LIBRE COMERCIO

Comunistas y sector de Constanza Moreira cuestionan la falta de información sobre el acuerdo.

VALERIA GIL

En el Frente Amplio se elaboraron dos informes diferentes sobre la conveniencia de un Tratado de Libre Comercio con Chile (TLC). El negativo —redactado por el Partido Comunista y Casa Grande— concluye que se afecta la ejecución de políticas públicas, mientras que otro del astorismo enumera las ventajas que tiene el acuerdo para el crecimiento de la economía.

El documento titulado "Inconvenientes de aprobar el Tratado de Libre Comercio Uruguay-Chile" —al que tuvo acceso El País— se queja de la ausencia de información en tiempo y forma para la discusión dentro de la coalición.

"El Poder Ejecutivo debe informar cuando comienzan negociaciones vinculadas a cualquier acuerdo comercial bilateral o multilateral. La confidencialidad no excluye el deber de cumplir con el protocolo de informar a la fuerza política sobre el inicio y el avance de las negociaciones", señala el texto del documento a consideración de la Comisión de Asuntos y Relaciones Internacionales del Frente Amplio (Carifa).

Lamentan que el tratado se negoció en ocho meses, y luego de firmado solo se subió la información a la página web de la Cancillería; pero no se informó ni a la sociedad civil ni al FA sobre el tema. En la opinión de comunistas y del sector de la senadora Constanza Moreira "la desregulación" que imponen estos acuerdos comerciales "podrían poner en entredicho la subsistencia de sectores clave o el desarrollo de nuevas áreas estratégicas" para el país.

Como ejemplo se señala que el TLC de Uruguay con México lleva 15 años de aprobado, y no se ha realizado una evaluación de impacto, lo que permitiría tomar decisiones más certeras y alineadas con la estrategia país de desarrollo.

Además se considera que Uruguay está en desventaja porque "no cuenta con equipos sólidos para la negociación de estos tratados" a pesar de que el Frente Amplio está gobernando por tercera vez consecutiva. En particular, entienden que existe una "gran carencia" en las negociaciones vinculadas a capítulos de propiedad intelectual y comercio electrónico.

Para rechazar la firma del TLC se basan en que "Uruguay ya tiene acuerdos comerciales de bienes y servicios" cuyo TLC "no hace más que reproducirlos", y cuenta con un tratado bilateral de inversiones y acuerdos de contratación pública.

A eso agregan que "este tipo de acuerdos presentan cláusulas de nueva generación, nunca discutidas" y propias del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP), que apuntan a las regulaciones y no a los aranceles. "Es extraño que cláusulas que provocaron la salida de las negociaciones del TISA, ahora se quieran integrar a un acuerdo con Chile", dicen. "En este contexto, sería consistente pensar que se quiere allanar, con la firma de este acuerdo, el camino para el ingreso de Uruguay en el TISA y el TPP", señala el documento.

En lo relativo al comercio electrónico, se establecen medidas que restringen el desarrollo de políticas para regular plataformas como Uber o Netflix. Además se cuestiona el Tratado de Cooperación de Patentes (TCP) que también espera por ratificación parlamentaria al afirmar que los beneficios no serán "ni directos ni automáticos". Se evalúa que el sector farmacéutico y el sistema de salud serán los más afectados, ya que el ingreso del país al TCP podría generar un incremento de costos en la fabricación de medicamentos, el cierre de empresas, y una suba de precios de los medicamentos, impactando además sobre los costos del Sistema Integrado de Salud.

La Mesa Política del Frente Amplio aprobó ayer en Durazno el plan de trabajo que tiene validez hasta el año 2020.

La coalición se propone "retomar la ofensiva política e ideológica", renovar sus cuadros políticos y ampliar su base de diálogo con profesionales universitarios y jubilados. Se fija el segundo semestre del año próximo como fecha para aprobar candidaturas para 2019.

Al contrario de lo que opinan el Partido Comunista y Casa Grande, el Frente Líber Seregni enumera los beneficios concretos que el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Chile que, dice, "podrán tener un impacto positivo en la economía".

Se asegura que "los proveedores de servicios uruguayos podrán acceder al mercado chileno con claras ventajas y además se podrán incluir beneficios fiscales por tener con este país un acuerdo para evitar la doble imposición. Por ejemplo se menciona que se otorga "un espaldarazo a la dinámica industria del software de nuestro país".

Según afirman, el acuerdo no altera la normativa vigente en temas sensibles y normalmente provistos o regulados por el Estado, tales como la educación o la salud, ya que ambos sectores están excluidos de la negociación. Como ventaja se señala que el Estado se compromete a generar herramientas para que las Pymes se puedan beneficiar del TLC de forma concreta por medio de talleres de formación y asesoría jurídica.

Para respaldar la ratificación del TLC con Chile se cita al programa del Frente Amplio, en cuanto a que la inserción internacional debe partir de región.