En mi anterior columna básicamente describí el problema y su porqué. A su vez, detallé una serie de asimetrías en el régimen previsional a favor de los afiliados a laCaJa de Profesionales Universitarios. También indiqué que todos los fondos que brindan pasividades de una manera u otra reciben “asistencia” de la sociedad en su conjunto, ya sea directamente con ese nombre o mediante “impuestos afectados”, una manera indirecta de llamar al “financiamiento de Rentas Generales”, o sea dinero que aportamos todos.

Una aclaración necesaria: esta columna fue escrita previo a que se conozca el proyecto del Poder Ejecutivo y no tiene como propósito su análisis.

Es impensable, al menos en el Uruguay de hoy, y por muchas décadas más, pensar en que parte del pago de las pasividades no sea solventado con aportes de la sociedad en su conjunto. Al final del camino, lo anterior no quiere decir otra cosa que lo que no se abona de una manera, se hace de otra. Estando de acuerdo en que el monto de las jubilaciones no es sensato disminuirlo, el lector se preguntará, entonces ¿por qué no se aumentan los aportes de los activos? La respuesta está en que los impuestos sobre los factores de producción son muy malos desde la óptica de la eficiencia y el desarrollo (crecimiento) económico y, el trabajo es uno de esos factores. Por tanto, son otros los impuestos que deberían solventar las diferencias financieras. Dado lo anterior, lo central está en qué porcentaje se subsidia el haber de retiro, qué impuesto(s) se cobran y, la premisa que dicho subsidio debe ser razonablemente “igual” para todos. Esta última premisa no se verifica de mantenerse los parámetros de la CJPU[1].

Tanto desde la propia Caja, como desde diversas asociaciones profesionales se han formulado planteos que, se dice, solucionan o al menos resultarían en un paliativo importante para la crisis financiera de la CJPU.

Los principales planteos se resumen en:

i. Minimizar el desbalance financiero que provoca, en el profesional independiente, el pasaje de categoría de aportación a medida que pasan los años, considerando “impagables” los aportes.

ii. Que los profesionales abonen sobre el ingreso real.

iii. Reducir los costos de administración del sistema.

iv. Ampliar la base de aportantes, incluyendo a quienes trabajan bajo relación de dependencia aportando básicamente al BPS, pero tiene título profesional.

v. Incorporar nuevas profesiones.

vi. Subir los timbres profesionales (impuestos) que se afectan al financiamiento de la Caja.

vii. No transferir el IASS que se cobra sobre las pasividades servidas por la Caja.

En primer lugar, debemos tener claro que estamos ante la quiebra de la CJPU y, por ende, sin cambios de fondos en la estructura del sistema, no hay solución. No es “comprando tiempo” que se soluciona el problema.

De lo planteado, es atendible reducir la diferencia en los sueldos fictos de aportación entre categorías. A tales efectos, en la reforma remitida en setiembre de 2023 se contemplaba este punto, aumentando de 10 a 15 la cantidad de categorías y reduciendo los sueldos fictos de las más altas.

Ahora bien, el argumento en sí se contradice con el planteo que los profesionales pasen a aportar por su ingreso real, a menos que se piense que un profesional independiente con 4 o más años como tales, no llega a ganar $ 65.565 mensuales, el salario ficto de la categoría 2 en la cual es trabajador se puede quedar toda la vida si quiere, aun cuando sus ingresos sean superiores. Tengamos presente que el haber de retiro siempre se calcula sobre el salario aportado, por lo que una reducción del sueldo ficto implica en el futuro menor haber de retiro.

Naturalmente que toda reducción de costos administrativos siempre será provechosa, cosa sobre la cual el actual Directorio actuó e hizo ahorros. Ahora bien, como se sabe, estos egresos no son relevantes en los totales, sino que su principal aporte es su efecto demostración de buena administración.

Sobre el resto de las propuestas sólo tengo discrepancias de fondo porque, o agravan el problema o son socialmente muy injustas. En efecto, si partimos de la base que los aportes que hacemos, considerando los intereses que generan y actuarialmente corregidos, apenas si cubren entre 30% y 40% de los cobros futuros, incorporar nuevos aportantes, sean que actualmente aporten al BPS o de nuevos profesionales que ingresan al mercado laboral, de actuales o nuevas profesiones que se incorporan, sólo agranda el problema futuro. Sería una inentendible transferencia encubierta desde rentas generales hacia la CJPU.

Subir el importe de los timbres profesionales que todos abonamos bajo el argumento que es el “aporte patronal”, es de una enorme injusticia y falta de solidaridad social. Del total ingresos por este concepto, US$ 156 millones en 2024, poco menos de 2/3 corresponden a pagos relacionados con la salud humana (recetas, análisis, exámenes, instrumental, operaciones quirúrgicas, medicamentos, certificaciones). Es decir, el subsidio proviene de personas de ingresos muy inferiores cuando usan el servicio de salud.

Respecto del IASS, si cada uno “quiere quedarse” con los impuestos que abona, más allá que los impuestos afectados son de pésima técnica tributaria dadas las distorsiones que generan, ¿dónde queda la función de redistribución que se hace a través del gasto?

El actual Directorio fue tomando algunas medidas que revertieron excesos del pasado, pero llegaron tarde, no para impedir la quiebra, pero sí para tener más tiempo de una transición ordenada de régimen. Es claro que no le caben culpas.

La crisis no detona por las razones que se suelen esgrimir por algunos Directores de la CJPU y Asociaciones de Profesionales, sino por ser actuarial y financieramente insostenible. La solución pasa por otro lado, como planteé en mi pasada entrega.

[1] En la anterior columna cuantificaba entre 60 y 70% el exceso de beneficio sobre aporte para los afiliados a la CJPU, frente a un 20 a 25% para los beneficiarios del BPS, Bancarios, Policías.