La orientación que viene cobrando el gobierno, cada vez más lejos del recordado "efecto Conrad", ha motivado muchos artículos en los que he planteado discrepancias en varias áreas, muchas de ellas vinculadas con la libertad de la gente para elegir sus opciones de trabajo.
Otras veces tienen que ver con el enfoque sobre la propiedad privada, en especial de la tierra, o sobre el papel del gobierno en el discernimiento de su política de gasto público y hasta en su relacionamiento externo: motivos de fondo para escribir los proporciona con frecuencia este gobierno. Pero hay un tema sobre el que intento machacar una y otra vez: la consideración de las circunstancias económicas nacionales e internacionales para postergar, al menos algún tiempo, esas reformas que el gobierno plantea y que no hacen más que sembrar inquietud empresarial, justo ahora cuando su actividad resulta más necesaria.
En otras palabras, más allá de discusiones ideológicas, lo que siempre me pregunto es para qué agregar a la inestabilidad grave que nos viene de fuera sobre la que poco podemos hacer, la inseguridad doméstica derivada de planteos que, por introducir modificaciones en el sistema de reglas, suman incertidumbre económica que conduce a una reducción, esta sí evitable, de la actividad general y de la agropecuaria en particular. Esto comienza a notarse en la pecuaria, en la agricultura de secano, en la forestación.
TRABAS COMERCIALES. En nuestras relaciones con la Argentina pasa lo mismo. En algunas expresiones oficiales hay prudencia; en otras no. El gobierno parece haber elegido reaccionar poco ante una larga serie de agravios comerciales, y quizás tenga razón; admitamos por un momento que fuera una estrategia de prudencia deliberada, estudiada y hasta negociada. Pero esta estrategia llamémosle de mirar para el costado, pasiva, no condice con otra que hay que rechazar por imprudente, que es la de brindar al gobierno argentino la información sobre sus contribuyentes y los nuestros, sus sociedades, negocios, etc., en una lista de exigencias que se agrandará siempre, más aún a medida que Argentina siga profundizando su inevitablemente policíaco modelo de gestión macroeconómica.
Y así como parece recomendable no tocar el sistema de reglas doméstico en plena inestabilidad mundial, lo mismo ocurre con Argentina: no se debe profundizar en la atención de las demandas de su gobierno, justo en el momento en el que con seguridad nuestro país, como tantas veces en dos siglos, será aún más el refugio de muchísimos ciudadanos que escapen al corralito, al corralón, a la pesificación asimétrica, a las detracciones, o al corralito verde como se lo llama ahora, o a tantas disposiciones durísimas para con los que tienen algún negocio. Con su ocurrencia de siempre decía Jorge Batlle que si Hernandarias introdujo la ganadería, los Kirchner trajeron la agricultura. De lo que se trata es pues de no entorpecer un proceso natural de escape de los argentinos hacia aquí, por atender las exigencias de su gobierno, que no deberían ir mucho más allá que inaugurar trenes insólitos.
EXIGENCIAS CRECIENTES. Sería un error pensar que el gobierno argentino que recién empieza, desarrolla una política industrialista de sustitución de importaciones. Esto es solo parcialmente así.
En realidad, el gobierno argentino tiene severos problemas macroeconómicos -no tiene plata para sus gastos que no quiere modificar- y para resolverlos usa la política comercial restringiendo por todos los medios la salida de dólares, lo que incluye importaciones decisivas para sus propias industrias sustituidoras de importaciones, que el año pasado crecían a estas alturas 12% y hoy al 2%. Sin crédito externo por su conducta de contumaz incumplidor, con malas relaciones con países decisivos en este sentido, con exportaciones amenazadas por el escenario complejo del mundo, las necesidades de dólares solo pueden venir de restricciones policíacas a todo: importaciones, envío de utilidades, pagos de préstamos de jugadores de fútbol, corralito verde, trámites imposibles de compra de divisas, lo que sea, pasando por encima de cualquier derecho. Muchos economistas argentinos ya no descartan una recesión para el segundo semestre de 2012 y no se animan a pronóstico alguno para el 2013, de persistir estos severos controles que ahogan la actividad poco a poco. A todo esto se suma la decisión de reformar la carta orgánica del Banco Central con dos propósitos: utilizar las reservas internacionales para gastarlas según las necesidades, y emitir moneda argentina sin límite para "financiar el desarrollo". Con una inflación extraoficial hoy en el 25% y libertad para emitir, y con una devaluación de no mucho más del 5%, el retraso cambiario más las detracciones golpearán también la actividad exportadora, complicando así su única fuente de divisas que es el superávit comercial, también complicado por restricciones a algunas exportaciones aun más allá de las detracciones, en base a permisos. Si a eso se suma: caída en las industrias domésticas por imposibilidad de importar insumos; carencias energéticas por falta de inversiones; ausencia de crédito externo, justo en el momento de mayor oferta del mismo de la historia; temor a nuevos manotones como ocurrió con las Anses o las reservas del BCRA; fuga de capitales aunque ahora bastante controlada por la policía de Moreno, que llegó al récord de 21 mil millones de dólares en 2011, casi la mitad de las reservas declaradas de 46 mil millones de dólares; todo esto combinado da una muy posible inflación con recesión, con salidas de gente y de capitales a donde sean recibidos con más o menos cortesía, como en nuestro país.
A todo lo anterior hay que sumar un clima político que se enrarece más y más; esta semana, por ejemplo, se anuncia que se traspasarían los trenes de corta distancia al gobierno de la ciudad de Buenos Aires, pero con las deudas y sin los subsidios, en una operación de sacarse de encima un problema y querer perjudicar a Macri.
Dice Jorge Oviedo, prestigioso columnista de La Nación, que el gobierno restringe libertades y derechos para sostener su derecho absoluto a seguir gastando. A la fuerza de los precios por subir, o de los capitales por defenderse y huir, se puede oponer otra, policíaca, la del permiso, pero por poco tiempo. La economía, a la larga, les gana con su respuesta de inflación o recesión o ambas y fuga de capitales, ya que sin reglas claras, con discrecionalidad oficial total, no hay forma de invertir con seriedad, tal vez solo con prebendas.
No va a haber, pues, avances en materia comercial porque este tema está subordinado a otro, el del desequilibrio macroeconómico, del que depende todo el esquema de gastos vinculados al mantenimiento de redes de poder. Por eso el silencio y buscar otras alternativas es lo único que se puede hacer aquí más allá de protestas.
Pero esa misma política de mirar para el costado debería implementarse, por razones todavía más contundentes, en todo el tema de intercambio de informaciones tributarias o societarias que sirven a un estado policíaco que restringe libertades y derechos, y que podrían atenuar una corriente que se debería profundizar hacia nuestro país, si somos amistosos con quienes se sienten allí perseguidos. Postergar también estos temas como los que escribí al principio parece una exigencia de la prudencia.