Uruguay caro, Estado caro

Deborah Eilender (*)

“Es una sensación generalizada que Uruguay es un país caro. El café baja automáticamente de precio solo por cruzar unas cuadras en el Chuy. La pasta de dientes sale menos en varios países europeos, aunque tengan ingresos considerablemente más altos. Los extranjeros que nos visitan suelen quejarse de precios significativamente mayores a los de sus países de origen. Y así se podría seguir con un ejemplo tras otro.”

Así comenzaba una columna publicada en este mismo espacio hace casi un año. Y la descripción sigue vigente.

En aquel momento apunté contra los bienes transables, es decir, aquellos que pueden comerciarse con el resto del mundo. Estos deberían regirse por la ley de un solo precio: productos idénticos tendrían que costar lo mismo en todas partes, salvo por diferencias asociadas al transporte. Sin embargo, en Uruguay esto no ocurre. Los desvíos de precios existen y son persistentes. En comparación con un pool de países, Uruguay es en promedio un 27% más caro.

Estos desvíos se asocian, entre otros factores, a una baja intensidad competitiva en el mercado doméstico y a una elevada dependencia de insumos importados. Es decir, hay poca competencia a nivel importación, por lo que los productos ya ingresan al país con precios elevados, mucho antes de llegar a la góndola.

El gobierno ha anunciado una agenda de reformas en esta materia, orientada a reducir cargas burocráticas en algunos casos y agilizar procesos en otros. Toca esperar para cuantificar el impacto de las medidas, pero al menos la discusión parece estar instalada.

Esta vez toca apuntar contra los no transables, aquellos bienes y servicios que no pueden exportarse ni importarse, por lo que su oferta y demanda dependen exclusivamente del mercado local.

El principal componente no transable de cualquier economía son los salarios. Y los salarios uruguayos son altos en comparación con los de la región. Si bien remuneraciones más elevadas implican mayores costos para las empresas, que eventualmente se trasladan a precios, también son reflejo de mayores niveles de ingreso y bienestar. Es, sin duda, una diferenciación positiva con respecto a nuestros vecinos.

Pero existen otras variables no transables que no necesariamente son deseables por el simple hecho de ser más caras que en el resto de América Latina. De hecho, todo lo contrario. En esa bolsa entran los combustibles y la electricidad. En ambos casos, Uruguay se ubica en el podio de más caro de la región.

Los combustibles suelen estar en el centro de la discusión pública. Más aún desde que la guerra en Irán generó presiones sobre el valor internacional del petróleo. A esto se suma que los combustibles cargan con sobrecostos asociados a otras actividades deficitarias de Ancap, lo que termina reflejándose en el precio final en el surtidor.

Estefania Leal/Archivo El Pais

El caso de la tarifa eléctrica es distinto. No necesariamente responde a ineficiencias. Por el contrario, la transición energética uruguaya es considerada un caso de éxito. Hoy Uruguay cuenta con una matriz de generación limpia y eficiente, lo que conlleva beneficios económicos y estratégicos.

Hoy UTE registra resultados superavitarios, permitiéndole distribuir utilidades por US$ 200 millones anuales a Rentas Generales. Frente a esta realidad surge la pregunta lógica: ¿existe margen para que parte de esos recursos se traduzcan en tarifas más bajas para hogares y empresas?

Aunque los casos de Ancap y UTE difieren enormemente, comparten una característica relevante: sus precios se ubican por encima de sus homólogos regionales. Y dado que tanto la energía eléctrica como los combustibles son insumos utilizados en prácticamente todos los sectores de actividad, sus mayores costos terminan permeando al conjunto de la economía.

Esto afecta a la población por partida doble. Por un lado, porque consume directamente combustibles y electricidad más caros. Por otro, porque esos mayores costos de producción terminan trasladándose, al menos parcialmente, a los precios finales de bienes y servicios.

Otro factor que encarece la producción y la vida cotidiana son los impuestos. La carga fiscal uruguaya se ubica en 27,3% del PIB, cuando el promedio de América Latina y el Caribe se sitúa en 21,7%, según datos de la OCDE. Cabe aclarar que este guarismo contempla únicamente lo recaudado por DGI y los aportes a la seguridad social más Fonasa. Si se incorporaran otros recursos que el sector privado transfiere al sector público (como tarifas, multas o sanciones), la carga total sería aún mayor.

Todos estos componentes representan costos superiores al resto de la región. Y tienen una característica importante: no afectan a un sector específico, sino son una constante que atraviesa a toda la economía.

A excepción de los salarios, el resto de estos factores depende directamente de decisiones estatales. La carga tributaria, las tarifas públicas y la distribución de utilidades de empresas públicas (además de UTE, también se encuentran Antel y BROU, que distribuyen alrededor de US$ 200 millones y US$ 500 millones, respectivamente) son distintos mecanismos para el financiamiento del sector público. Del otro lado de la ecuación, sostienen el nivel de gasto del Estado.

¿Qué implica esto?

Que hablar de un Uruguay caro también implica, al menos en parte, hablar del tamaño del Estado y de la forma en que se financia. Cualquiera puede ver que Uruguay es caro. El gobierno está trabajando en algunas medidas para tratar de abaratar los precios transables. Pero todavía tenemos pendiente una conversación igual de honesta sobre los costos locales que también explican por qué Uruguay es un país caro para vivir y caro para producir.

(*) Las opiniones expresadas en el artículo son propias de la economista Debora Eilender y no comprometen a ninguna institución de la que forme parte.