Argentina: polémica por fallo sobre exámenes de ADN

Buenos Aires - Una animada polémica se abrió en la Argentina a raíz del fallo de la Corte Suprema que en la víspera estableció que una joven, presunta hija de desaparecidos políticos, no está obligada a someterse a un examen de ADN para determinar su verdadera identidad.

Algunos juristas y un sector de la prensa consideró que el fallo, que la Corte dictó por siete votos contra uno, preserva el derecho a la privacidad y la intimidad de las personas.

En cambio, los organismos defensores de derechos humanos dijeron que se ha vulnerado el superior derecho de la comunidad a conocer la verdad. Uno de ellos, Abuelas de Plaza de Mayo, adelantó que recurrirá ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que pedirá el juicio político de los miembros de la Corte Suprema.

El presidente de la Corte, Carlos Fayt, aclaró a la prensa el miércoles que la decisión del máximo tribunal se aplica únicamente al caso de Evelyn Vázquez, una muchacha de 26 años. Pero es evidente que el fallo sienta un precedente que será tomado en cuenta por tribunales inferiores.

Evelyn nació durante el cautiverio de su madre, en una maternidad clandestina que funcionó en la base naval de Mar del Plata, a 400 kilómetros al sur.

Los jefes de la base naval entregaron la niña recién nacida al suboficial Policarpo Vázquez, quien la inscribió en el registro civil como hija propia. El propio Vázquez reconoció este hecho, por lo cual está procesado y estuvo detenido dos años y medio.

Según las Abuelas de Plaza de Mayo, los verdaderos padres de la niña serían Rubén Santiago Bauer y Susana Pegoraro quienes habrían sido ejecutados clandestinamente y hoy figuran entre los miles de desaparecidos de la dictadura militar instaurada en 1976.

Las Abuelas, que ya consiguieron identificar y entregar a sus familias biológicas a unos 400 hijos de desaparecidos, lograron que la jueza federal María Servini de Cubría dispusiera un examen obligatorio de ADN de Evelyn.

La muchacha, sin embargo, rehusó someterse al examen alegando que si se comprobaba su presunta identidad, ello acarrearía complicaciones penales para Vázquez y su esposa, a quienes considera como sus padres.

El fallo de la jueza Servini de Cubría fue apelado y llegó a la Corte Suprema.

El ex ministro de justicia Jorge Vanossi, recientemente elegido diputado por una coalición derechista, opinó que "estaban en colisión, por un lado, el derecho a la privacidad y por otro lado, la pretensión del esclarecimiento de una verdad colectiva. Creo que por tener mayoría de edad y por ser una persona con capacidad plena, el derecho de la chica (Evelyn) a elegir entre dos valores es un derecho que no se puede desconocer".

En cambio Alcira Ríos, abogada de las Abuelas de Plaza de Mayo, dijo que "la Constitución garantiza el derecho a la intimidad sólo si no se afectan el orden, la moral y los derechos de terceros, y esto sí se afecta en los casos de los hijos de detenidos-desaparecidos".

El abogado Ricardo Monner Sans, que logró la condena judicial de jerarcas de la dictadura, precisamente por el apoderamiento de bebés, dijo a la AP que "entiendo que lo individual no puede estar por encima de lo social, de lo que interesa a todos. La búsqueda de la verdad interesa a la memoria de un país. A mi modo de ver la Corte Suprema se equivocó, al jerarquizar valores de manera distinta a lo que establece la Constitución".

Evelyn, en declaraciones al diario La Nación, dijo que "estoy aliviada", pero que "todavía falta que se resuelva la situación legal de mi papá", en referencia al suboficial Vázquez.

Admitió que "algún día querré saber mi identidad. Sé que en algún momento me va a nacer esa necesidad de saber mi identidad. Si ahora no me surgió es porque estoy pasando por momentos difíciles. Mi papá estuvo preso dos años y medio. Me querían sacar los documentos. Me querían sacar sangre por la fuerza. Fue muy duro". AP