó y en definitiva las abandonó.

Como consecuencia —señala la documentación— el tribu- na tomó "por desistidos estos temas".

Los documentos, que incluyen copias de comunicaciones internas de los bancos, revelan la sorpresa que causó el descubrimiento del fraude de los Rohm, en enero de 2002 y que los primeros días posteriores a la confesión de José Rohm no hubo información.

El laudo establece que el Estado uruguayo "no encaró estos temas en su contestación, en la audiencia arbitral o en su Memorando Post-Audiencia".

La documentación aportada a la justicia cuestiona al testigo experto Steven Butler, presentado por Uruguay para probar que aún sin haber participado en el fraude, los bancos extranjeros podían haber incurrido en omisiones. Sin embargo, lejos de aportar pruebas al respecto, el testigo reconoció que no había leído la mayoría de los libros del banco, ni las declaraciones de los directores del Central, que no era abogado ni economista, que no era experto en la regulación ni en la economía uruguayas.