Publicidad

Momento de transformaciones de fondo

Foto: El País

OPINIÓN

Hacer reformas sin poner el énfasis exclusivamente en lo fiscal.

La realidad que nos toca, pandemia mediante, y, los problemas estructurales que se vienen arrastrando, nos plantean el desafío de evaluar distintos caminos en el marco de un escenario desafiante.
Se aprobaron algunas medidas consistentes con un cambio de rumbo, pero faltan realizaciones y, aun así, ya se observa una oposición que empieza a aumentar la apuesta, ya que la pandemia y la crisis disimularon los conflictos y la resistencia a los cambios.

Regreso de los ajustes

El Gobierno aprobó un recorte mínimo de un 15% de las partidas presupuestales y en algunos casos un recorte adicional (5%). Aun reconociendo su razón, debería estar acompañado de reestructuras que valoren programas, actividades y prioridades, pero esto no va a pasar. Este tipo de medidas satisface criterios financieros, pero más tarde o temprano perderán sentido.

Los últimos gobiernos acumularon una deuda importante con ciertos sectores de la sociedad. Déficits en infraestructura, en calidad y accesibilidad de los servicios, ineficiencias y altos costos, déficits de vivienda para los sectores más vulnerables (incluyendo el compromiso de erradicar asentamientos) y la necesidad de la mejora continua de la seguridad pública, el sistema judicial y el sistema carcelario (1). Todo ello exige un volumen de recursos que va más allá de lo previsto.

Solo el déficit de infraestructura, de acuerdo a cálculos realizados para Latinoamérica, sería superior a 4-5%/PIB hasta 2024, por lo que es temerario afirmar (dado los recortes previstos), que se van cubrir todos los requerimientos.

Aunque no se logren eliminar todos esos déficits, debería quedar claro que el Gobierno no escatimará ni el esfuerzo ni los recursos para lograrlo. Esto mantendrá al menos la expectativa cierta de alcanzarlos más tarde, por ello mejor evitar una inflexibilidad presupuestal, que no es conducente.

Contratos: el ojo del amo

La experiencia indica que los contratos del Estado con empresas pueden ser también fuente de pérdidas. Si bien éstos potencian sus acciones, con recursos y know-how, si no se gestionan bien, pueden provocar efectos ruinosos. Al Uruguay le habría costado no menos de U$S 1.5-2 billones en los últimos años y al Frente Amplio su permanencia en el poder. Del mismo modo pueden ser una espada de Damocles para el Gobierno e incluso convertirse en su talón de Aquiles, dependiendo del control y el seguimiento que se realice.

Recientemente se concretó una denuncia penal por el contrato del Estado a través de Gas Sayago, un proyecto que habría supuesto pérdidas para UTE de más de U$S 200 millones., que se suma a las se dieron en Ancap por más de U$S 850 millones.

El Estado uruguayo en los últimos años se ha visto demandado por empresas multinacionales, en ocasiones aprovechándose de las vulnerabilidades del Estado y la mala gestión. Hace unos meses, el acuerdo con Aratirí captó la atención de la opinión pública y el Gobierno se vio involucrado por las deudas contingentes que estos juicios podrían generar.

Por su parte el contrato con UPM, también captó la atención de la prensa y el Gobierno tuvo que poner el foco, ya que, se presentaban trabas que podían significar riesgos y eventualmente pasivos contingentes. A su vez la concesión del Ferrocarril Central se vio alterada en algunos plazos de su cronograma, lo que también despertó ciertas alarmas. Se decidió firmar un contrato de obra con un profesional para controlar la ejecución del Proyecto, por un monto global de U$S1 millón (2) y concentrar el control en un actor especializado, lo que también, dio lugar a controversia.

Luis Alberto Heber, ex ministro del MTOP, coincidió con su antecesor en las críticas al sistema PPP (3), en beneficio de otros mecanismos, en teoría más baratos y menos engorrosos y entendiendo que las garantías que ofrecía el primero no eran suficientes para justificar el eventual sobrecosto.
Uno caso más que también despertó polémica fue el contrato con Katoen Natie, por la concesión del Puerto de Montevideo por casi 60 años, ya que ni la experiencia uruguaya ni la internacional abonan este extremo por la naturaleza de las condiciones de esta relación comercial.

Este tipo de contratos, deberían ser monitoreados por el Poder Ejecutivo con conocimiento del Presidente, dado los antecedentes, los plazos y el impacto que generan (4).

Capital

El presidente Luis Lacalle Pou tiene hoy un interesante capital político, similar al de Vázquez en su primer mandato (5), algo de lo que no se benefició ni su padre (Luis Lacalle Herrera) ni Julio María Sanguinetti. Esto supone mayor mérito para las reformas que ambos emprendieron, algunas con éxito (6). Del mismo modo, el primer gobierno de Vázquez, más allá de aciertos y errores, emprendió varios cambios que perduran.

Los tres intentaron transformaciones de fondo y tuvieron en común que, a pesar de todo, no vieron afectada su aprobación (7), sin embargo, no tuvieron como denominador común el ajuste fiscal, que sí fue el caso de Lacalle Herrera y Batlle, pero con la relación desaprobación/aprobación más alta de todos los Gobiernos desde 1985.

Llevar a cabo reformas de fondo sin poner el énfasis en la política fiscal, parece un sano consejo para gobernantes exitosos, sobre todo si se pretende llevar a cabo cambios de fondo que se consoliden (8).
La LUC introdujo cambios, pero no alcanzan para constituirse en la gran transformación del Gobierno de Coalición. Permítasenos no ser muy optimista en que se puedan lograr concomitantemente los mejores resultados y una exitosa política de ajuste.

El Presidente ha demostrado pragmatismo y sentido común, por tanto, dudamos que se abrace al ajuste fiscal como prioridad de un mandato que tiene objetivos mucho más importantes. El tiempo dirá si se concretan cambios de fondo, para los que se le confió el voto, pero ojalá que no se tarde, para que la Coalición tenga la oportunidad de consolidarlos.

1) El Ferrocarril Central, es solo una muestra de lo que empresas de clase mundial exigen para constituirse como IED en el país y todo ello requiere de un volumen de recursos importante.
2) Cifra estimada.
3) Las PPP fueron aprobadas en 2011 con apoyo de todos los sectores, pero igualmente se buscaron otras opciones.
4) Justamente la modalidad del Presidente respecto de las designaciones y destituciones fue actuar con rapidez.
5) Valoraciones positivas y neutrales.
6) Mencionar la Ley de empresas públicas, la regulación de monopolios públicos y la Reforma del Estado (incl. la restructura del Ministerio de Defensa y del Interior), lo que hubiera permitido tener menores costos y eliminar trabas económicas.
7) Ver “Treinta años de opinión pública en el Uruguay”, I.Zuasnábar, M.Opertti, jul/18.
8) Al mismo tiempo que lograban cambios de naturaleza estructural, Lacalle (p), Sanguinetti II y Vázquez I lograron evitar un alto componente de rechazo.

Publicidad

Publicidad