Lapiceras, células y aeropuertos

El lector se preguntará, ¿qué relación tienen entre sí tres cosas tan disímiles? La respuesta en general obviamente es nada pero, hace dos semanas representaron tres maneras diferentes de comprobar, una vez más, que no se puede ir contra los hechos. Los fenómenos económico-sociales son lo que son, derivan de la naturaleza humana y solo una férrea, pero en especial muy sanguinaria dictadura, que controle todos los resortes puede, transitoriamente, impedir que las cosas sean lo que indefectiblemente serán.

LAPICERAS. Hace unos años atrás en Uruguay se discutió una ley que incluía en el Código Penal la reventa de entradas en espectáculos públicos. Si mal no recuerdo en el Senado la misma fue aprobada con un solo voto en contra, de quien escribe esta columna, decisión "políticamente incorrecta" si las hay. La razón de mi voto era (es) que estamos ante un problema típico de escasez y por tanto su solución es económica. En este caso particular, donde la sanción penal puede llegar a la prisión, para lo que sería en todo caso una mera falta, forma parte de la inflación de penas incumplibles que terminan por deteriorar el respeto a la ley. Le pregunto al lector, ¿qué hace un juez con una persona que revendió un puñado de entradas cuando en las cárceles no hay lugar para albergar a delincuentes, violadores y asesinos? Lo lógico es que diga "no hay pruebas" y hace bien porque sabe que la sanción es desproporcionada y puede terminar convirtiendo a esta persona en delincuente al enviarlo a un "centro de enseñanza" (1).

Vayamos por partes, quien realiza la actividad es alguien que sencillamente asume su riesgo pensando que el valor del producto que compra para revender supera ampliamente a su precio. Por ende el problema radica en que el precio de las entradas es barato frente a lo que la gente está dispuesta a pagar, en otras palabras el precio de equilibrio es superior. La solución es económica, fijar precios más altos. El hecho viene a cuento a raíz de los partidos Barcelona-Real de Madrid donde, al igual que en otras ocasiones en lugares donde la reventa también está prohibida (Uruguay incluido), la gente se las ingenia y vía internet remata el precio de lapiceras "regalando" entradas para el espectáculo. En el remate individual el vendedor se transforma prácticamente en un "monopolista discriminador de precios" obteniendo la máxima ganancia posible porque a cada uno le cobra en función de su valoración personal. La fijación de un precio "caro" por parte de los organizadores tendría como resultado que todos pagarán el mismo precio, idealmente aquel que iguale la demanda con la oferta (2), y por lo tanto la suma de pagos de parte de los adquirentes será menor a la resultante de esta modalidad prohibida. El mercado es así, la gente se comporta así y el problema es que a los verdaderos dueños del ingreso no se les permite adueñarse del mismo porque se le fija un precio por debajo del de equilibrio de mercado.

Lo anterior viene a cuento porque es exactamente lo mismo que sucede cuando se tarifan precios de productos, reclamo que vemos ahora en las calles de Montevideo. Si esto llega a concretarse, de alguna manera habrá escasez de bienes al precio tarifado y un mercado paralelo donde el mismo será más caro.

CÉLULAS MADRES. Un segundo ejemplo de prohibiciones inefectivas es el proyecto de monopolio público para la conservación de células madres. El argumento esgrimido por sus impulsores se parece bastante al tristemente mediocre que impidió la llegada del PET a Uruguay antes que un centro público lo hiciera, aunque en este caso existe una diferencia de uso final ligada a muy atendibles aspectos éticos, específicamente evitar la comercialización células madres, al igual que la sangre y órganos. De todas maneras, aún en el caso que se quiera impedir la comercialización -ética y moralmente estoy de acuerdo-, lo que está en juego es la libertad de las personas (en este caso los progenitores) de elegir si quieren donarlas y entrar en un banco general o guardarlas para un eventual uso propio o, quizás si la tecnología lo permite, ambos propósitos.

Veamos el caso. Desde hace un tiempo, los desarrollos científicos posibilitan que al nacer, mediante la sangre del cordón umbilical de los bebes, se obtengan células madres capaces de "convertirse" en diferentes órganos. Estas se guardan crionisadas para el tratamiento y la cura de eventuales enfermedades. Esto puede hacerse de manera privada o en el llamado banco público. En Uruguay no existe el banco público, pero sí una empresa privada que las conserva. Las personas que disponen de medios también pueden enviarlas al exterior. Las células de los bancos privados son para uso exclusivo de la persona y, supongo, al igual que las reglas para los donantes voluntarios de sangre, su familia directa (examen de compatibilidad mediante). En tanto, el uso de las células en los bancos públicos es general. De esta manera, en teoría se evita el deleznable comercio. De acuerdo a la información difundida, el costo mundial de obtener estas células para un tratamiento sería de US$ 36.000, en tanto el costo de conservación local es tal que se necesitarían unos 230 años para llegar a un monto como el descrito, pero su uso es limitado. Si se prohíbe la conservación privada quien pueda pagará más caro y lo enviará al exterior, lo que reduce la cantidad de personas que, siendo su voluntad, efectivamente pueda hacerlo. Lo harán aunque esté prohibido.

La ley de células madres, también fue tratada en el anterior período legislativo y propulsó, con unánime apoyo, la creación de un banco público nacional, pero manteniendo a los privados. Fue aprobada en el Senado y no en Diputados.

AEROPUERTOS. El tercer caso es el "sorprendente" anuncio de la presidente de Brasil de la privatización de los principales aeropuertos del país. La razón: "corre riesgo la organización de la Copa del Mundo de Fútbol y las Olimpíadas". Que la infraestructura aeroportuaria de Brasil es muy mala no es novedad, que el sector público maneja peor que el privado todo aquello que este pueda manejar, tampoco. Lo increíble del caso es que dos poderosas multinacionales -la FIFA y el COI- forzaron la privatización de una de las vacas sagradas de un país gobernado por un partido contrario a la gestión privada de la infraestructura. Todo un contrasentido que demuestra la fuerza de la realidad. Cuando el sector privado puede hacer el trabajo bajo condiciones de competencia, siempre hay que dejarlo. En el caso particular de la infraestructura donde la competencia es limitada o nula según el caso, el diseño de los contratos y el incentivo a la aparición de competencia es clave para que la prestación privada sea eficiente, sin abuso de posición de mercado. Lo que está demostrado con los hechos es que la prestación estatal directa, burocracia y sus intereses mediante, es la peor solución ya que se privatiza el beneficio a favor del personal y jerarcas que suele exceder el meramente pecuniario.

Hoy en el mundo son pocos los países que siguen siendo museos vivos en aspectos como estos. Sería bueno que tomemos debida nota de la experiencia ajena. Es claro que en Uruguay hay dentro del gobierno fuerzas contrapuestas; por un lado quienes impulsan la ley de asociación público privada que, más allá de que la redacción original deja mucho que desear y se presta para cualquier cosa, (hay que ver los cambios que se introducen), va en el sentido modernizador y, por otro aquellos que propugnan por la vuelta al paleolítico. Hasta el momento hay empate técnico lo que, en términos de desarrollo relativo, implica que los propulsores del atraso están ganando por goleada. Sería bueno que el gobierno se decida a priorizar el desarrollo del país por encima de los acuerdos políticos internos, ya que en algún momento las piedras serán de tal tamaño que removerlas costará demasiado.

He descrito tres casos que muestran cuán inútil es ir contra las leyes del comportamiento humano. El primero es una regulación inútil, en el segundo se cercena la voluntad de las personas sobre algo muy personal y en el tercero se revierte una decisión de corte estatista ante el manifiesto fracaso del Estado, burocracia mediante, de manejar una empresa. La única relación práctica entre los temas es que una persona podría tomar un bolígrafo que pagó US$ 3.000 para firmar un contrato que autoriza a depositar células madres en determinado recipiente que será enviado por avión a otro país para su conservación y para ello se precisa un aeropuerto.

El sol no se puede tapar con la mano porque como dice la canción, aquel siempre está. Dejemos que, siempre que se pueda, la gente decida qué es lo mejor para ella.