OPINIÓN

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El oficialismo luce orgulloso las cifras de bajas en los delitos en 2021. El ministro Heber lo anunció hace ya unas semanas, con detalle y amplitud. Como es de esperar, lo atribuyó a la buena gestión de la Policía y a los componentes de la LUC relacionados. También como es de esperar, la oposición cuestionó esta interpretación, pero, mucho más que eso, cuestionó la veracidad de los datos. Tras cada hecho escabroso que se hace público, las redes sociales disputan la veracidad factual de la baja estadística en delitos. Claro, las redes no son el mejor lugar para el diálogo civilizado, especialmente cerca de una instancia electoral. Pero las estadísticas de criminalidad son, de las muchas estadísticas sectoriales que se procesan, las más sujetas al cuestionamiento público.

Esto no es un problema de esta administración. Lo mismo sucedía en los períodos pasado tras los anuncios del fallecido ministro Bonomi. Solo que bajo tolderías cambiadas. Los condescendientes y los criticones mudaron su color.

El problema de fondo es que no tenemos estadísticas de victimización. Discutimos sobre lo que elabora el Observatorio sobre Violencia y Criminalidad que depende jerárquicamente del Ministerio del Interior. Los datos de base de denuncias los recibe la policía, que es quien realiza la tipificación primaria y desata el procesamiento posterior. En definitiva, quien genera las estadísticas es quien debe ser evaluado por su gestión.

Obviamente, que se generan suspicacias, y a quien no le toca estar en la gestión administrativa, mira con una mezcla de desconfianza y utilitarismo político los números. Pasó bajo la anterior administración y pasa ahora. El problema no es Bonomi, ni Larrañaga, ni Heber. No es este ministro o aquel otro. El problema es cómo medimos la criminalidad y la institucionalidad que está por detrás.

Extrapolemos por un momento. ¿Se imaginan asignarle al Banco Central la construcción del IPC con el que mes a mes evaluamos que tan bien o mal nos está yendo en materia inflacionaria? El Instituto Nacional de Evaluación Educativa tiene por misión evaluar la calidad de la educación nacional. Es una institución pública de derecho no estatal, autónoma en su accionar y si bien se vincula con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Educación y Cultura, tiene su presupuesto propio establecido por ley. Y así podemos seguir. Tanto más lejos esté el generador de estadísticas del gestor responsable, tanto mejor.

Encuestas de victimización

En violencia y criminalidad no tenemos este problema resuelto, y no es fácil de resolver. Al fin y al cabo, la puerta de entrada de las denuncias siempre será la policía. Allí está el frente de batalla, allí está la línea de contacto con la más sórdida realidad. Lo que no quita que las fuentes administrativas, como las policiales (o judiciales), no generan una imagen suficientemente fiable y completa del delito y la violencia. Esto es especialmente cierto en dos dimensiones. Primero la geográfica. En los barrios donde la criminalidad es mayor, la tasa de denuncia policial es menor por razones que no es necesario explicar. La violencia es aún más desigual y regresiva de lo que creemos. Segundo, la dimensión de género y de edad. Si bien ha habido importantes avances, la invisibilidad criminal pesa mucho más sobre las mujeres y los menores que sobre hombres adultos. Máxime en situaciones que involucran intimidad, relaciones cercanas y vergüenza.

Necesitamos tener con periódica regularidad encuestas de victimización donde el foco de medición cambie. En lugar de recabar directamente las denuncias (o procesamientos), deberíamos tener encuestas representativas en que los uruguayos seamos consultados sobre nuestras vivencias pasadas. Uruguay ya tiene una experiencia del 2017 producto de un convenio entre el Ministerio del Interior y el Instituto Nacional de Estadística.
Lastimosamente, el informe se hizo público muy tarde, con poca visibilidad y no se le dio continuidad. Pero tiene resultados impactantes. En 2016, en un 26% de los hogares uruguayos hubo al menos una persona victimizada y tan solo el 28% de los incidentes fueron denunciados ante la policía. Los datos administrativos son importantes, pero son sólo una parte del fenómeno.

Por supuesto, las encuestas de victimización también tienen sus problemas. En primer lugar, dependen de la capacidad de la población de recordar victimizaciones pasadas. También hay problemas de no declaración, tanto porque los involucrados no lo consideran delito o porque revelarlos requiere un nivel de confianza que un entrevistador es difícil que genere (por ejemplo, respecto a agresiones sexuales). Pero, al menos, en hurtos y rapiñas, estos problemas serían menores en comparación a los que tenemos en los datos policiales, e implementar este seguimiento como parte de la Encuesta Continua de Hogares debería ser muy sencillo.

Las personas pasan y las instituciones quedan. Cierto. Los ministros pasan y los reproches se mantienen. Cierto también. Las tiendas de los que están de uno y otro lado del mostrador han cambiado, pero si lo miramos con cuidado el debate no se ha alterado en sustancia. Y seguirá sucediendo, el fundamento profundo del asunto va más allá de lo personal, es institucional.