OPINIÓN

"El sector público no suele generar riqueza, pero sí las condiciones para una economía más eficiente. Son los bueyes los que tiran del carro, no a la inversa".

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Cuando esta columna sea publicada ya se conocerá el resultado preliminar del PIB correspondiente al 4º trimestre y el año completo 2018, así como los datos de Balanza de Pagos y deuda pública a fines del año pasado. Seguramente no traerán buenas noticias. Durante el trimestre final de 2018, el núcleo industrial aceleró su tasa de caída, la encuesta de la Cámara de Comercio y Servicios muestra contracción generalizada de la actividad, al igual que las importaciones y exportaciones de bienes medidas en volumen físico y, la principal exportación de servicios, el turismo, retrocede desde el segundo trimestre del año pasado. La recaudación acentuó su caída en términos reales, en especial la vinculada al consumo. Quizás el único sector que mejore sea el agrícola por la buena cosecha de invierno, y el pecuario, lo que no significa que esté en vías de solución su problema de competitividad pero, al menos, el clima jugó a su favor.

Si lo anterior se confirma, la economía sumará cuatro años de estancamiento al cual, lo más probable, es que adicione el corriente 2019, culminando un quinquenio sin ningún progreso en la producción de bienes y servicios. Se puede aducir que el barrio no ha ayudado y es cierto, pero también tenemos daños autoinfligidos que requieren una sustancial alteración del rumbo adoptado. La principal causa del daño es la base ideológica en la toma de ciertas decisiones claves, tanto de qué hacer, como de qué no hacer, conjuntamente con el mágico pensamiento, desmentido por la realidad, que la burocracia pública tiene un accionar “benevolente”. Olímpicamente se soslaya el hecho que las burocracias -públicas y privadas- tienen vida propia y que, si se las deja actuar con cierta libertad, como ocurre hoy en Uruguay, crearán todo tipo de reglamentos “que les den importantes tareas a su cargo”. La burocracia pública se mueve por el poder, y éste está en función de las tareas que asume, en cantidad e importancia; a mayor cantidad, mayor personal a cargo y, entonces, mayor poder concentra. Hace varias décadas que se sabe que esto es así. Siendo de esa manera, es fácil imaginar qué sucede en un país donde el empleo público crece casi 30% en 12 años, cuando su población casi no lo hace y la relación empleados públicos a población total llega a máximos.

La lista es larga y los ejemplos se cuentan por centenas. Algunos ya revisten carácter de anécdota cómica, pero en el fondo son una comedia dramática. El último relevante conocido es la ley que obliga a toda empresa con 5 o más empleados a tener un médico especialista en salud laboral y un técnico prevencionista, independientemente de la actividad y su historial. Si tiene de 5 a 50 empleados, los citados técnicos deberán elaborar un informe cada 6 meses, entre 51 y 300 dependientes uno por trimestre y empresas con más de 300 funcionarios deben incorporar o contratarlos de manera permanente. Al parecer nadie imagina el costo que una regulación de este tipo tiene en el sector privado y, su correlato, el impacto de mediano plazo en el volumen de inversión y empleo.

Tampoco quienes crearon y votaron la ley parecen conocer que ya existen leyes de responsabilidad, civil y penal para los mandos altos y empresarios, que fue modificada en la muy discutida ley de responsabilidad penal empresarial cuya aplicación judicial es infinitamente más equilibrada y mejor que su texto -de hecho hasta el momento no se han escuchado discrepancias en su aplicación-; que también existe un seguro obligatorio de accidentes y enfermedades laborales por el cual se abona una prima y que, si en una empresa los casos salen fuera de lo normal, dicha prima aumenta. Meramente estas dos consideraciones hacen totalmente innecesaria la nueva regulación legal.

El caso planteado, aunque no lo parezca, lejos está de ser menor en su efecto y, sobre todo, constituye un revelador indicador del elefante blanco que se ha construido. Por ello, además de las enormes tareas que tendrá la próxima administración, si es que está decidida a transformar el país y sacarnos del estancamiento, también deberá revisar el presupuesto nacional renglón a renglón, las leyes y decretos artículo a artículo, cuestionarse en todos los casos su necesidad y, en caso de respuesta positiva -que seguramente sean muchas-, pensar si la tarea no se puede hacer de manera diferente, más eficiente, o si la regulación no debe ser simplificada.

Durante la primera administración del Dr. Vázquez se puede discutir si el sentido de los cambios era el correcto o no, pero algunos cambios se impulsaron. Luego de 2009 nada ha pasado salvo enredar la madeja, haciendo complejo y costoso lo simple mediante la imposición de obligaciones sin sentido sobre quienes trabajan y hacen progresar al país.

Entonces, no solamente se precisa una amplia y comprehensiva reforma de la Previsión Social, una reforma tributaria simplificadora de la actual maraña y pro competitividad, decidirse a hacer tratados de comercio para mejorar la estructura productiva, cambios en la educación y la seguridad, reducir el déficit fiscal y mejorar la infraestructura, sino también revisar los más diversos marcos regulatorios y liberar recursos productivos.

Si el sector privado no tira del carro no habrá crecimiento, el gasto solo es posible cuando hay recursos y éstos se generan del lado de la oferta (la producción). El sector público no suele generar riqueza, pero sí las condiciones para un accionar más eficiente de toda la economía. Algo tan básico y sencillo parece no comprenderse, son los bueyes los que tiran del carro, no a la inversa.