OPINIÓN

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Hace exactamente un año, en el segundo trimestre de 2021, Uruguay vivía las peores semanas en términos de consecuencias sanitarias de la pandemia, con la consiguiente recaída de la actividad económica, tras el desplome de 2020. Previsiblemente, dicho panorama revivió planteos que iban desde implementar restricciones drásticas a la movilidad, incluyendo cierre de sectores e incluso cuarentenas obligatorias, hasta políticas macroeconómicas muy expansivas, ante impaciencias sobre la lenta reactivación.

En la actualidad, tras el éxito en el control de la pandemia por la masiva vacunación y la fuerte recuperación del PIB y el empleo, la preocupación ciudadana (política) se ha desplazado hacia la evolución de la inflación. Un shock externo significativo, derivado del salto de los precios de los productos básicos, primero por la extendida expansión fiscal y monetaria a nivel global, que ahora la invasión de Rusia a Ucrania intensificó, terminó con “la etapa fácil” de desaceleración inflacionaria y cambió las prioridades de corto plazo.

Como hace un año, entendiblemente, también han surgido en forma transversal un cúmulo de propuestas para abordar dicho desafío. Lógico. Si ya pasaron dos años de gobierno y el referéndum por la Ley de Urgente Consideración (LUC) fue visto simultáneamente como el fin de un ciclo electoral y el inicio de otro, siguen avanzando “tiempos más políticos”, con naturales intentos de mayores posicionamientos y perfilamientos. Por supuesto que muchas de las propuestas tienen buenas intenciones, pero como es bien sabido, las políticas públicas no se juzgan por eso, sino por sus resultados.

Así, al igual que con las urgencias e impaciencias por la evolución de la pandemia y la actividad, los principales roles del presidente de la República, del equipo económico y en particular del Banco Central, que tiene un papel primordial en esta coyuntura, pasan por concentrarse en lo importante, por encima de lo urgente, en lo estructural, actuando sobre las causas más estructurales de la inflación, con consistencia de largo plazo, sin distorsiones, ni señales contraproducentes.

Para eso, lo primero es reconocer que parte importante de la aceleración inflacionaria es la contracara de las condiciones externas favorables, sobre todo desde fuera de la región, que Uruguay ha venido enfrentando desde el segundo semestre de 2020. Pese a los desafíos que genera, es siempre más beneficioso este escenario de mayor crecimiento extrarregional, bajas tasas de interés internacionales, dólar globalmente débil, inflación mundial en dólares y altos precios de los productos de exportación, que el ciclo adverso observado entre 2015 y 2020.

Segundo, tanto para la política antiinflacionaria, como para otras políticas, es clave tener presente que —si bien ese panorama positivo se puede extender un tiempo más, quizás por uno o dos años— la historia sugiere que el ciclo tendrá fin. Inexorablemente, el viento extrarregional se volverá en contra y eso empeorará aún más las perspectivas de nuestros vecinos. A eso, Uruguay debería llegar sin grandes desequilibrios y con flexibilidad y capacidad para desarrollar políticas compensatorias en materia fiscal y monetaria (cambiaria). Debería llegar con la inflación controlada, menor déficit fiscal estructural, menos dolarizado y sin amenaza sobre el grado inversor.

Tercero, bajo esa perspectiva, la política antiinflacionaria debería minimizar medidas que —además de ineficaces para su objetivo— comprometan ese largo plazo. Actuar sobre los síntomas (los niveles de algunos precios), ya sea promoviendo acuerdos de precios o rebajas transitorias de impuestos, podrían reflejar un bajo compromiso antiinflacionario, menor credibilidad en las metas fiscales, malas señales para el funcionamiento de la economía en general y menor diferenciación con la (dañina) política económica argentina.

Cuarto, en atención a esos riesgos, un programa estabilizador debería tener, como objetivos esenciales, retomar una tendencia gradual a la moderación de la inflación y el anclaje de las expectativas a esa senda. Para eso, los instrumentos básicos pasan por una política monetaria contractiva, el respeto a la regla e institucionalidad fiscal, cierta desindexación y la promoción del crecimiento potencial vía facilitar aumentos de la productividad y la participación del trabajo. Sin desanclaje de expectativas, esto último limitaría un espiral inflacionario en los costos laborales unitarios y los precios de los no transables.

Quinto, en cuanto a las medidas para atenuar las consecuencias de la inflación, más que generalizadas, las compensaciones deberían ser focalizadas, con transferencias hacia los sectores más vulnerables, que tienen menor capacidad de indexar sus ingresos.

En definitiva, otra vez, como en medio de la crisis sanitaria y la contracción de la actividad, una condición necesaria para abordar bien las urgencias, en este caso inflacionarias, es hacer “buena política económica”, privilegiando el largo plazo y el interés general. Nuevamente eso también exigirá una buena dosis de “buena política” y de buen liderazgo, también en lo técnico, en cuanto a persuadir sobre las bondades de la estabilidad de precios y el enfoque adecuado para lograrla.