La fiscal especializada en crimen organizado Mónica Ferrero se expedirá en las próximas semanas respecto a la responsabilidad penal de varios empresarios proveedores de la Armada vinculados a las maniobras de "compras fantasmas" en esa fuerza, y que en el pasado mes de agosto motivaron los procesamientos de cuatro oficiales navales, entre ellos, el ex comandante en jefe Juan Fernández Maggio.
La jueza Graciela Gatti y la fiscal Ferrero han interrogado en los últimos días a más de una veintena de proveedores navales. La responsabilidad de los empresarios aparece, en muchos casos, sumamente comprometida, dijeron a El País fuentes de la investigación.
Tras tomarle declaración a los empresarios, ahora la Fiscalía resolverá si pide el procesamiento de alguno de ellos. Se estima que la resolución se conocerá recién en febrero, en virtud de que el próximo 23 de diciembre se inicia la Feria Judicial Mayor que paralizará la actividad en los juzgados hasta el 31 de enero.
Gatti y Ferrero procesaron con prisión a Fernández Mag-gio y a los oficiales Gerardo Feble y Pablo Da Costa, quienes fueron responsabilizados por la realización de una maniobra mediante la cual la Armada simuló la compra de una grúa hidráulica y un banco de pruebas para motores por US$ 600.000. Y sin prisión fue enjuiciado el oficial Danilo Damonte.
Precisamente, Damonte logró no ser enviado a la cárcel al llegar a un acuerdo con la Fiscalía. El marino entregó una carpeta con más de una docena de compras irregulares. A raíz de esa información es que fueron citados a declarar los proveedores implicados.
Los empresarios indagados son todos proveedores navales en diversos rubros: repuestos, vestimenta, papelería y materiales de construcción.
Según se probó en la investigación, en acuerdo con oficiales de la Armada, los empresarios facturaban compras inexistentes y luego reintegraban el dinero a la Armada. Incluso, en más de un caso, para realizar la maniobra, se utilizaron las sociedades anónimas de los proveedores.
A su vez, la jueza Gatti y la fiscal Ferrero indagan otras irregularidades en el manejo de fondos de la Armada, entre ellas, el destino dado a casi US$ 2.000.000 que estaban depositados en un banco en Alemania.
Las magistradas también investigan la compra, registrada en 2008, de 16 lanchas patrulleras por US$ 6.200.000, siendo que había otra oferta que era más conveniente para la Armada.