Tras varias columnas alejado de la coyuntura, vuelvo a ella para ponernos al día.
En materia de actividad económica, 2023 terminó más flojo de lo esperado (creció 0,4%) pero en los primeros meses de 2024 ya se advierte un cierto “despegue” del nivel de actividad. Según el IMAE, la economía creció 3,4% (desestacionalizado) entre diciembre y abril. De acuerdo con la encuesta de expectativas de junio, para el segundo trimestre se espera una variación interanual de 3,15%.

Dejando de lado factores extraordinarios y pensando en lo que sería su “núcleo”, el crecimiento del PIB en 2023 estuvo por encima del 0,4% observado y, por el contrario, en 2024 estará por debajo del 3,0% proyectado por el MEF y del 3,35% esperado por el sector privado según la encuesta referida.

De este modo el quinquenio terminará con un crecimiento del orden de 6% y la década 2015-2024 con uno en torno a 11%, apenas 1,1% anual. Se trata del peor desempeño para una decena de años desde la de 1996 a 2006, con la gran crisis incluida (1,0% anual).

El mercado de trabajo es el ámbito de las mejores noticias. El empleo sigue firme y el salario real ya supera los niveles previos a la pandemia. De este modo, la masa salarial real, que había perdido pie con relación al PIB en 2021-2022, ya está 7% por encima de 2019.

En el caso del empleo, tras la pérdida de 54 mil puestos de trabajo en 2015-2019 y la de 58 mil en 2020, cuando estalló la crisis sanitaria, hubo un aumento de 135 mil ocupados en 2021-2023, cifra que se sigue engrosando en el año en curso.

La tasa de inflación se metió en el rango meta (3% a 6%) del mismo modo en que lo había hecho algunas veces antes, pero esta vez con las expectativas en el horizonte de la política monetaria (24 meses) en el techo del 6,0%. Es decir que desde el eje de la “zona de confort” que prevaleció durante muchos años (8%) en este período se habrá logrado abatirla en dos puntos porcentuales.

Esa reducción de la inflación ha dejado como daño colateral al tipo de cambio real (TCR) en uno de los peores niveles de nuestra historia, lo que notoriamente afecta cada vez a más sectores y más diversos. Y ello ha ocurrido por la inconsistencia entre las políticas económicas. Nuestro TCR con fuera de la región (que excluye de la cuenta a nuestros peculiares vecinos) cayó considerablemente en 2022 y la mayor parte de 2023, estabilizándose luego. Eso sucedía al mismo tiempo que caían nuestros precios de exportación: el dólar relativo al IPC se hundía en vez de subir, cuando un shock externo negativo normalmente tiene como contrapartida una depreciación de la moneda local y no su apreciación.

En junio, el nivel del TCR comparado con el nivel promedio de lo que va del siglo, estuvo 28% por debajo en el caso de la extra región, 39% por debajo en al caso de Brasil, 8% por debajo en el caso de “Argentina comercial” y 35% por debajo en el caso de “Argentina turismo”.

Como hemos visto antes, los problemas de competitividad de nuestro país tienen dos fuentes: una estructural (mercado chico, Estado caro, vacas atadas) y otra cambiaria. La resolución de cualquiera de ellas no permite resolver los problemas causados por la otra, por lo que ambas causas de los problemas deben ser enfrentadas. Más allá de lo que se pueda avanzar con los temas estructurales que aumenten nuestra productividad (lo que, si se hiciera, llevaría mucho tiempo), es imperioso ir lo más pronto posible a un tipo de cambio más alto relativo al IPC.

El cambio que se viene observando en Argentina nos favorece por el lado de la relación bilateral de precios y los uruguayos ya no viajamos allá con la intensidad de los años pasados. Esto tiende a abatir el desvío de consumo que se venía dando y ahora estamos gastando y pagando más impuestos en este lado de los ríos. Sin embargo, el beneficio no será completo, dado que el deterioro del ingreso de los hogares argentinos no dará lugar a venidas masivas de turistas como sucedía en el pasado, ante diferencias de precios como a las que estamos yendo.

El año pasado, el resultado fiscal (excluyendo al “efecto COVID”) empeoró por segundo año consecutivo, desde el déficit de 2,4% del PIB en 2021 hasta el de 3,8% del PIB. En el inicio de este año se observó un nuevo deterioro fiscal que elevó al déficit, a mayo, a 4,4% del PIB, número que sería aún mayor si no hubiera aumentado en tres décimas del PIB la deuda flotante de la Tesorería (impagos).

Por lo tanto, se está cada vez más lejos del objetivo planteado en la Ley de Presupuesto, de llegar a un déficit fiscal total de 2,5% del PIB en 2024. Y eso, con un PIB que luego fue reestimado (debido a un cambio de base de las cuentas nacionales) más de un 9% por encima del considerado en esa oportunidad, por lo que aquella meta, ajustada por ese factor, sería de 2,2% del PIB. En cambio, cada vez se parece más al déficit heredado (4,4% del PIB).

Foto: Leonardo Mainé

La deuda pública bruta, que había saltado hasta 74,4% del PIB en 2020, con la crisis sanitaria, cerró el año pasado en 69,0% del PIB; mientras tanto, la deuda pública neta de activos externos (sin encajes bancarios) y de activos con residentes, que llegó a 48,0% del PIB en 2020, terminó 2023 en 49,5% del PIB. En ambas definiciones, subió entre medio y un punto porcentual del PIB en el año pasado. Mientras tanto, en el primer trimestre de 2024 ambos indicadores registraron saltos de entre dos y tres puntos del PIB.

Por último, el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos se viene reduciendo (bajó a 3,4% del PIB en los 12 meses a marzo) de la mano de un creciente ahorro neto del sector privado que más que compensa el deterioro referido en el déficit fiscal.

En fin, como suele suceder, verdes y maduras en la coyuntura.