El desarrollo económico y social del país depende de un imprescindible incremento de la productividad

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El desarrollo económico y social de Uruguay tiene un alto precio, sostiene el economistaSebastián Fleitas, profesor en la Universidad de Lovaina, Bélgica. “Para hacer frente a las demandas de educación, salud, igualdad, bienestar, entre otras, se requiere una mayor productividad”, señala. Para ello, es necesario un consenso político “que de sostenibilidad a los cambios” para poner en marcha las transformaciones necesarias en el Estado, las regulaciones y el mundo del trabajo, Identifica la educación y la financiación de los partidos políticos como “las reformas clave”, así como cambios a nivel micro que generen eficiencia en la economía, “donde la sociedad muchas veces no demanda porque no identifica que existen problemas de regulación”, subraya. A continuación, un resumen de la entrevista.

—Usted considera que la productividad debería ser un tema central en la agenda pública…

—El país tiene muchos aspectos que solucionar para darle bienestar a sus habitantes. A la hora de financiar diferentes planes que atiendan los principales problemas del país, se plantea la posibilidad de hacerlo vía impuestos; ahora, esa opción de más impuestos nos puede sumar en el margen, pero es impensable atender todo un conjunto de programas a partir de subir impuestos. Por tanto, para atender las necesidades que tiene el país, hay que generar recursos legítimos, nuevos, y la única manera de hacerlo es con mayor productividad.
Mi hipótesis es que Uruguay no va lograr sostener un Estado de bienestar sino logra aumentar la productividad seriamente. Los desafíos son enormes, requieren muchos recursos. El sistema carcelario, las políticas de seguridad, la educación secundaria hoy, pero cuando se logre que más estudiantes sigan adelante, la presión recaerá sobre la universidad; cuando miramos la salud, el sistema de cuidados, los temas de seguridad social en general. O sea, un conjunto de desafíos que necesitan recursos que hoy el país, así como está, no tiene. Eso tiene que surgir del aumento de la productividad.

—El concepto de productividad, muchas veces lo centramos sólo en cuánto rinde el trabajador, dejando de lado otras dimensiones  vinculadas con el Estado, la regulación, las empresas…

—Es verdad, eso es un reduccionismo. Y centrado en un tema que, sin dudas es un asunto clave y para nada desligado del tema central que estamos hablando, pero que necesita, entre otras cosas, de la confianza de los actores. Hay temas que son difíciles de romper, pero son cuestiones en las que el país deba trabajar, a nivel del Estado, de las empresas, en el mundo del trabajo, la negociación colectiva, las regulaciones, En momento en que nos vamos metiendo poco a poco en campaña electoral, sería bueno decirle a la población que el país tiene un gran desafío de recursos y que para conseguirlos debemos poner estos temas en el centro. Creo que alguna de estas reformas tendría que venir de la mano de consensos políticos.
Todo esto, además, en medio de un mundo donde avanza la automatización e irrumpe con fuerza la inteligencia artificial. Debatir sobre cómo podemos ser más productivos, de qué forma lo vamos a lograr, cómo vamos a incluir los cambios tecnológicos, qué provecho le podemos sacar y cuando lo logremos, cómo vamos a distribuir los beneficios. Es hora de discutir todo eso. De lo contrario, los problemas se agudizarán.

—De las reformas necesarias, a su entender, ¿qué tenemos encaminado? 

—Si uno se pone en el corto plazo va a tener como una postura un poco más pesimista, porque tenemos muchas cosas que resolver y nos parece que se avanzó poco. Pero si observamos en una perspectiva de más largo plazo, creo que hay avances. Pensemos en los últimos 20 o 30 años. Hay cosas que han cambiado. No teníamos normas de competencia; hoy faltan cosas, pero existe un marco; áreas productivas donde no sabíamos muy bien cómo resolverlas, cómo regularlas, apostábamos por una integración vertical: el supergás, la Tv por cable, por ejemplo. Hoy tenemos instituciones reguladoras, como Ursec o Ursea, perfectibles, pero entendimos que era necesario tenerlas. Las empresas públicas, emprendieron procesos de productividad, que las ha llevado a mejorar. En los combustibles, hoy tenemos un trabajo técnico importante en torno a los Precios de Paridad de Importación que aportan evidencia para el debate. Falta toda la distribución secundaria de combustible, cierto. En la salud vivíamos entre mutualistas que quebraban una detrás de otra y un corralito que no se habría por años. La matriz energética, ha sido un gran cambio. La atención al público en algunas áreas como el documento de identidad o el pasaporte. Políticas del BCU, de la DGI… faltan cosas, pero estamos mejor.

—Hay algunas reformas micro que no parecen estar en el centro del debate: servicios salud, transporte, el retail…

—Están postergadas sí, pero también son más recientes en la agenda, varias de ellas. Por otro lado, no son temas para afrontar en momentos en que los países pasan por períodos problemáticos como un déficit fiscal amenazante, cuando la macro tiene grandes problemas. De todos modos, muchas veces no se atienden como prioritarios porque no son identificados como un problema por los consumidores, entonces no hay presión sobre ellos. Siendo además, en algunos casos, rubros donde hay restricciones políticas por parte de fuerte intereses concentrados.
Las batallas por la productividad tienen el problema que en su curso, no siempre son ganar-ganar. Queremos ser más productivos como país, puede resultar socialmente muy eficiente, pero a otros les genera pérdidas. Muy difícil encontrar lo que en economía llamamos mejora de Paretto, un escenario donde mejoramos a unos y los otros permanecen igual. Muchas de esas reformas van a perjudicar a algunos, ahí entra la decisión política. Y el sistema político hay temas en los que enfrenta muy poca demanda. Nos enojamos cuando vamos a la mutualista y tenemos médico para dentro de dos meses, o cuando cualquier otro servicio no está a la altura de lo que esperábamos. Pero pocas veces lo identificamos como un tema regulatorio que se puede mejorar si demandamos mejoras. Eso tiene que estar en el debate político.
Incluso, todos decimos que la educación está mal, pero cuando se hacen encuestas, son muy pocos los que lo ponen entre los principales problemas del país, cuando en realidad ahí está en juego el futuro.

—¿La educación es el principal problema del país?

—Sin dudas, la educación debe ser una prioridad para lograr un país más productivo y que pueda hacer frente a todas las necesidades de las que hablábamos antes. La educación implica invertir un montón de recursos. Por ejemplo, en nuestro país seguimos teniendo escuelas y liceos de doble turno, en lugar de un turno y con más horas de clase, con un involucramiento mayor del estudiante con el centro. Modificar la educación lleva mucho dinero, y en este período de gobierno, donde se puso la transformación educativa como objetivo, veo en la rendición de cuentas que no aparecen nuevas partidas y las autoridades de la educación negocian en el parlamento. Hay que estar dispuesto para hacer inversiones que seguramente no den rédito a corto plazo, pero es necesario hacerlas. Junto con este tema, la recapacitación de los trabajadores pensando en las nuevas demandas del mercado laboral.
El otro gran desafío es el financiamiento de los partidos políticos, un asunto central…

—¿Por qué lo considera así?

—Primero, miremos alrededor y veamos lo que está pasando en Ecuador, lo que ocurre en buena parte de América Latina. El narcotráfico ganó terreno y la posibilidad de que canalice sus recursos en el sistema político es una gran amenaza, ya lo estamos viendo. Por otro lado, hay cuestiones vinculadas con la regulación y el lobby, donde los grupos de poder colaboran con la campaña y pueden generar compromisos. No es un tema menor. Tenemos una mala ley de financiamiento de los partidos políticos y una reforma que está estancada. Una ley que además, no se cumple, porque la Corte Electoral no tiene ninguna capacidad de hacerla cumplir. Entonces, no sabemos quién pone el dinero para las campañas.

Juan Manuel Ramos. El País

—En otro orden, ¿Cómo podemos incidir en los precios del retail, que parecen reflejar sobrecostos altos?     

—Hay problemas de escala, que tienen incidencia. Un mercado chico, lejos de los centros de actividad económica. Pero además de eso, hay una larga lista de pendientes a analizar. Uno de esos temas es el de los importadores exclusivos; muy relevante y que queda en evidencia cuando comparamos algunos rubros y vemos la inexplicable diferencia de precios con otros países en la región. Quizás la Comisión de Competencia, que tiene la potestad para hacerlo, debería analizar esto y determinar si hay alguna práctica que no es óptima.
Por otra parte, hay un conjunto de problemas administrativos, de burocracia y regulación. Hay trámites que se deben hacer para comercializar un producto, por ejemplo, en cada departamento del país por separado, cuando podría simplificarse con un solo trámite. Después está el poder de mercado del retail en sí mismo, evaluar el grado de concentración y cuáles son las reglas de juego. También tenemos, creo, un déficit con las compras electrónicas, donde estamos relativamente poco avanzados en relación con otros países, con un cuello de botella en la logística y distribución.

—La normativa sobre defensa de la competencia, ¿funciona satisfactoriamente en Uruguay?

—Creo que se ha avanzado mucho desde el año 2000 a estos días, pero hay varios debes. Primero, de autonomía; la comisión funciona bajo la órbita del Ministerio de Economía, lo que puede plantear conflictos de interés. Un caso reciente es de la concesión a TCP en el puerto de Montevideo, donde el gobierno hizo un acuerdo y desde Defensa de la Competencia el tema no se investigó como quizás hubiera sido correcto. Darle autonomía es un tema pendiente. Después, hay un problema de capacidades, hay que darle posibilidades técnicas para que se cuente con los recursos humanos necesarios para desarrollar su tarea. Eso es presupuesto, fundamentalmente. También es necesario agilizar procesos; algunas empresas advierten que cualquier proceso de fusión o adquisición demanda mucho dinero para llevarlo a cabo. Hay un conjunto de aspectos para mejorar y que fortalecerían la defensa de la competencia, en beneficio de los ciudadanos.

—En cuanto al mundo del trabajo, ¿la productividad debería ser parte de la negociación colectiva? 

—Es necesario avanzar en ese ámbito, sí. Hay experiencias para tomar en cuenta, como en algunas empresas públicas o lo que ocurre en FNC, por ejemplo. También es cierto que no es sencillo medirlo, por lo tanto, lo primero que debemos hacer es definir un sistema de medida de la productividad. La negociación colectiva por rama, que puede ser valiosa para otros aspectos, es complicada para la productividad, porque no puede igualar a todas las empresas de una rama, cuando muchas veces se trata de sectores muy heterogéneos.
Y con una gran desconfianza entre los actores. Intentemos, antes que nada, confeccionar un sistema de medición, porque de lo contrario no vamos a avanzar. Capaz que hay que pensar en una agencia independiente, por ejemplo, el Fondo de Reconversión Laboral, un ámbito con participación de empresarios, trabajadores y el Estado donde se establezcan determinados indicadores que sean de referencia.

—¿Y en esta discusión de la productividad, se puede introducir la reducción de la jornada laboral?

—Entiendo que es complicado dar ese debate ahora. Vamos primero a aumentar la productividad, sigamos por ahora pensando en una jornada de trabajo que quizás sea un poco más larga, pero pongamos recursos en mejorar la educación, la seguridad, reducir la desigualdad, probablemente en el largo plazo eso nos otorgue más beneficios y capaz que podamos llegar a ese objetivo que a todos nos gusta, que es decir trabajamos más flexibles y menos horas.