Poca influencia macroeconómica de la política fiscal

Personas que no son economistas no necesariamente distinguen entre microeconomía y macroeconomía. Aunque la segunda tiene sustentos en la primera, que además es la base de la teoría económica, no tienen el mismo objetivo.

La microeconomía analiza y explica el funcionamiento de los distintos tipos de mercado —competencia, monopolio, monopsonio, oligopolio, etc.— y la formación de sus precios por la interacción de la oferta de los productores y de la demanda de los consumidores por un bien o servicio. A la microeconomía se la conoce también como Teoría de Precios.

El problema central en la macroeconomía es diferente: cómo solucionar problemas de naturaleza interna y externa. Los primeros se refieren al comportamiento de la producción (PIB), como respuesta al gasto de los consumidores privados, al de los inversores privados en activos reales, al gasto del sector público, y a la demanda externa por exportaciones de bienes y de servicios. Se excluyen las importaciones que con el PIB conforman la oferta agregada en la economía. El PIB es, entonces, la respuesta productiva local a la demanda agregada que se le hace por los conceptos señalados. Y los problemas que en este caso son mencionables ocurren cuando la economía —el PIB— crece a un ritmo menor al potencial que le permitirían sus factores de producción —tierra, trabajo y capital material y humano—, o está en recesión; o cuando se encuentra en sobreexpansión. Otro problema macroeconómico de naturaleza interna que se debe corregir es cuando el comportamiento de los precios en general es sostenido y generalizadamente alcista —inflación—, o bajan generalizada e ininterrumpidamente —deflación—. El problema de naturaleza externa que se puede mencionar es cuando la autoridad monetaria pierde reservas en el caso de un sistema cambiario de tipos fijos o cuando, en el caso de flotación cambiaria —sin intervención del Banco Central—, el comercio externo de bienes y de servicios y otros factores no financieros, se reflejan en desequilibrios positivos o negativos (déficits o superávits de la cuenta corriente de la balanza de pagos).

La corrección de los desequilibrios mencionados, que pueden ser detectados en un rápido diagnóstico de la situación presente o esperable en el corto plazo de cualquier país, se lleva adelante con una combinación de políticas macroeconómicas. Esas políticas son la monetaria, la fiscal y la cambiaria, a las que se agrega en el caso de nuestro país, un marco salarial de alineamiento de expectativas inflacionarias.

La política monetaria se refiere a cambios que pueden ser restrictivos o expansivos de la cantidad de dinero en circulación, y que se reflejan en alzas o bajas de las tasas de interés, lo que tiene efectos sobre la demanda agregada y, a través de ella, en el PIB. Estimulan al PIB las tasas relativamente más bajas a través del aumento de la demanda agregada —se consume y se invierte más—. Lo frenan, tasas más altas. Esos cambios se reflejan también en efectos financieros a través del sector externo de la economía.

Archivo El Pais

La política cambiaria es de no intervención en el mercado de cambios por parte del Banco Central. El precio de la moneda extranjera surge de la interacción de la oferta con la demanda en el mercado. El alineamiento de expectativas salariales a la inflación esperada se realiza en negociaciones tripartitas de las que intervienen autoridades ministeriales, sindicales y empresariales.

La política fiscal se maneja a través de variaciones en el gasto público, y con variaciones de los impuestos (política tributaria). Mientras el aumento o disminución del gasto aumenta o disminuye la demanda agregada y en igual dirección al PIB, aumentos o disminuciones en la tributación lo disminuyen o lo bajan. Lo que se observa en nuestro país es que las modificaciones alcistas en el gasto público no son con objetivos macroeconómicos sino que se realizan de modo de mejorar la distribución del ingreso y con el financiamiento de una mayor presión impositiva que crece y que seguirá creciendo en el tiempo. El aumento del gasto con ese propósito no tiene otras consecuencias macroeconómicas que, para financiarlo, reducen el ahorro disponible de personas y los resultados positivos de las empresas y otras instituciones para gastar e invertir. En términos económicos se produce un costo social por la mayor presión impositiva que se traduce en mayores precios por el impuesto y, en consecuencia, menores cantidades consumidas de bienes y de servicios. El costo social se completa con un menor empleo por la menor cantidad de producción. Los mayores tributos implican mayores costos para el pago de los contribuyentes, mayor control impositivo, mayor empleo y gastos para asignar los fondos y otros por el estilo.

La experiencia de muchos años y en especial desde 2007 hasta la fecha, muestra que lejos de ser un factor de corrección de los desequilibrios en la distribución del ingreso, la política fiscal son las reformas tributarias conocidas en general y las que también hubo pero desconocidas en general, son parte de lo que no se corrigió —mejorar la distribución del ingreso— y de la realidad de un país que crece poco. Un país que crece cuando hay buenos precios internacionales para productos de origen agropecuario y por inversiones de empresas con significativas exoneraciones tributarias. La política fiscal en nuestro país no corrige los problemas de distribución del ingreso, es adversa para el funcionamiento macroeconómico y, por lo que se ha visto, ha sido difícil de cambiar desde hace ya mucho tiempo.