La gente quiere algo más que decidir entre candidatos y listas electorales

1/2

2/2

Cada vez son más los países que incorporan mecanismos de democracia directa en sus constituciones y, sobre todo, cada vez hay más ciudadanos en el mundo que exigen y proponen su uso, afirmó la socióloga uruguaya Alicia Lissidini, Ph.D en investigación en ciencia política por Flacso (Sede México). La entrevistada, docente de la Universidad Nacional de San Martín en Buenos Aires, disertará en el IV Foro Global de Democracia Directa a realizarse esta semana -del 14 al 16 de noviembre- en Montevideo organizado por el Initiative & Referendum Institute Europe y la Asociación Uruguaya de Ciencia Política. Este evento cuenta con el auspicio de la Embajada Suiza en Uruguay, entre otros. A continuación un resumen de la entrevista.

-¿A qué se le denomina democracia directa (DD) actualmente?

-Hay un largo debate en la literatura académica y jurídica respecto a qué mecanismos están comprendidos en el concepto de democracia directa. Si bien varios autores hablan de democracia indirecta o de democracia semidirecta para referirse a la iniciativa de los ciudadanos y el referéndum, prefiero el concepto estadounidense clásico de "direct democracy". Pero, a diferencia de algunos colegas, yo agrego otros mecanismos que amplían la propuesta minimalista original: la obligación de convocar a consultas populares para refrendar las reformas de las constituciones y la potestad de los ciudadanos para presentar iniciativas de proyectos de ley directamente al Parlamento. En síntesis, incluyo toda consulta popular -ya sea para reformar la constitución, derogar o aprobar una ley y revocar un mandato- independientemente de quien la convoque, así como las iniciativas legislativas propuestas por los ciudadanos.

-¿Cuáles son los beneficios que ofrece la DD?

-La ventaja más importante es que permite incluir nuevos temas propuestos por los ciudadanos en el debate público y, eventualmente, en la legislación de un país. Esto contribuye a que la gente se acerque a la política. Otro aspecto positivo es que aumenta la posibilidad de que la ciudadanía controle las decisiones de sus representantes en el gobierno, por ejemplo cuando utilizan el mecanismo de la iniciativa popular para derogar una ley que no goza del apoyo de la gente o para legitimar la aprobación de una normativa. También la revocatoria de mandato constituye un mecanismo de control -vertical, por cierto- pues los ciudadanos tienen la posibilidad de ratificar o revocar las autoridades electas, como ocurrió en Bolivia y Venezuela, con los presidentes Evo Morales y Hugo Chávez.

-¿Los mecanismos de DD no implican algunos riesgos para el sistema democrático?

-Sí, hay riesgos cuando las consultas populares son convocadas o iniciadas por el Poder Ejecutivo, pues promueven una democracia delegativa, que refuerza el poder del presidente a costa de otros mecanismos de representación como los partidos políticos y las organizaciones sociales autónomas. Por eso, Uruguay está en la senda correcta al no contemplar en su carta constitucional esa posibilidad pues aleja los peligros de que la consulta popular, ya sea con el nombre de plebiscito o de referéndum, sea usada en forma inapropiada. El caso más claro es el de Venezuela, donde el gobierno se vale de este mecanismo para perpetuarse en el poder.

-¿En qué medida los instrumentos de DD pueden ser utilizados para recortar los derechos de las minorías?

-Los efectos sobre las minorías son una preocupación central en muchas investigaciones, en especial a nivel estadual en Estados Unidos. En este punto, la cuestión es qué derechos son pasibles de ser sometidos a consultas populares y cuáles no. En algunos estados de ese país se han aprobado, a través del referéndum, leyes que afectaban los derechos de salud y educación de los inmigrantes que luego la Corte Suprema de Justicia dejó sin efecto.

Tendencias

-A pesar de esas limitaciones, ¿el mundo tiende a buscar mecanismos de participación directa?

-Hace veinte años cuando comencé a investigar este tema, los académicos no le veían mucho futuro a la DD. Sin embargo, cada vez son más los países que incorporan mecanismos de democracia directa en sus constituciones y, sobre todo, cada vez hay más ciudadanos en el mundo que exigen y proponen su uso. Por ejemplo, hoy se está planteando resolver cuestiones históricas, como la independencia de Escocia del Reino Unido y de Cataluña de España, mediante una consulta popular. En Islandia se acaba de realizar un referéndum promovido por los ciudadanos -otro más desde que se inició la llamada "revolución de las cacerolas" en 2008- en el cual una enorme mayoría se expresó a favor de la nacionalización de los recursos naturales. También hay varias organizaciones sociales que están recolectando firmas a efectos de que se aprueben legislaciones en toda Europa para declarar que el agua es un derecho humano no pasible de ser comercializado y para aprobar un ingreso ciudadano universal, entre muchas otras iniciativas.

-¿A qué atribuye esa tendencia a nivel mundial?

-Se puede explicar en gran medida por la crisis de la representación política. Pero, también es perceptible el mayor interés de los ciudadanos por tener una participación de más calidad en política. En otras palabras, la gente quiere algo más que decidir entre candidatos y listas electorales; hay una voluntad manifiesta de participar en las propuestas políticas. Es decir, al mismo tiempo que se registra un mayor desinterés en la dimensión electoral de la política y de ahí el aumento de la abstención electoral, hay más participación en las formas no tradicionales de hacer política. Estamos frente a ciudadanos desconfiados, pero no apáticos.

-¿Existe una relación directa entre el avance de la DD y la pérdida de confianza de los ciudadanos en el gobierno y los gobernantes?

-Sí. Siguiendo al historiador francés Pierre Rosanvallon, podemos distinguir la desconfianza liberal de la desconfianza democrática. La primera de ellas proviene de los Padres Fundadores del régimen norteamericano, sobre todo de James Madison, quien tenía poca confianza en el debate público; por lo tanto, lo que promueve no es un gobierno fundado en la confianza pública, sino que institucionaliza la sospecha. Esto se tradujo, en la adopción de elecciones indirectas para ciertos cargos de importancia -tales como jueces y embajadores e incluso el presidente como sucede en Estados Unidos- porque se suponía que cuanto mayor fuera la participación ciudadana directa, más probabilidad de tomarse decisiones equivocadas.

Esa misma desconfianza está presente en las constituciones latinoamericanas desde la independencia, al menos hasta la reforma constitucional colombiana de 1991, la cual en alguna medida rompe con ese modelo e introduce la desconfianza democrática. A mi juicio, esta es muy positiva porque fomenta el ejercicio de los controles políticos de los ciudadanos sobre los gobernantes, politizando así la democracia. Los mecanismos de democracia directa y democracia participativa pueden promover el control político y el involucramiento en la política.

Latinoamérica

-¿Qué países latinoamericanos han incluido instrumentos de DD en sus constituciones?

-Prácticamente todos los países de América Latina incluyen la DD en sus constituciones, con la excepción de México y Chile. México no la contempla a nivel nacional; pero, desde la segunda mitad de la década de noventa, ha ido incorporando diversos mecanismos de democracia directa y participativa en sus constituciones locales. Lo que llama la atención es la no inclusión de instrumentos de participación ciudadana en la reforma constitucional chilena de 2005. De esa manera, los chilenos solo pueden ser convocados a una consulta popular excepcionalmente y no tienen potestad para proponer o revocar leyes, convocar a una consulta o revocar un mandato.

-¿Estos mecanismos de DD se ponen en práctica a menudo en la región?

-Su aplicación depende mucho de las circunstancias que se viven en cada país. Entre 1978 y 2011, se registraron unas cincuenta consultas populares en América Latina. Dejando a un lado al caso uruguayo que es excepcional por la cantidad de veces que se ha convocado a la ciudadanía para decidir distintos temas, los países que más han recurrido a los mecanismos de DD en los últimos años son Venezuela, Ecuador y Bolivia.

DD en Uruguay

-¿Cuáles son los orígenes de la introducción de la DD en Uruguay?

-Si bien el origen de la DD en Uruguay aún no se ha estudiado en profundidad, la referencia inevitable es la figura de José Batlle y Ordóñez y su admiración por Suiza. Cuando uno lee su producción, lo que primero llama la atención, sobre todo por el momento en que fue escrita, es su confianza en el individuo como ciudadano político educado y participativo, en un país en que "la política" era central en la vida de los individuos y sobre la cual se organizó la sociedad en todos sus aspectos, político, social y económico, lo que constituye la base misma de la DD.

-¿Qué factores contribuyeron a que Uruguay fuese pionero en América Latina en incorporar mecanismos de DD?

-La democracia directa, y en particular el plebiscito, se presentó, a lo largo de la historia uruguaya como un mecanismo de legitimación popular de las reformas constitucionales y, en particular, de los pactos políticos entre los partidos Colorado y Nacional que dieron origen a dichas enmiendas. Estos plebiscitos estuvieron enmarcados dentro de un discurso "participativo", que pretendió hacer más democráticas las decisiones políticas. Sin embargo, se puede sostener que la intención política central de las reformas que se plebiscitaron entre 1917 y 1971 fue desplazar a ciertas fracciones partidarias de la competencia política.

-¿Cómo ha evolucionado la aplicación de la DD a nivel local?

-La primera inclusión de los mecanismos de DD en Uruguay fue muy limitada ya que la Constitución que entró en vigencia en 1918 solo se refería a la consulta popular como herramienta de reforma constitucional. Ese texto, que es el pacto fundacional de la democracia uruguaya y en el que participaron los dos partidos tradicionales, fue refrendado por el 95% de los votantes. En cierto modo, esa reforma constituyó el primer intento de trasplantar el modelo de gran coalición al estilo suizo y el plebiscito que lo legitimó fue el primero que presentó características de tipo consociativo.

-¿Qué éxito han tenido las iniciativas ciudadanas en Uruguay?

-Los investigadores tenemos un trabajo pendiente porque aún no hemos podido identificar todas las iniciativas que fracasaron en el intento de convocar a una consulta popular. Si solo observamos las iniciativas que superaron la primera etapa -entre 1917 y 2009 los ciudadanos ejercieron su voto en 24 consultas populares-, es evidente que el éxito para recolectar el número de firmas requeridas y luego vencer en el referéndum se debió a que la propuesta ya contaba con apoyo político, o que luego obtuvo el respaldo de uno o más partidos. Por ejemplo, las iniciativas para incorporar el ajuste automático de las jubilaciones y pensiones al texto constitucional en 1989 fue impulsado por las organizaciones sociales de jubilados y, finalmente, apoyado por todos los partidos políticos, con la excepción del sector de Jorge Batlle del Partido Colorado, del MPP del Frente Amplio y de los sectores afines al gobierno de Lacalle. En el referéndum para derogar cinco artículos de la Ley de Empresas Públicas en 1992, fueron los sindicatos los principales promotores, y luego recibieron el apoyo del Frente Amplio, el Nuevo Espacio, de sectores minoritarios del Partido Nacional y de la mayoría del Partido Colorado.

-¿A qué obedece la partidización de las iniciativas populares?

-En Uruguay, el apoyo político partidario es un factor central. No obstante, el fuerte respaldo popular a ciertas iniciativas ha determinado que en muchos casos los partidos tuvieran muy poco margen para desligarse de esas propuestas. Ese fue el caso del expresidente Sanguinetti, quien se pronunció en las últimas semanas a favor de la derogación parcial de las privatizaciones, en el referéndum de 1992.

Iniciativas populares y referéndums

-Usted está investigando "el lado oscuro de las iniciativas populares" en Uruguay, ¿a qué apunta ese trabajo?

-Mi intención es mirar más críticamente a los mecanismos de la democracia directa. Por lo general, se asocia a quienes impulsan iniciativas populares con grupos de izquierda. Sin embargo, cuando se estudia ese instrumento a nivel global, los resultados muestran a menudo tendencias conservadoras, como se ha visto en Suiza con el referéndum que prohibió la construcción de los minaretes y en Estados Unidos con las nuevas legislaciones estaduales muy restrictivas para los inmigrantes indocumentados.

En el caso particular de Uruguay, la iniciativa para reducir la edad de imputabilidad penal no constituye precisamente una propuesta progresista. Al contrario, sería un retroceso; lo mismo si se pusiera en marcha el mecanismo de referéndum para derogar la despenalización del aborto.

-Al haber validado la Corte Electoral el número requerido de firmas para someter a referéndum la propuesta de reducción de la edad de imputabilidad penal, ¿es conveniente que la consulta popular tenga lugar simultáneamente con las elecciones nacionales o resultaría más adecuado ponerla a votación en un plazo más cercano?

-Lo ideal sería que los referéndums se realizaran en fechas distintas a las fijadas para las elecciones nacionales o municipales, pero hay argumentos valederos, sobre todo desde el punto de vista económico, para que se junten los comicios y las consultas populares. Sin embargo, existe un aspecto más grave que debería modificarse. Me refiero a la suma de los votos en blanco con el voto por el "no" en los plebiscitos. Se debería aplicar un modelo explícito que computara solo los votos afirmativos y los negativos porque el actual diseño termina por desvirtuar la voluntad popular.

Suiza y la democracia directa moderna

-¿A qué atribuye que el país emblemático de la democracia directa (DD) sea Suiza?

-Sin duda la importancia de la DD en Suiza tiene que ver con su larga historia de asambleas populares, con el origen del país formado por una confederación de cantones y con su constitución federal de 1848.

-¿Cree factible que la DD sustituya a la democracia representativa en las sociedades altamente tecnificadas?

-No. Como se puede ver en Suiza, donde la DD forma parte de la vida política cotidiana de los ciudadanos, nadie pretende sustituir la democracia representativa porque este sistema, para bien o para mal, es insustituible al igual que el funcionamiento de los partidos políticos.

-¿Coincide con la opinión de algunos analistas que vinculan el predominio de las tendencias conservadoras en la legislación suiza a la incidencia de las consultas populares?

-La explicación sería mejor buscarla en las causas generadoras del relativo conservadurismo político que se le atribuye a la sociedad suiza. En realidad, los mecanismos de DD no modifican drásticamente los fenómenos políticos que se dan en las sociedades, sino que refuerzan tendencias políticas preexistentes.

-¿Qué diferencias importantes pueden observarse entre los mecanismos de DD que se aplican en Suiza y en Uruguay?

-La DD forma parte de la vida política de Suiza. La iniciativa popular y el referéndum son mecanismos a los que la ciudadanía suiza recurre usualmente cuando quiere promover un proyecto de ley o rechazar una legislación a nivel federal, cantonal o municipal. En cambio, el uso de los instrumentos de DD en Uruguay es un acto excepcional ya sea para legitimar una decisión política tomada por el poder legislativo nacional o departamental, para derogar una ley preexistente o para impulsar una reforma constitucional.

ficha técnica

Alicia Lissidini, uruguaya, obtuvo la licenciatura en sociología en la UdelaR, la maestría en ciencias sociales en Flacso (Sede México) y el doctorado en investigación en ciencia política en Flacso (Sede México). Es profesora con dedicación exclusiva en la Universidad Nacional de San Martín (Buenos Aires). Sus trabajos más recientes son: "Democracia directa en Latinoamérica: entre la delegación y la participación" (2011), "Todos la quieren. El anhelo por la democracia directa" (2011) y, próximamente, "Direct democracy in Uruguay and Venezuela: new voices, old practices".