No hay que modificar el Imeba

Después de la competencia entre todos los sectores políticos del gobierno para demostrar cuál es más solidario, o cuál es más contrario a los que les va bien, resueltos en principio estos sentimientos primitivos, los zapallos se ordenan. Primero el Presidente, y luego sus escuderos del área económica, fueron descartando los cambios tributarios, a la vez que anunciando austeridad, prudencia fiscal, equilibrio interno, etc. No queda claro cómo a la vez se puede llevar el gasto público hasta el paroxismo, desarrollar la costumbre de ocupar lo que el gobierno llamó el "espacio fiscal", y luego, cuando este gasto empieza a dar problemas con el retraso cambiario, anunciar prudencia, austeridad, etc. Por otra parte, aquella discusión contenía además ese absurdo no demostrado con cifra alguna, de que los gobiernos de izquierda son más "justos", se preocupan más por los pobres, por los productores familiares, o que ostentan algo así como el monopolio de la virtud, de la caridad, de la preocupación por los débiles, lo que es falso.

Hoy me quiero detener en alguna declaración oficial que señaló que a lo mejor la única modificación podía ser la reducción del límite para recaudar por Imeba o IRAE, de modo que más productores caigan en este último. A este cambio es al que me quiero oponer. El mismo parte del supuesto de que los impuestos indirectos son injustos y los directos no. Al menos en el sector agropecuario de nuestro país no es así.

DEFINICIONES. Los directos son los que gravan tomando como base la renta, el ingreso o el capital de personas físicas o jurídicas. No son trasladables, se supone que están conectados con la capacidad contributiva de cada sujeto y la Administración podría tener un listado de los contribuyentes de cada uno de esos impuestos. Son directos por ejemplo el IRPF, el IRAE, el viejo IRA, el Impuesto al Patrimonio, la Contribución Inmobiliaria Rural o Urbana, etc. En cuanto a los impuestos indirectos, estos se aplican sobre la circulación de bienes, o el gasto, o el agregado de valor, pero no directamente sobre personas, de modo que la Administración no sabe en realidad quién es el contribuyente final. Son trasladables en alguna medida, y al gravar actividades relevantes del contribuyente se presume que indirectamente también se vinculan con su capacidad contributiva. Cada vez que nos surtimos de combustible, que compramos miles de productos, que vendemos algunos de ellos, que los importamos, pagamos impuestos indirectos que alguien finalmente volcará a la Administración. En Uruguay son indirectos entre otros el Imeba, el IVA, el Imesi, el ITP, el impuesto a la venta de semovientes, los aranceles de importación, las detracciones, y una larga serie de impuestos a las ventas cuyo producido tiene destino específico: LATU, INIA; INAC, SUL, BROU. Como los impuestos directos gravan a los contribuyentes "en la cara" podríamos decir, y a la vez recogen su situación supuestamente real de renta o patrimonio, se los considera más justos ya que de los otros se dice -lo que constituye una verdad parcial- que gravan una operación del ciudadano sin saber si este es chico o grande, rico o pobre, si está vendiendo con normalidad o desinvirtiendo, si está comprando para invertir o para comer, etc. Durante años este fue mi pensamiento. Solía señalar además que el agro debía ser tratado en todo como cualquier sector económico, incluyendo en sus impuestos, hacer sus balances, contratar su contador, ser gravado solo si generaba renta real, etc. El ejercicio práctico de la producción, tanto como de la gestión de políticas públicas durante una década, me hizo cambiar radicalmente de opinión.

Una primera mentira para Uruguay es la de gravar la renta solo si se genera. Las necesidades fiscales son rígidas, y si el Estado precisa plata y no hay renta, gravará más el capital; así ha sido siempre.

También hay que señalar que el cálculo de la renta real en el campo tiene muchas debilidades. En efecto, la Administración debe realizar una cantidad de supuestos de aquello que no puede controlar, a menos que se meta dentro del campo, mida chacras, tome recuentos, etc. Es decir que poco a poco el cálculo de la renta real se va llenando de fictos y, lo que es peor, de "expertos" en ayudar a eludir impuestos. A nivel agregado y hasta la introducción del Imeba en la reforma de 1996, esto se veía con claridad: el IRA recaudaba, como tendencia, nada. Al actual IRAE le va a pasar lo mismo: aumentará su recaudación un tiempo y luego, a medida que se desarrolle el trabajo de los expertos, empezará a recaudar menos, o -esto sería lo peor- crecerán más los mecanismos policíacos de control, o los fictos que lo alejan más de la verdad. En definitiva esa renta ya no es real. Por otra parte creo que tiene un supremo valor el componente de sencillez a la hora de evaluar la justicia tributaria. No se trata de no pagar un contador: se trata de no caer en la ética del escondrijo.

Además, aunque es cierto que los impuestos indirectos al gravar una operación del contribuyente no saben nada de cómo es su renta, el gravar casi todas las operaciones de ese contribuyente, si las tasas son adecuadas, se va a parecer también -indirectamente- a gravar su renta, de modo impreciso es cierto, pero no más que los sistemas basados en la renta real de los expertos, una caricatura. Esto dicho sin olvidar que los indirectos se pueden devolver en la exportación y los directos no, algo también relevante para el agro.

JUSTOS. Lo que definitivamente no acepto es que unos sean más justos que los otros. Se puede diseñar una tributación agropecuaria pivoteando en torno a un IRAE que lo hace más injusto, y se puede diseñar un sistema anclado más en el Imeba y que resulte ser muy justo. Y al revés. Todo va a depender en primer lugar de las tasas de uno y otro, de su sencillez, y de la necesidad de policía en cada caso. En verdad la justicia viene por otro lado: por la forma como las instituciones tratan a la familia, a la educación. Cómo funciona la Justicia; cuánto vale el cuidado del Estado de Derecho; cómo se respetan los derechos humanos, todos; cómo se premia la ética del riesgo; cuán vigilados vivimos; cómo se recogen elementos de justicia no solo distributiva sino conmutativa; cómo se respeta el derecho de propiedad; cuánto valen los contratos; cuánto se respetan las reglas; en qué se gasta lo que se recauda. De la sumatoria de todos estos temas deriva la justicia. No de una discusión sobre impuestos. Por eso tengamos toda la tributación indirecta que el sistema internacional permita tener, y por eso también no extendamos más el IRAE.