Opinión
La próxima administración va a recibir una situación complicada en varios terrenos, y si hay voluntad de cambiar las cosas, los primeros meses prometen un ritmo de vértigo.
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En efecto, y sin pretender ser exhaustivo, es claro que hay que lograr una inserción internacional que hoy no tenemos, transformar el sistema previsional, enfrentar un déficit de 2500 millones de dólares, ocuparse en serio de la inseguridad y combatir el narcotráfico, reformar el relacionamiento entre sindicatos gobierno y empleadores, impulsar cambios en la infraestructura, reformar la enseñanza, replantear las tarifas públicas, todo lo cual parece una tarea formidable, ciclópea, casi imposible si no toma al país en crecimiento. Porque reformas duras en un contexto de recesión y desempleo, resultan casi imposibles.
El campo. No es que por escribir de temas de política agrícola yo crea que todo pasa por el sector agropecuario. Lo que ocurre es que, en este caso, es absolutamente así; lo que queda en evidencia mirando una ecuación de economía global, la de oferta y demanda finales. En efecto, si se analizan los componentes de esta ecuación, y descartando como driver de crecimiento el gasto del gobierno, se puede apreciar que aquel crecimiento no podrá provenir de varios de los componentes de aquella ecuación. No puede venir del consumo, porque nada hace pensar que pueda crecer, en un contexto de pérdida de puestos de trabajo y con un ambiente recesivo. No puede venir tampoco de la inversión pública, ya topeada muy probablemente en sus posibilidades de financiamiento. Es muy difícil que venga de la inversión privada, hoy en caída, y en un contexto institucional malherido por los desbordes sindicales, la persecución tributaria, y el desmerecido respeto a los derechos de propiedad. Si de ninguno de estos factores se puede esperar generación de dinamismo a corto plazo, solo nos quedan las exportaciones como única posibilidad. Y éstas son de origen agropecuario mayormente.
En definitiva, si el campo no responde muy fuertemente, no puede esperarse demasiado en materia económica, y sin crecimiento o al menos expectativas importantes, es difícil que se puedan implementar reformas duras.
Hacen falta varias medidas para impulsar esa capacidad dormida. En otra columna detallé un conjunto de acciones vitales para intentar generar un shock cuya respuesta sea crecimiento y “cinchada” de toda la economía. De entre ellas, hay varias que no suponen un costo fiscal, y tienen más que ver con aliviar al empresario de un conjunto de ominosas tutelas, que suponen no solo costos sino una minusvaloración humillante del trabajo del empresario, y de su libertad para generar y disfrutar del lucro que pueda lograr. Pero hay otras que suponen un costo económico cuya puesta en práctica supone mucho más que un “afloje” tributario; implican un reconocimiento capaz de cambiar expectativas del negocio en uno de sus riesgos hoy más temibles: el riesgo de un gobierno enemigo del campo, capaz de amenazar con más tributos, con más intervenciones, con agravios por las camionetas, los caminos, todo lo que además esconde un desconocimiento tremendo de la actividad.
Tributos. Un impuesto que debe desaparecer no solo por sus consecuencias económicas sino por todo lo que significó como agravio a la actividad agropecuaria, más todavía a la ganadera, es el Impuesto al Patrimonio en su versión socialista actual. Todos tenemos muy claro que, derogado por inconstitucional aquel impuesto ideológico de la ignorancia y el resentimiento que fue el ICIR (Impuesto a la Concentración de los Inmuebles Rurales), se lo sustituyó con la inclusión de la tierra en el Impuesto al Patrimonio, algo que por iniciativa de Jorge Batlle había desaparecido en la reforma de 1996, en mi opinión por lejos la mejor. El factor tierra, gravado por varios tributos, no parece sensato que siga soportando esta presión que además de su costo económico tiene aquel origen humillante. Hoy el IP recauda 42 millones de dólares, y sacándole la tierra del activo, volvería a su recaudación de entre 10 y 15. Y el otro impuesto humillante por su carga de demagogia y agravio, como si el agro no tuviera en cuenta la educación, es el Impuesto de Primaria, que también grava la tierra, recaudando hoy 17 millones de dólares. Debe recordarse que se lo presentó como una especia de reparación por la “injusticia” de que el agro no ayudara a la escuela. Como si de los 300 millones de dólares de recaudación no hubiera para aportar a Primaria...
Expectativas. Este cambio de humor que debe transformarse en expectativas favorables y crecimiento económico a partir de un reconocimiento explícito de la relevancia de la actividad, reclama también cambios institucionales: sobre la forma de regular cualquier cosa, sobre la política de combustibles y la antipolítica de biocombustibles, sobre negociaciones internacionales hoy totalmente ideologizadas, sobre el abuso sindical…
Son muchos temas, pero empezar con un rumbo claro es todo.