ARGENTINA

Viejos y fallidos remedios para una inflación que se acelera

La inflación se instaló como un serio problema en la economía argentina. El gobierno insiste con viejas recetas de acuerdos de precios y salarios para resolver un problema fruto del déficit fiscal.

Alberto Fernández, presidente de Argentina. Foto: AFP
Alberto Fernández, presidente de Argentina. Foto: AFP

Como en tantas otras oportunidades en la historia económica argentina, el gobierno quiere volver a los fallidos acuerdos de precios y salarios creyendo que el problema de la inflación es un problema de puja distributiva, en vez de entender que es un problema de expansión monetaria derivada del déficit fiscal.

La tasa de inflación núcleo apunta al 77% anual y el IPC, con tarifas congeladas, tipo de cambio pisado y precios máximos, está en el 60% anual.

Tomando la inflación promedio anual por décadas, comenzando en la década del 40, se observa que en la década que va de 2011 a 2020 ya estamos en la tercera década de inflación más alta luego de las décadas del 70 y del 80.

Si creen que pueden frenar el problema inflacionario con un acuerdo de precios y salarios, con el gigantesco déficit fiscal que tiene el sector público y la expansión monetaria necesaria para financiarlo, están muy equivocados.

Es más, tomando solo el IPC, los salarios vienen aumentando por debajo de la tasa de inflación. Entre noviembre 2020 y noviembre 2019 el IPC aumentó el 36%, los salarios privados en el sector formal el 34,2% y los salarios del sector público el 27,4%, de acuerdo a datos del INDEC. Claramente hay una licuación del gasto público en salarios y jubilaciones.

Los empleados del sector privado, hasta noviembre, perdieron poco frente a la inflación. De todas formas, hay un serio problema de desocupación que va a llevar tiempo recuperar los puestos perdidos por causa de la cuarentena.

En base a los datos que mensualmente informa la AFIP sobre la cantidad de empresas que presentan sus declaraciones juradas de aportes y contribuciones, al mes de octubre había 17.291 empresas menos que en febrero de 2020, el mes completo anterior al inicio de la cuarentena.

En lo que hace a empleados en el sector privado, se registran 203.541 puestos menos en octubre que en febrero, en tanto que el sector público lo aumentó en 1.380 personas.

En el mejor de los casos, por un tiempo el gobierno puede evitar que los salarios reales sigan cayendo, lo que no va a poder lograr es mejorar la tasa de desocupación. Va a llevar varios años recuperar los puestos de trabajo que se perdieron por la cuarentena, y más en estos momentos en que lo que menos se hace es atraer inversiones.

Por el lado de la recaudación tributaria, luego de la fenomenal caída de ingresos impositivos cuando la cuarentena estaba en su apogeo, en enero los ingresos tributarios aumentaron el 46,6% con relación a enero del año pasado, superando la tasa de inflación.

De todas maneras, de los impuestos que marcan el nivel de actividad, el IVA DGI aumentó el 28,8%, bastante por debajo de la tasa de inflación mostrando la retracción económica que aún existe. El impuesto al cheque creció el 34,6%, algo por debajo de la tasa de inflación.

La mejora en los ingresos impositivos se produjo por un fuerte aumento de los derechos de exportación que crecieron el 231%, explicando el 22,6% del incremento interanual de los ingresos impositivos.

Por el contrario, las contribuciones patronales solo aumentaron el 25,1% reflejando el problema desocupación que tenemos y los aportes personales subieron el 28,6%.

Considerando un incremento promedio del 32% de los sueldos en el sector formal de la economía, entre sector privado y sector público, es claro que la diferencia se explica por el aumento de la tasa de desocupación.

De cara a las elecciones de octubre, el gobierno tiene que tratar de evitar que la inflación se le desboque. Para instaurar un proyecto hegemónico, el kirchnerismo necesita hacer una muy buena elección, algo que, salvo imponderables, no parece estar a la vista. Como están dadas las circunstancias, todo parece indicar que el kirchnerismo podría eventualmente ser la primera minoría en las elecciones pero sin que le alcance para hacer reformas institucionales que le aseguren el poder absoluto. Para eso no tiene que crecer el descontento económico y, dada la ausencia de un plan económico y la falta de confianza que hay en el gobierno para atraer inversiones, lo único que le queda es recurrir a los viejos y fracasados acuerdos de precios y salarios.

Cambiemos tiene un piso firme de adhesiones, pero carga la mochila de una muy mala gestión económica en el período 2015-2019. Para mejorar su imagen en ese aspecto tiene que conseguir economistas que muestren una nueva oportunidad económica, que tengan buena capacidad de comunicación y que sean creíbles. Hoy Cambiemos no dispone de economistas que puedan darle un impulso en el motor que les falló, que fue la economía. Si quieren mejorar en ese campo, tendrán que recurrir a extrapartidarios con llegada y trayectoria, al tiempo que todo Juntos por el Cambio tendrá que alinearse con un discurso más pro mercado y menos redistribucionista como tuvo en el pasado. La gente está harta de financiar empleo público y subsidios sociales. En otras palabras, tiene que volver a conquistar a esa clase media de la cual creía que tenía el voto cautivo y podía castigarla con impuestos y tarifazos y no iba a perder su voto. Ahora tiene que volver a enamorarla desde lo económico. En lo institucional, Juntos por el Cambio hizo un buen trabajo al igual que en materia de política internacional.

En este año electoral, el gobierno va a apostar todas sus fichas a tratar de disimular las crecientes tensiones inflacionarias con controles de todo tipo, con lo cual cabe esperar serios problemas de desabastecimiento, agravados por la falta de dólares a precios artificialmente bajos, lo cual restringirá la importación de bienes de consumo y, sobre todo, de insumos para la escasa producción que pueda haber.

En síntesis, la inflación nuevamente se instaló como un serio problema en la economía argentina y, lamentablemente, el gobierno insiste con viejas recetas de acuerdos de precios y salarios para resolver un problema monetario fruto del déficit fiscal.

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