OPINIÓN

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Pocas veces ocurre que en la mitad de un periodo de gobierno, confluyen tanta incertidumbre alimentada por la pandemia persistente, el panorama regional y un plebiscito, cuyo objetivo es derogar más de centenar de artículos de la LUC. El tema se realza cuando es sabido que el tercer año de toda administración es el momento de los debates para aprobar reformas esenciales (seguridad social), instrumentar acciones concretas en materia de política comercial externa y poner en marcha proyectos de inversión que mantengan la recuperación del crecimiento y el empleo. En definitiva es el año de las concreciones.

Ya son conocidas las restricciones que impone el entorno internacional. Si miramos lo que ocurre con la perspectiva de apenas un quinquenio, resalta un hecho notable. Las andanzas de un virus lo convierten en una de las variables explicativas de la evolución del crecimiento global. Y ahí figura que, el poder de la ciencia y la calidad de las políticas sanitarias instrumentadas, se convierten en instrumentos tan poderosos en el corto plazo como la política fiscal o monetaria para proteger la actividad económica. La historia muestra que quienes erraron en ese camino lo pagaron en penurias sociales y retrasaron la recuperación del crecimiento. Lo gratificante es que la ciencia estuvo a la altura de los acontecimientos aportando vacunas en tiempo récord y que los gobiernos tratan de imitar a quienes aplicaron políticas exitosas en la materia, como la nuestra.

Por tanto, no habrá crecimiento global esplendoroso, pero tampoco será la ruina. China lidera el pelotón, y con ello continuará traccionando la demanda de materias y alimentos. El surgimiento de la inflación es la novedad del 2022, pero la escasa magnitud de las políticas harán que las tasas reales de interés sigan negativas y, por tanto, el costo bajo del financiamiento externo seguirá beneficiándonos.

La región hace tiempo que empuja poco nuestro crecimiento. Ya es una cuestión asumida por la administración. El riesgo es cuál será la trayectoria de la salida. En Brasil, como es habitual, lo hará encuadrando las cuentas públicas y combatiendo la inflación con aumentos significativos de las tasas de interés. La receta que aplican frente a estas circunstancias todos los gobiernos, incluidos los de izquierda. La gestión Lula comenzada en 2002 es el ejemplo patente.

Argentina escapa a toda regla de análisis. Gobernada por una administración bifronte, y una oposición que ganó espacios pero que aún parece no hizo pie para convertirse en un muro de contención, que ayude a canalizar propuestas de política alternativas para facilitar la salida y retomar el crecimiento. Es un error pensar que el problema está focalizado en el diferendo con el FMI, y que una vez resuelto el crecimiento se dispara.

Arreglar con el Fondo no es otra cosa que refinanciar una deuda contraída de acuerdo a la capacidad de pagos del fisco, a cambio de comprometerse a instrumentar un programa de gobierno que haga factible esos pagos. Ahí está la puja entre las facilidades que otorga el acreedor y los esfuerzos del deudor para honrar lo pactado. Eso es posible siempre y cuando haya voluntad de acordar. Negociando de buena fe se abren espacios; con actitud militante se cierran. Superado este episodio, Argentina presenta una macroeconomía propia de los años ´60: alta protección, impuestos a las exportaciones, mercado de cambios múltiples, mercado laboral sumamente regulado, precios controlados, alta inflación resultado de un déficit fiscal financiado con emisión. Actualizar esa realidad a lo que son las prácticas corrientes en el resto del mundo es la verdadera salida que, dada la situación política, luce lejana. Por tanto, el mejor pronóstico es que la situación continúe como está, en donde el largo plazo tiene un horizonte de pocos meses.

A esta altura del camino, el resultado del plebiscito no es una cosa menor. Llamar al soberano es uno de los atributos máximos que nos otorga nuestra Constitución, que se respeta a rajatabla, pero que livianamente fue usado en veces anteriores para dirimir aspectos tales como derogar normas (propuestas por senadores del FA) que autorizaban la asociación de Ancap con empresas privadas o pasar a la égida pública todo el abastecimiento de agua potable y el saneamiento. Fueron actos de tinte corporativo que embretaron a todos los gobiernos posteriores, incluidos los de izquierda, y que hoy tienen costos significativos.

Pero en esos casos, al menos los temas eran precisos, y su resultado no torcía una gestión de gobierno. Aquí es diferente. Es un plebiscito al barrer, multitemático, que derogaría artículos votados incluso por el partido que lo propuso, y lo que es peor, de ganar el Sí, se generarían disrupciones legales importantes en materia penal, reversión de reformas educativas en curso, y retrocesos en el combate a la delincuencia. Quienes plantean el plebiscito, en el caso de ganar, ¿tienen pensada la legislación alternativa para subsanar esa situación y proteger los logros? Pues, en realidad, nada de lo que se auguró con la implementación de la LUC con relación al mancillamiento de los derechos ciudadanos ni sindicales, ocurrió. En la educación se percibe mayor ejecutividad, señales de cambio y el estar a la altura de las circunstancias en tiempos de pandemia.

Por todos estos aspectos, el referéndum es el tema crucial del 2022, De su resultado, depende si el país avanza o retrocede.