Bancada del FA presiona para modificar el impuesto

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VALERIA GIL

La bancada del Frente Amplio le planteó a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto una serie de modificaciones al impuesto a la tierra. En la coalición, no hay acuerdo sobre el articulado que envió el Poder Ejecutivo.

El director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) Gabriel Frugoni, recibió ayer un conjunto de planteos para modificar el proyecto del Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR).

Asamblea Uruguay, el sector liderado por el vicepresidente Danilo Astori, preguntó si se podrían hacer ajustes al cobro del Impuesto a la Enajenación de Bienes Agropecuarios (IMEBA) o volver a recaudar el impuesto al Patrimonio a los productores rurales. El diputado Alfredo Asti (Asamblea Uruguay) indicó que por medio del IMEBA se podría gravar la producción, dijeron a El País fuentes que participaron del encuentro.

En tanto, Frugoni defendió el uso del Índice Coneat y aseguró que "es el mejor indicador productivo". Asimismo, indicó que "no es partidario de cobrar el impuesto al Patrimonio" y explicó que el ICIR "no tiene en cuenta el concepto de renta".

Por su parte, el diputado socialista Yerú Pardiñas planteó la posibilidad de crear una nueva franja para la deducción del ICIR. Por ejemplo, a través de la creación de un escalón del impuesto para que los campos de más de 50.000 hectáreas aporten un volumen "gravoso". "¿Se manejó la posibilidad de aumentar el peso del desestímulo para que no hubiera duda de que el impuesto era gravoso?", le preguntó Pardiñas a Frugoni. La respuesta fue negativa.

Frugoni defendió la constitucionalidad del proyecto de ley y desestimó la presentación de recursos de inconstitucionalidad por parte de las intendencias. Según informó, el presidente José Mujica ya negoció con los jefes comunales y están todos de acuerdo con el cobro del nuevo tributo.

La idea del Poder Ejecutivo es que el ICIR sea manejado por regiones a través de la Comisión de Descentralización, en la que tiene representación el Congreso de Intendentes y el gobierno nacional.

El diputado Horacio Yanes (Nuevo Espacio) dijo a El País que "están comprobadas las dudas que tenemos sobre la constitucionalidad del proyecto". En ese sentido, indicó que "no se puede asegurar que todos los intendentes cumplan con los acuerdos".

Por otra parte, Yanes indicó que Frugoni reconoció que el ICIR "no resuelve el problema de la concentración de la tierra". "De estas reuniones, lo que concluimos es que no se pueden hacer todas las carreteras que se necesitan y algún intendente se puede descolgar del acuerdo. Entonces, nosotros vamos a trabajar para ver si existen espacios para modificar el impuesto", dijo Yanes a El País.

Desde la Corriente de Acción Pensamiento y Libertad (CAP-L), el diputado Nicolás Pereira también planteó sus dudas respecto a la posibilidad de que algún intendente "se descuelgue" del acuerdo regional que negocia Mujica.

Estos planteos serán analizados en una nueva reunión entre la bancada y el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Tabaré Aguerre, el lunes.

En el marco de la defensa realizada del proyecto, Frugoni dijo que "algunos compañeros no están de acuerdo en gravar la concentración de la tierra", en referencia a los sectores del bloque Frente Líber Seregni (Asamblea Uruguay de Astori, Nuevo Espacio de Rafael Michelini y Alianza Progresista de Rodolfo Nin Novoa).

El comentario generó un clima ríspido en la interna de la coalición y enseguida Asti respondió a las críticas de Frugoni. "Asamblea Uruguay está completamente a favor de gravar la concentración de la tierra, no hay dudas sobre eso", sentenció el legislador.

Por otra parte, el senador Luis Gallo, también de Asamblea Uruguay, dijo a El País que en la reunión "se plantearon distintos puntos de vista sobre el impuesto, pero no es correcta la lectura de que la interna está enfrentada".

El subsecretario de Economía, Luis Porto, admitió durante la reunión que "hasta hace 20 días consideraba que esto tenía que ir por el lado del impuesto al Patrimonio". Pero, según explicó, "después de conversaciones en la OPP, en las que se me mostró una serie de argumentaciones y legislaciones comparadas, entiendo que el proyecto es adecuado".

En tanto, Frugoni declaró tras la reunión que "el proyecto apunta a desestimular la concentración de la tierra y seguir un camino de desarrollo e igualdad".

Sobre las críticas que surgen a la interna de la coalición, el director de la OPP indicó que "el proyecto es un instrumento más" y aseguró que "están en juego otras variables internacionales que pueden incidir sobre los resultados".

Por otra parte, Frugoni le restó trascendencia a las críticas que surgen desde la Asociación Rural y señaló que el gobierno "ha mejorado constantemente las reglas de juego", para el sector agropecuario.

"La valorización de la tierra es fruto de las políticas que ha desarrollado el gobierno en los últimos años y lo que se intenta es mejorar algunas reglas, haciendo un aporte al desarrollo del país", sentenció el director de la OPP.

El diputado Álvaro Vega (MPP) dijo a El País que "la eliminación al impuesto a los semovientes debería ser considerada por el Parlamento, en el entendido de que no es un impuesto en donde se note molestia para pagarlo por parte de los productores". El proyecto de ley, que elimina el tributo fue elaborado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y permanece a estudio de Jurídica de Presidencia de la República.

Según Vega, el impuesto tiene una escasa significación, pero "los intendentes cuentan con él y no están seguros de recibirlo por otro lado". El legislador insistió en que "se tiene que tomar en cuenta la opinión de los intendentes en este tema, porque son ellos los que manejan el fondo derivado de la recaudación". Por lo que aseguró que antes de aprobarlo "hay que pensarlo bien".

Por su parte, el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Gabriel Frugoni, planteó ayer que la eliminación del impuesto a los semovientes que propuso Economía, debe "estar atado al concepto del que rompe paga". Según dijo, se debe complementar con el concepto de la tasa de circulación vial, por la cual el transporte de carga que circula por las carreteras debe pagar por los daños que genera a nivel de infraestructura.