Opinión

En el lanzamiento de la zafra de arroz de esta año, el Ministro de Ganadería realizó en Treinta y Tres una serie de afirmaciones que recoge la prensa y llaman la atención.

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El Ministro afirmó, por ejemplo, que el sector arrocero está en la agenda (del gobierno), que no sólo está preocupado, sino que está ocupado. Señaló también que el gobierno “trabajó mucho pero no hemos podido dar respuesta a todo lo que ustedes nos plantearon, algunas cosas sí y otras cosas no…” Finalmente recordó algunas medidas tomadas tales como: “la rebaja de la energía eléctrica para los regantes y para la industria, se renovó por un año más la devolución del IVA a los productores que tributan por Imeba, también se concretó la apertura del mercado a México para el arroz con cáscara”… Asimismo en una actitud digna, reconoció que los números no cierran, lo que aunque es obvio, destaca el valor de decirlo en ese momento y en ese lugar.

Ganancias de Ancap. La situación es igual a la de los lecheros, a quienes los números tampoco cierran, recogiendo de parte del gobierno un tipo de atención análoga de medidas homeopáticas, cuya magnitud no representa casi nada. Por ejemplo, todas esas rebajas de la energía eléctrica y de movimientos en el Imeba, no superan en la práctica los 2 millones de dólares en un año. Pienso que la forma de evaluar un gobierno, nacional o departamental, no tiene nada que ver con cuantificar cuanto ayuda a un sector concreto, pero a muchos le interesa. En mi opinión, el éxito depende mucho más que de repartir recursos, del respeto a reglas generales e invariables, de la atención a los grandes equilibrios de la economía y de la sociedad, de su atención al costo global del país, al cuidado de las condiciones de competitividad. Es en estos temas en los que cabe la crítica de arroceros, lecheros y muchos más.

Precisamente por lo anterior es que resultan tan chocantes dos noticias que evidencian la incomprensión del gobierno frente a estos problemas. La primera consistió en la celebración de Ancap de sus más de 80 millones de dólares de resultado. Francamente, es raro que se celebre un balance en el que lo más importante es la venta de combustibles a precios fuera de competencia internacional y en régimen de monopolio. Ambos sectores, el arrocero y el lechero, que son grandes usuarios de gasoil que pagan a precios de los más altos del mundo, no pueden haber recibido esta noticia sino como una bofetada, más allá de la buena intención del organismo de no reiterar el horror de haber perdido más de 800 millones de dólares que la sociedad debió transferir hace muy poco tiempo.

Empleo público crece más. Pero hay otra cifra menos conocida, que refiere a una de las peores herencias que dejará esta administración: la evolución del gasto público. Fue difundido en efecto el número final de empleados públicos al 31 de diciembre de 2017: son 4016 más, manteniéndose de esta manera el promedio de aumento que se registra desde el año 2005, cuando eran 231.000, hasta ahora que son 310.126. No se sabe cuántos más habrán sido en 2018, y no me quiero imaginar en el 2019 preelectoral. El costo salarial anual de esos 4 mil nuevos empleados, se puede estimar en cerca de 72 millones de dólares. Es éste precisamente el número a comparar con los montos de las ayudas. Este número sirve para justipreciar cuánto vale para el gobierno un sector productivo, en comparación con su gran política social que ha sido precisamente ésta, contratar más empleados, presionando así al gasto y a su contracara ineludible, los impuestos.

A aquella cifra de 310 mil empleados hay que sumar los que revistan en lo que es un atajo para contratar empleados públicos, como son las personas de derecho público no estatal, o las sociedades mixtas con participación mayoritaria del Estado o de algún Ente. En 2017, este contingente era de 9.353 funcionarios (fuente: ONSC). Es decir que el total de funcionarios públicos, incluyendo los que se llaman funcionarios no públicos (contratados y otros), más el contingente de las personas de derecho público no estatal y de sociedades mixtas con participación pública mayoritaria, es exactamente 319.479. Esta es la cifra de cierre de 2017.

Es con este trasfondo de la evolución creciente de vínculos con el Estado —que bate todos los récords—, que se puede analizar la cuantía de una ayuda si a alguien le parece que lo que suma méritos a un gobierno son las ayudas directas. Yo creo que eso no es lo más relevante. Lo es mucho más, para el sector arrocero o lechero —o cualquier otro, agropecuario o no— el sistema de reglas de una administración, su estabilidad, o el cuidado de los grandes equilibrios, como se refirió. Por ejemplo, ¿por qué Ancap tiene hoy 2.500 funcionarios y tenía 2.000 en 2005? Quizás hay alguna razón, pero vale la pena saberlo.

Repartir 2 millones de dólares por parte del gobierno o cualquier intendencia, responde a una idea equivocada pero muy extendida que supone que es mejor el gobierno que da más. Así crece el Estado central, las intendencias, todo. Yo prefiero un estado mínimo pero fuerte, capaz de generar reglas estables y hacerlas cumplir, pero dejando un espacio cada vez más grande a la propia gente, a los privados, para que hagan las cosas: y el Estado a cooperar, a veces a coordinar, nunca a sustituir.

Por todo lo anterior, para los arroceros y los lecheros sería mucho más importante que a partir de un Estado austero la presión fiscal fuera menor, el combustible valiera lo que pagan por él nuestros competidores, que los funcionarios públicos no fueran más que los de hace pocos años, que las tarifas no estuvieran incididas por la ineficiencia o las apetencias políticas, que la educación generara más ciudadanía, que la infraestructura fuera diferente, etc. Entretanto, esas ayudas que no cambian nada sustancial, aunque recogen una cierta buena voluntad, es válido compararlas con otras, como el resultado de Ancap, como la política de empleo público, y sacar conclusiones. Pero lo que hay que lograr que cambie, más allá de medidas de corto plazo de 2 millones de dólares, es el enfoque de país exportador, de país productivo; vaya paradoja. De un lado el crecimiento del empleo público, de la presión fiscal, del endeudamiento; del otro el país exportador, el país del trabajo, de los negocios, del aire libre. Hay que optar.