La culpa no es del mensajero

NÉSTOR O. SCIBONA | LA NACION

En la Argentina, hay experiencia de sobra. Cada vez que se manosea la Constitución, buena parte de la opinión pública generalmente permanece indiferente y cuando reacciona suele ser demasiado tarde: los problemas ya están instalados y resulta más difícil resolverlos.

El virulento debate por los proyectos de ley que desmejoran la calidad institucional de la Argentina responde a esas características, con el ingrediente adicional de que el Gobierno ha colocado esta vez en la vereda de la oposición a una pequeña parte de la prensa, aquella que no convalida automáticamente cualquier iniciativa del oficialismo y es descalificada por el solo hecho de pensar distinto. Si aquí cabe una autocrítica, más que al periodismo independiente les corresponde a aquellos políticos que cambian de opinión y avalan como oficialistas lo que antes criticaban como opositores. El mensajero no tiene la culpa del contenido del mensaje. Utilizarlo como chivo expiatorio sólo sirve para desviar la atención de la cuestión central y de la que menos se habla: superada la emergencia económica y con mayoría propia en las dos cámaras legislativas, el Poder Ejecutivo no necesita gobernar con decretos de necesidad y urgencia, y tampoco concentrar facultades especiales para manejar discrecionalmente fondos presupuestarios y extrapresupuestarios. Puede haber excepciones, pero éstas no deben convertirse en reglas permanentes, sin límites ni plazos.

Hoy se corre el riesgo de repetir errores del pasado en nombre de una dudosa mejora de la gestión y la gobernabilidad. El mismo argumento hizo que años atrás la Argentina se poblara de leyes cuyo incumplimiento se daba por descontado aun antes de que fueran sancionadas, o de impuestos de emergencia que llegaron para quedarse aunque luego cambiaran los gobiernos. Los resultados fueron ciertamente desastrosos. Esto invalida la justificación oficial de que en otras épocas otros gobiernos dispusieron de facultades aún más amplias y peligrosas. Que se hayan hecho las cosas mal en el pasado no habilita para seguir haciéndolas en el futuro, aunque ahora, en vísperas de otro año electoral, no se trate de imponer ajustes de apuro, sino de gastar a dedo los abultados recursos provenientes de una estructura impositiva distorsionada, que nadie parece tener intenciones de corregir.

Si ejerciera la autocrítica, la corporación política debería admitir que viene desconociendo desde hace doce años que la Constitución de 1994 disponía el diseño de un nuevo régimen de coparticipación federal de impuestos, que nunca fue tratado. Y en esta omisión, al igual que en la decisión de archivar todos los proyectos de reforma política, se encuentra la raíz de otros serios problemas institucionales. Entre ellos, la fuerte concentración de poder en los gobernadores provinciales junto con el progresivo aumento de su dependencia de los recursos nacionales. También explica el porqué de la creciente delegación de facultades del Congreso al Poder Ejecutivo: siempre resulta más sencillo y electoralmente redituable negociar individualmente beneficios a cambio de favores y realineamientos políticos, que someterse a un sistema transparente de premios y castigos.

En este marco, los superpoderes propuestos para la Jefatura de Gabinete parecen un exceso en las actuales circunstancias. Con la estrategia -inaugurada por Roberto Lavagna- de subestimar el crecimiento económico y los ingresos tributarios del Presupuesto, el Poder Ejecutivo ya maneja discrecionalmente, a través de decretos de necesidad y urgencia (DNU), una creciente masa de recursos excedentes. Según un estudio de la ASAP (Asociación Argentina de Presupuesto) este mecanismo, junto con la reasignación de partidas, permitió en 2005 asignar un volumen de recursos equivalente al 20% del Presupuesto Nacional sin pasar por el Congreso. Buena parte de esos gastos van a obras públicas y subsidios. Ello, sin contar con los fondos fiduciarios que tampoco son sometidos a control parlamentario previo. Pero también el actual proyecto va más allá, ya que faculta al jefe de Gabinete a exceder los límites de la ley de responsabilidad fiscal, que, por otra parte, ya está siendo incumplida por varias provincias. Mientras sobran recursos, este defecto se asemeja a la cadena de la felicidad, ya que permite recaudar más y gastar más. El problema institucional puede sobrevenir si alguna vez -durante este gobierno u otro- la tendencia se invierte.

REPARAR DAÑOS. Sin embargo, el presidente Kirchner tiene por delante una oportunidad que no debería desperdiciar. Antes que acumular poder apuntando sólo a resultados de corto plazo, está en condiciones de reparar la arquitectura institucional dañada en los últimos años y plantear el futuro sobre bases más sólidas.

La incógnita es si está dispuesto a hacerlo y cómo. No ha habido, en el áspero debate de los últimos días, ninguna referencia a la necesidad de salir de lo provisional.

En la Argentina, aún sigue en vigor la ley de emergencia económica, en parte para renegociar contratos de servicios públicos privatizados con una tácita convalidación del Poder Legislativo (aunque varios de ellos no fueron puestos en práctica) y en parte para evitar embargos por parte de tribunales extranjeros ante las demandas de los acreedores privados que no aceptaron el canje de deuda en default y quedaron en un limbo jurídico.

Otro tanto ocurre con las empresas sujetas a los controles de precios y de rentabilidad, a las cuales el Gobierno amenaza con aplicar la ley de abastecimiento, derogada hace años. También están en la nebulosa las ejecuciones hipotecarias, que el Congreso prorroga permanentemente sin buscar soluciones de fondo, y los juicios por el corralón financiero, porque sigue sin completarse la integración de la Corte Suprema.

Para financiar grandes obras energéticas, el Congreso delegó en el Poder Ejecutivo la facultad de aplicar impuestos extra (cargos tarifarios) con un criterio que aún se desconoce. Anteriormente, el Gobierno no sólo creó un fondo sin antecedentes en el mundo (el Foninvemen), al capitalizar deudas estatales con las empresas generadoras de electricidad. Ahora busca anudar un acuerdo con las AFJP para completar la financiación. Pero al mismo tiempo está dispuesto a mantener los aportes al sistema en 7% (contra el 11% que indica la ley) para estimular, sin consulta previa, el poder adquisitivo de los afiliados antes que el ahorro de largo plazo.

Aunque la formidable recuperación de la economía relega todos estos problemas a un segundo plano, la lógica indica que éste es un momento para fortalecer instituciones; no para debilitarlas. Así como no se pueden tener buenas instituciones en épocas de crisis y con una economía desquiciada, la experiencia internacional muestra que no será posible consolidar el crecimiento sin una mejora de la calidad institucional. Son las dos caras de una misma moneda. Los grandes proyectos de inversión vienen de la mano de una mayor seguridad jurídica, no de las críticas a quienes buscan afianzarla.