La Cámara de Representantes aprobó ayer por amplia mayoría (54 en 56), un proyecto de ley por el que se dispone la creación de un Registro Nacional de deudores y garantes, personas físicas o jurídicas, cuyas garantías reales o personales hayan sido rematadas a partir del 1º de julio de 2002.
La propuesta pasará ahora a ser considerada en la Cámara de Senadores.
La idea, procedente de la comisión de Hacienda, se concretó a los efectos de implementar políticas de atención básica en materia de vivienda y de reincorporación de esas personas a la actividad productiva.
Según esta iniciativa, se trata de atender a los deudores y garantes que por no poder acogerse a ninguna fórmula de refinanciación, perdieron los bienes con los que respaldaban las deudas.
Las personas que podrán ser anotadas en este registro son aquellos a quienes por ser deudores o garantes hayan perdido la vivienda única del núcleo familiar, el único inmueble asiento de la actividad comercial, productiva o de servicios, o bienes muebles principales para el desarrollo de su actividad comercial, productiva o de servicios.
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