OPINIÓN

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En estos días, el panorama internacional estuvo sacudido por una intensa ronda de reuniones entre gobiernos de máximo nivel. Nos referimos a la reunión del G20 en Roma y la posterior sobre cambio climático (COP26) en Glasgow. Ambos hechos indican que las cosas están volviendo a la normalidad de siempre, después del episodio traumático de la pandemia. Pero esto no es sinónimo de resultados efectivos, dada la experiencia histórica emanada de estos eventos. Sino más bien, son posturas sobre temas específicos impulsados por el tono político imperante en los países líderes del mundo desarrollado.

Empezando por el G20, su fin primordial es resaltar algún punto relevante de la agenda internacional venidera. En el pasado, sus preocupaciones estaban centradas al menos en dos temas fundamentales. Por un lado, las causas de las crisis financieras globales y su forma de prevenirlas. Por otro, la facilitación del comercio como forma de potenciar el crecimiento. En un nivel subsidiario, pero con fuerza creciente, figuraban temas referidos a la pobreza extrema y al cambio climático. En esta oportunidad, esto último se convirtió en uno de los ejes centrales de su comunicado, como hecho preparatorio a la Conferencia (COP26) sobre medio ambiente celebrada posteriormente en Glasgow.

Sin restarle importancia al tema, el episodio muestra un cambio de prioridades en la agenda política a escala global, en este caso liderada por la administración Biden. Su enfoque está basado en aplicar incentivos y nuevos marcos regulatorios para rebajar de manera ambiciosa la huella de carbono y la emisión de metano, en fechas tan cercanas como el 2030 en una primera etapa, para su compensación total en el 2050. Lo interesante no es tan solo el número creciente de adeptos a este enfoque respecto a instancias anteriores, sino la relevancia de algunos inesperados, como China y Arabia Saudita, que unen al concierto fiel en estos temas del continente europeo.

El punto no es menor, pues marca el resurgimiento de la dimensión ambiental como elemento central del debate internacional, que tendrá sin dudas, consecuencias sobre el devenir económico de los países en desarrollo como el nuestro.

Es un tema complejo, pues se trata de compensar o evitar una externalidad negativa con impacto global, que se genera por una decisión que busca un beneficio privado para un individuo, comunidad o país.

Es un tema largamente estudiado por la teoría económica, que propone una batería de instrumentos, entre ellos la aplicación de impuestos a las actividades contaminantes junto al otorgamiento de subsidios a quienes hacen lo contrario.

Es a partir de aquí donde empiezan las dificultades para equilibrar el péndulo compensatorio, pues se arranca de un punto de partida que no es parejo.

Tomemos el caso de la deforestación para realizar agricultura que daña el medio ambiente: con el nuevo marco regulatorio que se propone se fijan límites hasta la prohibición de deforestar que recaen, en su mayoría, en los países en desarrollo. Brasil es el caso relevante. Si existe acuerdo que eso es necesario para la salud ambiental del planeta, entonces toda su población debe pagar por ese servicio. Pues el país que hace el aporte de oxigenar el planeta no recibe nada a cambio y además, renuncia a ejercer una actividad productiva que lo beneficia. En tanto, el resto del mundo recibe un beneficio gratis, con el agravante de que muchos de sus países, los desarrollados, deforestaron antes para dar lugar a la agricultura, o concentrar actividades industriales contaminantes que vienen desde hace tiempo contribuyendo al cambio climático.

Por tanto, como primer paso, es necesario ir al meollo del asunto, agregándole a la agenda el debate de un sistema de transferencias compensatorias para quienes contribuyen a mejorar el medio ambiente.

Este enfoque obvio, apuntalado por la mejor teoría económica, nunca aparece sobre la mesa en blanco y negro. Pues montar un sistema de transferencias a escala global entre contaminadores y regeneradores netos de la atmósfera no es fácil por sus implicancias técnicas, pero por sobre todas las cosas, políticas. Al respecto, se viene transitando por vías indirectas como la regulación, la aplicación de incentivos crediticios para actividades que cumplan estándares ambientales adecuados incluyendo la emisión de bonos soberanos con tasas más bajas ligados al cumplimiento de estándares ambientales. Sin dudas todo ayuda, pero a mi entender soslaya el punto central del problema.

Entretanto, al margen de las adhesiones flameando banderas ambientalistas, países como China, India y Australia siguen acrecentando la generación de electricidad utilizando carbón. Y el propio presidente Biden encuentra en su país resistencias políticas para desestimular su uso. A su vez, países como Uruguay, generadores de créditos ambientales por su masa creciente de árboles y pasturas, tienen dificultados para cotizarlos adecuadamente, pues no hay un mercado desarrollado y transparente para transarlos a nivel global. Pero en cambio está siendo observados por entidades internacionales, localizadas generalmente en los países desarrollados, por la emisión de metano de uno de sus principales rubros de exportación: la ganadería.

Indudablemente, entramos en una fase nueva del acontecer mundial donde la dimensión ambiental debe encararse con seriedad por sus implicancias sobre el crecimiento, incluyendo la aparición de posibles trabas. Debemos movernos con presteza y realismo, en una agenda que comanda el mundo desarrollado, alimentada por grupos cada vez más influyentes en el plano doméstico.

Creo que el foco debe centrarse en facilitar mecanismos que penalicen a quien contamina y compensen a quienes aportan a la mejora del medio ambiente. Lo otro pertenece al mundo de las declaraciones.