Rendición de Cuentas: posiciones antagónicas, como ya es costumbre

Como siempre ocurre en ocasión de la revisión de las cuentas del sector público y de las perspectivas sobre la conducción económica y financiera que se plantea en la discusión de la Rendición de Cuentas, la política fiscal pasa a ser sumamente importante, central y controversial. Es que, por un lado, se dan a conocer las limitaciones que implica el manejo de los instrumentos de esa política –el gasto público y los impuestos— y por otro surgen reclamos por aumentos en los montos para cumplir determinados objetivos por el sector público. En esta oportunidad, desde un sector —el oficial— se plantea que se siga cumpliendo con los tres compromisos que plantea la “regla fiscal” y, desde otro sector –el del partido opositor al gobierno— se asegura que la regla se está incumpliendo y que por falta de transparencia en la información, no se desnudan los cambios que hay en las metas de déficit y en los aumentos de los topes de gastos y deuda que la regla incluye y exige.

Las posiciones

La política fiscal se lleva adelante a través de las variaciones en el gasto público y en las de los impuestos, así como en las formas de financiamiento del resultado financiero que se concrete. Es entonces cuando surgen las propuestas antagónicas, la de quienes desean mantener el equilibrio fiscal sin cambios significativos en el gasto y sin variantes en los impuestos y la de quienes, desean aumentar el gasto y financiarlo —aunque no se dice—, con mayor recaudación impositiva, sea con nuevos impuestos, sea con aumentos de tasas de los existentes o con nuevas formas para su cálculo. La historia fiscal de la administración del gobierno anterior no solo respalda esa reflexión; también permite anticipar que sería con incrementos de la recaudación de impuestos sobre los ingresos, sobre la ganancia y sobre el patrimonio de empresas y de particulares. O, también, con más endeudamiento a pagar por futuras generaciones.

No se observan, por fuera de los reclamos de mayor gasto y el silencio sobre los impuestos u otras formas que lo financiarían, que haya repercusiones y opiniones de parte de los contribuyentes que serían seguramente alcanzados. Es que el costo de agruparse de los que lo soportarían es alto y prohibitivo y entonces a los contribuyentes los defienden quienes piensan por otro lado, que los aumentos de gastos se pueden sustituir progresivamente, haciendo al gasto actual menos ineficaz en algunos casos y con resultados más eficientes en otros.

La voluntad de no acudir a una mayor recaudación vía un incremento en la presión impositiva la sostiene el oficialismo, algo que no solo ha estado en su programa de gobierno sino que lo ha ratificado con disminuciones del impuesto a la renta personal y del impuesto que grava a las jubilaciones y pensiones. La evidencia muestra la preocupación oficial por el contribuyente.

Efectos, consecuencias y conclusiones

Lo interesante es plantear algunas consecuencias que tendría en caso que no se cumpla la muy disputada “regla fiscal”, y el resultado financiero del sector público fuera negativo y superara lo establecido por la regla. En esa alternativa, cuyo objetivo sería no perjudicar a los contribuyentes, la imposición de nuevos impuestos no sería la solución. Y no lo sería porque, como ya existe experiencia, el aumento de impuestos disminuye el ingreso disponible para gastar en consumo e inversión por parte de los sujetos gravados —individuos y empresas—, lo que reduciría la demanda agregada por baja en el consumo y en la inversión y afectaría adversamente a la producción de bienes y de servicios y bajaría el empleo y el ingreso general.

Tampoco lo sería porque, además, los destinatarios de la recaudación en los programas a los que supuestamente apuntan, como mejoras de situaciones sociales, no recibirían el monto que en más, adicionalmente, gravaría a los contribuyentes. En el camino desde el origen del pago de los contribuyentes hasta el destino —hasta su usufructo por los beneficiarios a los que se apunta—, el monto se detiene en varios lugares que son necesarios para su administración y que implican, obviamente, gastos para llevarla adelante. Se trata —por mencionar solo algunos—, de los gastos que el contribuyente debe incurrir por la declaración jurada del tributo, así como los de la agencia recaudadora y de control y los de los sectores oficiales encargados de su asignación a los beneficiarios. Es lo que se conoce como “costo social del impuesto”, un monto recaudado que refleja la ineficacia en el cumplimiento de numerosos programas para alcanzar su objetivo y la ineficiencia que, a pesar de la revolución digital, se produce en la asignación de la recaudación que llega a los beneficiarios.

La evidencia empírica que mencionara antes —párrafos arriba— la encontramos en lo ocurrido, por ejemplo, en la década pasada. Se crearon varios impuestos sobre el ingreso —con alta participación en la recaudación total— y se modificaron criterios de liquidación para recaudar más —la eliminación del ajuste por inflación—. El mayor gasto que permitieron esos ajustes tributarios no impidió que el déficit fiscal fuera creciente ni que el endeudamiento del sector público alcanzara una magnitud significativa. Pero peor aún, el desarrollo de una política fiscal como la señalada llevó, en la segunda mitad de la década pasada, al estancamiento económico —a la declinación económica si se midiera el comportamiento del PIB respecto a su potencial—; al aumento del desempleo y a inversiones que en su mayoría solo se realizaron por exoneración de tributos. En definitiva, más presión impositiva es menor espacio para el crecimiento con efectos negativos sobre el bienestar general.