OPINIÓN

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Poco a poco se van desgranando las discusiones en torno al proyecto de ley de urgencia, pero más allá de lo que finalmente se apruebe, hay algunos principios que el gobierno electo quiere aplicar en otros sectores en los que me quiero detener por sus efectos.

La razón es que de extenderse estos principios al agro, como debería ocurrir por una simple razón de coherencia, se me genera un importante optimismo porque suponen importantes cambios no solo de visión de la sociedad o de funcionamiento institucional, sino de repercusiones muy prácticas en torno al principal problema de la empresa agropecuaria, que es el de sus costos de producción que desalientan por completo la inversión.

Como se sabe el presidente electo y hasta donde me acuerdo todos los candidatos de los partidos de la coalición, firmaron para derogar la obligatoriedad de la ley. Incluso circuló una excelente intervención del Dr. Lacalle Pou en el Parlamento estableciendo la discusión en términos de libertad, de roles del estado y de los particulares. No es mala la ley, lo es su condición obligatoria.

En realidad esta ley es la típica expresión socialista de un Estado que cree saber mejor que cada particular qué es lo que más le conviene, qué debe hacer, en qué momento, etc. Y desde la soberbia de creer qué es lo mejor por sí y ante sí, simplemente lo impone. La visión contraria es la que se plantea gobernar sugiriendo, aconsejando, estimulando, proponiendo, pero siempre dejando a la gente libertad de optar y eventualmente de equivocarse, o de no hacer incluso lo que en principio puede parecer mejor y no lo es frente a la libertad.

Y aquí el optimismo me nace dado que en el sector agropecuario, después de 15 años de gobierno socialista con todos los ministros de ganadería de ese pelo, se han acumulado una cantidad de obligaciones que no solo suponen costos sin beneficio alguno, sino que implican sustituir la decisión del que produce. Así pues es obligatorio sembrar semillas certificadas, utilizar determinados agroquímicos, hay que pedir permiso para plantar, para exportar algunas cosas, para importar otras, es obligatoria la trazabilidad, lo es también la presentación de planes de uso y manejo del suelo para aprobación del Mgap, hay que presentar planillas de lo que uno hace con la sanidad de su ganado, múltiples declaraciones juradas y permisos previos, todo con ese enfoque socialista que establece desde el Estado qué, cuánto y cómo producir.

O peor aún: que convierte el acto de producir o emprender en una concesión del titular del poder, el estado, que va confiriendo permisos. ¿Es malo sembrar semilla certificada, identificar el ganado con fines comerciales, medir los efectos de la erosión en una determinada rotación? Nada de eso es malo; lo que es definitivamente rechazable, al igual que en la inclusión financiera -es el mismo principio, idéntico-, es que sea una obligación. Todas estas imposiciones por una razón de coherencia se deberán revisar eligiendo el mejor momento para dejarlas de lado, al igual que en la ley comentada.

La reforma de la ley de Ancap, se apruebe o no se apruebe, por su sola discusión asociada a la permanente difusión por parte de la URSEA del precio de paridad de importación del gas oil, ya ha logrado un efecto que no va a cambiar. Me refiero a que la gente ya sabe que si el combustible en el surtidor vale más que importarlo, la diferencia se la están quitando otros que de paso le deterioran su competitividad.

El mismo principio exactamente, debería aplicarse a fertilizantes, herbicidas y demás agroquímicos, productos veterinarios, raciones, semillas, maquinarias, inoculantes, etc. En efecto, si el precio interno supera al de paridad de importación hay que eliminar el seudo monopolio de esos insumos contenido en la regulación de los famosos registros del Mgap.

Lo que ocurre es que la obligación de registrar confiere en la práctica al que logra el registro, el monopolio del producto registrado dentro de fronteras, único cuya comercialización se permite. Por el mismo principio que el de la desmonopolización de la importación de gas oil, todos los insumos deberían poder venderse dentro de fronteras si tienen registro en algún otro país. Eso llevaría su precio a la paridad de importación como techo, idéntico a lo que se propone con el gas oil.

Al igual que ocurre con el combustible, hay muchos que tienen razones para querer defender la necesidad de contar con registros nacionales, ensayos nacionales, etc. Tienen razones… pero no tienen razón.
Si no se aceptan cambios en esta dirección, junto a los del combustible y a las reducciones tributarias planteadas para cuando se pueda, que no se diga entonces que hay problemas de costos si no se encaran con decisión sus reducciones.

Aunque en el capítulo agropecuario de la ley de urgencia no hay nada de estos temas de obligaciones inútiles, o de rebaja de costos por regulaciones internas, soy optimista que eso vendrá por una simple razón de coherencia.

Esa misma coherencia es la que falta hasta ahora en la creación del Instituto de la Granja al conferirse al mismo, con dirección corporativa, nada menos que la posibilidad de restringir el comercio de productos nacionales o importados a través de la introducción de reglas de calidad, que son las más conocidas restricciones no arancelarias al comercio, las mismas que reclamamos en todos los foros que no se apliquen, y justo en un contexto de búsqueda de acuerdos de libre comercio... (art. 329 inc. K).
 
Más allá de este tema de la granja al que me referiré oportunamente porque es claro que hay cosas para hacer, es como señalé motivo de alegría que por razones de coherencia se extiendan al agro cambios tan relevantes como los propuestos en el fin de las obligatoriedades, y en el tope de cualquier precio al de su paridad de importación.