A principios de 2009 el Poder Judicial puso en marcha el sistema de notificaciones por correo electrónico, mediante el cual los abogados reciben en una casilla especialmente asignada las resoluciones adoptadas por Juzgados y Tribunales de Apelaciones civiles, laborales y de Familia.
El nuevo mecanismo impulsado por la Suprema Corte de Justicia se financió mediante un préstamo otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo. En una segunda etapa el sistema se aplicará en las sedes penales, a las cuales por el momento no abarca.
En este sentido, un informe publicado en la edición de diciembre de la revista "La Tribuna del Abogado" que edita el Colegio de Abogados del Uruguay, señala que la protección penal del correo electrónico "es prácticamente nula" ya que no existe una norma que castigue concretamente la apropiación de información contenida en un e-mail. Y eso puede afectar "de modo especial" el sistema de notificaciones electrónicas.
El estudio, realizado por el abogado Florencio Macedo, docente de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, alerta los riesgos de que la casilla de correo de un abogado sea interceptada por un hacker que extraiga información relativa a un expediente.
Macedo sostiene que la solución adecuada ante este tema es la "modernización" del sistema normativo aprobando leyes que se anexen al Código Penal (vigente desde 1934) y que "describan de forma estricta las conductas que se quieren penalizar" en relación a la usurpación de información contenida en la notificaciones electrónicas.