OPINIÓN

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Con cada ajuste monetario de la Reserva Federal, colapso económico global o devaluación del peso argentino, los uruguayos reviven los peores temores asociados a las consecuencias de las dos grandes crisis de los últimos 40 años. En la columna previa, abordé las causas externas e internas de la de 2002, de la cual se cumplen dos décadas, y enfaticé los errores que el país repitió tras la salida de “la crisis de la deuda” (1982).

¿Qué avances se materializaron en estos años para considerar tales temores sobredimensionados? ¿Qué temas quedan pendientes para estar mejor preparados ante desarrollos externos muy adversos?

Porque Uruguay no estuvo, ni está exento de volver a recibirlos, incluso en una extensión y magnitud comparable a los acumulados entre 1997 y 2002. De hecho, las crisis globales de 2008 (financiera) y 2020 (pandemia) ya lo evidenciaron.

Es cierto que Uruguay no llegó a ambos colapsos globales en la mejor forma, sobre todo al segundo, pero también es cierto que había logrado avances sustantivos en los frentes comerciales, fiscales, monetarios-cambiarios, financieros-bancarios y de gestión de deuda.

En lo comercial, la crisis de 2002 impulsó —en los hechos y en la agenda de políticas— las necesidades privadas y gubernamentales de depender menos de la región y lograr una mayor diversificación e inserción global. Muchos de los problemas de Argentina y Brasil son estructurales, desde su alto grado de protección hasta su volatilidad macroeconómica, por lo cual la mejor política compensatoria de todo eso pasa por favorecer la reasignación de recursos hacia sectores orientados al resto del mundo y países más estables.

En los aspectos financieros-bancarios, las políticas públicas se focalizaron a mejorar la regulación e introducir más normas prudenciales, desincentivar los préstamos en moneda extranjera a usuarios con ingresos mayoritariamente en moneda pesos, estimular el ahorro en moneda nacional, instaurar un sistema de seguro de depósito y fortalecer la supervisión siguiendo las buenas prácticas internacionalmente aceptadas.

La introducción de la Unidad Indexada en 2003 fue clave para empezar la imprescindible desdolarización, sobre todo de la deuda pública y de algunos préstamos bancarios. Con menos vulnerabilidades en esos frentes, se facilitó la flexibilidad para ajustes del Tipo de Cambio Real en escenarios adversos y la política monetaria ganó algo de capacidad para empujar en esa dirección. Faltó, sin embargo, acumular un largo periodo de inflación baja y estable en 2-3% para desdolarizar más rápidamente y lograr mayor potencia monetaria-cambiaria.

En lo fiscal, Uruguay logró ir reperfilando y reduciendo la deuda pública desde 2003 a 2011 para recuperar el grado inversor en 2012, pero la política siguió siendo procíclica, electoralmente discrecional e incluso frágil en términos de sostenibilidad. Por eso, el investment grade estuvo cerca de perderse en los años recientes.

Hubo avances en 2020 con la instauración de la regla fiscal basada en metas de balance estructural, endeudamiento y crecimiento del gasto, junto con la nueva institucionalidad fiscal, pero aún está lejos de consolidarse y ser lo suficientemente creíble como para despejar el riesgo de bajas en la calificación de riesgo. Quizás un par de “colchones” pueden ser necesarios en este frente: la meta de estar 2 o 3 escalones sobre la nota mínima del grado inversor en las tres calificadoras principales, con mecanismos de corrección automáticos ante rebajas, y el reforzamiento de las líneas de contingencia y construcción de un mínimo de fondos soberanos para liquidez ante cortes súbitos de crédito externos.

En definitiva, más progresos en lo fiscal, la desdolarización y la estabilidad de precios son claves para suavizar desde las políticas macro de los ciclos externos.

Desde hace 50 años, con la caída del régimen de Bretton Woods, vivimos en un mundo donde las paridades principales y las de nuestros socios comerciales son volátiles y pueden apartarse por periodos prolongados de sus valores de paridad de poder de compra (PPP), con consecuencias significativas en los precios de exportaciones e importaciones, así como en la volatilidad de los términos de intercambio y el ciclo económico.

Para atenuar en los booms la consiguiente caída del Tipo de Cambio Real, la política fiscal debe ser menos procíclica, y para facilitar sus alzas en escenarios adversos, la desdolarización debe profundizarse. Más medidas regulatorias y prudenciales pueden ser requeridas en esa última dirección, pero sobre todo se necesita una mejor gestión e institucionalidad del Banco Central, orientada a un régimen verdadero y creíble de metas de inflación en 2-3%, para recuperar una moneda de calidad. Porque, dado que la responsabilidad fiscal es necesaria en sí misma, independiente del régimen cambiario, con ella es mejor tener autonomía monetaria para (bien gestionada) amortiguar los shocks.

En fin, ni los ciclos económicos externos están muertos, ni es el fin de las crisis. Convivir con eso fue, es y será la norma de países pequeños y abiertos, que deben estar preparados para enfrentarlos.

Una combinación de reglas (en lo fiscal y monetario) y flexibilidades (en lo cambiario, laboral y en el gasto público) parece ser la mejor preparación de aquellos referentes exitosos en las últimas décadas.