Permisos en la Dinama

El eventual traslado de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) a la OPP generó múltiples reacciones vinculadas a la injerencia eventual del MPP o del propio Presidente en las autorizaciones ambientales, recogiéndose enseguida otras alternativas para mejorar las decisiones que hoy toma aquella dirección. Todas estas alternativas pasan por fortalecer el poder de decisión central, incluso convirtiendo esta oficina en Ministerio, o en un organismo desconcentrado dependiente del Parlamento.

Opino lo opuesto: hay que quitar poder de decisión a éste y otros organismos, como forma de solucionar enormes problemas y devolver poder a la gente para que actúe libre y responsablemente.

PROBLEMAS. El Presidente tiene razón cuando plantea la necesidad de acelerar los permisos ambientales que se amontonan en la Dinama por meses. Los hay allí vinculados a la minería, a la forestación, a parques eólicos y por supuesto a diversas obras públicas. Y tiene razón también seguramente la Dinama, cuando señala no disponer de los recursos humanos suficientes para evaluar el impacto de un número acrecido de proyectos, muchos de los cuales son altamente conflictivos. Pero el tema no pasa por allí.

La legislación medioambiental es peligrosa. Establece una cantidad de categorías genéricas de interpretación laxa, que posibilitan justamente la intervención discrecional y detallada de la administración. Un principio muy grave que introduce esta legislación, por ejemplo, es el llamado "principio precautorio" que habilita a prácticamente cualquier impedimento por las dudas, por precaución. Así pues por ejemplo en el comercio internacional, al invertir la carga de la prueba de daños, se opone al Acuerdo SPS (Sanitario y Fitosanitario) de la OMC, que establece precisamente que no se puede entorpecer el comercio sino solo conforme a una serie de reglas. El principio precautorio en cambio plantea parar el comercio de cualquier producto por las dudas que pueda causar algún daño. Imagínese la potencia de un instrumento proteccionista así, y lo letal que puede ser para un país exportador.

Lo mismo ocurre con registros y permisos internos, que de hecho suponen que todo está prohibido hasta que, demostrado que no se provoca daño, alguien aprueba. Es esto precisamente la inversión de la carga de la prueba y la indefensión total del administrado. Contra esto hay que luchar en todos los terrenos.

LEYES NACIONALES. Las leyes de Medio Ambiente son la 16.408 y la 17.283, anteriores a la administración socialista. En ninguna se plantean permisos previos, pero quedan pegando en el palo cuando se declaran de interés público una serie de obviedades, y se señalan para el Estado funciones de coordinación, control, etc., en la materia. Hay también una ley de Medio Ambiente de 1994, la 16.466, que empieza la siembra del desastre porque allí aparece por primera vez el famoso permiso con análisis de impacto como algo previo a las inversiones. Esa ley lo establece más bien para las obras públicas: carreteras, puertos, industrias, usinas, proyectos urbanísticos, y pocas cosas más, bastante lógicas si se quiere. Pero llega el decreto 349/2005 de la administración Vázquez que reglamenta esa ley y que, este sí, hace tabla rasa con todo lo que suponga decisión empresarial. De 14 casos de permiso previo previstos por la ley, el decreto pasa alegremente a 34, incluyendo allí por ejemplo plantaciones forestales de más de 100 hectáreas y explotaciones hortícolas o frutícolas de esa dimensión. Estas facultades oficiales se amplían en la Ley 18.308 de Ordenamiento Territorial, en la que el derecho de propiedad se limita en una larga serie de circunstancias insólitas, que incluyen hasta a los planes de las intendencias, nada menos.

Lo anterior quiere decir que el gran trabajo de la Dinama ocurre solo por la existencia de normas que introducen permisos previos. Pero podría no ser así.

PROPUESTAS. El cuidado del medio ambiente no puede estar por encima de todos los derechos individuales, al punto de limitar por completo su ejercicio para traspasarlos a una institución, la Dinama. Esta dirección no puede erigirse en árbitro de todas las inversiones relevantes del país. Cabe aclarar aquí, que no existe desde el punto de vista científico un modo inequívoco de evaluar el riesgo medioambiental. Hay puntos de vista, márgenes de tolerancia, algunos indicadores, pero nada más. Salvo si la idea fuera dejar el medio ambiente como está, salvo ese caso, cualquier obra genera impactos que para algunos serán tolerables, para otros no, para algunos se compensarán con beneficios esperados, para otros no. Lo que quiero subrayar es que tampoco una evaluación de riesgo nos conduce a un punto inequívoco desde el punto de vista científico, sino también discrecional, y por tanto introductor de incertidumbre total en los negocios.

Hay que derogar pues cuanto antes el decreto 349, o si se prefiere limitar la evaluación de impacto ambiental previa solo a las obras públicas. En todo lo demás, solo deberían establecerse normas generales de cumplimiento obligatorio pero para todos, nunca sujetas a permisos previos sino a controles posteriores. Y si esto fuera demasiado osado para la lógica oficialista, al menos propongo que en materia medioambiental solo rija la obligación de hacer una evaluación de riesgo y presentarla, quedando automáticamente aprobada si en 30 días no se la objeta, asumiendo el deponente la responsabilidad por incumplimiento de alguna norma general, nunca discrecional.

Por todo lo anterior descarto por completo hacer crecer la Dinama convirtiéndola en ministerio y, menos todavía, en una persona pública no estatal independiente: sería como ensillar un potro de rienda en el suelo. Para acelerar el trabajo de la Dinama, originado exclusivamente en sus facultades discrecionales, la solución no es aumentar el nivel político de quien utilice esa discrecionalidad; o pasarla de los técnicos de la Dinama al Presidente de la República o al Parlamento, no tiene nada que ver. La solución a la discrecionalidad, al permiso previo y al deterioro de la libertad empresarial sujeta a reglas generales, la verdadera solución pasa por apoderar a la gente, por darle libertad de hacer, sin permisos previos, y en todo caso sancionando el eventual incumplimiento posterior de reglas claras, generales.

Hoy en día hay que pedir permiso para comprar tierra, para hacer agricultura, para tener una sociedad anónima, para aplicar herbicidas, para hacer un feed lot, para plantar árboles, para fabricar biodiesel, para importar frutas y verduras, para exportar ganado en pie, para regar, para comercializar agroquímicos o transgénicos; y para trabajar hay que probar estar al día con el BPS, la DGI o las intendencias. ¡Está todo al revés! Pacíficamente, paso a paso, pensando que cada retroceso es de poca monta, vamos aceptando una democracia cojitranca en la que lo único que parece valer es lo electoral y no los derechos individuales, todos.